El ministerio de Economía estableció las sanciones con una resolución publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, cuando las transportistas del AMBA y la UTA mantienen una reunión clave para evitar una nueva medida de fuerza.
A dos dias de que venza el plazo fijado por el sindicato para evitar una nueva medida de fuerza, la negociación entre las empresas de colectivos del AMBA y la UTA sigue sin una resolución, y la posibilidad de un paro a definir este viernes se mantiene latente.
Incluso, en ese contexto, poco antes de senarse a discutir una vez más con los choferes, los transportistas reiteraron que no están en condiciones de cumplir con las demanda de los trabajadores, mientras que desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires salieron a decir que la responsabilidad de que puedan atender el pedido depende de una decisión del Gobierno nacional vinculada al giro de fondos por subsidios.
En ese contexto, desde este jueves rige una resolución del Ministerio de Economía que establece sanciones económicas para las empresas que incurran en incumplimientos en la prestación del servicio.
Así, lo determina la resolución 212/2024 que entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de este miércoles, y que lleva la rúbrica del ministro Luis Caputo.
En caso de que la afectación en las frecuencias de los colectivos sea por razones que exceden a la empresa, la Secretaría de Transporte les dará un plazo de 20 días para su descargo.
De esta manera, las transportistas que por no acatar los compromisos previamente acordados en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo pertenecientes a la actividad interrumpan o suspendan los servicios, perderán una parte de los montos de compensación tarifaria que les corresponda.
“Se deducirá a partir del primer pago o asignación a efectuarse en forma posterior a que se produzca la novedad, por cada día de suspensión o interrupción de los servicios, el equivalente a un treintavo (1/30) de los montos de las compensaciones que corresponda percibir a cada destinataria, en virtud del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU)”, señala la normativa.
Según el texto, se considerará que existe suspensión o interrupción cuando los servicios públicos de transporte automotor, sean prestados por debajo de la frecuencia mínima establecida en sus respectivos permisos de operación, de acuerdo con lo verificado e informado a la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios.
En caso de que la afectación en las frecuencias de los colectivos sea por razones que exceden a la compañía o no se relacionen con incumplimientos de esta, la Secretaría de Transporte dispondrá de un plazo de 20 días para que la firma realice su descargo. En ese período, la prestadora del servicio deberá acreditar plenamente los sucesos y la prueba se ponderará con criterio restrictivo.
Por otro lado, “si se recibieran denuncias referidas al incumplimiento de las retenciones de cuota sindical, la situación será informada al Ministerio de Capital Humano, sin importar pérdida de las compensaciones para la empresa denunciada”.
“En caso de no presentarse el descargo aludido, o que, a criterio de la Secretaría de Transporte, no se encuentre justificada la reducción de las frecuencias mínimas autorizadas mediante el permiso de explotación, podrá aplicarse un descuento en el monto correspondiente a las compensaciones tarifarias en el marco del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y en la asignación del cupo de gasoil, ajustado a la real prestación de los servicios”, detalla la resolución.
La resolución llega como un intento del Gobierno de evitar interrupciones del servicio que considera «imprescindible» como la que ocurrió con el paro de choferes del 11 de abril, cuando más de 300 líneas de colectivos no funcionaron durante 24 horas.
Reunión para evitar otro paro de colectivos del AMBA
A las 13 de este jueves hay una nueva reunión paritaria entre las cámaras empresarias y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con la mediación de la Secretaría de Trabajo, para intentar destrabar la negociación salarial.
Los choferes de colectivos reclaman una diferencia de remuneraciones de $250.000 y las compañías aseguran que, si no media un aumento de la partida de subsidios o una suba del precio del boleto, las empresas empezarán a ajustar con despidos de personal y reducción en la cantidad de servicios.
Ante la amenaza latente de un paro para este viernes 26 de abril, las cámaras que operan las líneas de colectivo del AMBA y el sindicato que conduce Roberto Fernández se sentarán a discutir una vez más, para intentar encauzar una situación que ya lleva al menos un mes sin acuerdos.
Dos semanas atrás, una seguidilla de encuentros de este tipo y aún durante la medida de fuerza, no alcanzaron para evitar el paro de 24 horas de la UTA con alto acatamiento, en el que las únicas líneas que funcionaron normalmente fueron las del Grupo Dota.
Tras la medida de fuerza, el sindicato advirtió que “se establece como último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas, hasta el día 25 de abril del corriente, fecha a partir de la cual, si no se encontraran acreditadas, se retomara la retención de tareas”.
En los días siguientes, el gobierno multó a las empresas que, por el paro, no prestaron servicio. Ahora, dispuso formalmente el mecanismo para hacerlo a futuro. Y que antes de sentarse a discutir este miércoles con los representantes sindicales, reiteraron que no pueden afrontar las demandas, con lo cual la nueva huelga de choferes parece cada vez más cerca.
