El Gobierno de la Ciudad había pautado el segundo de los tres incrementos escalonadas para esa fecha, pero una jueza hizo lugar a una cautelar y ordenó «readecuar los cuadros tarifarios con incrementos más moderados».
El fuero Contencioso Administrativo y Tributario dispuso la suspensión del aumento del subte que iba a aplicar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el sábado 1° de junio.
Tras una cautelar presentada por dirigentes del Frente de Izquierda (FIT), la Justicia porteña dictaminó «hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender los efectos de la resolución 5/SBASE/24«.
El cuadro tarifario aprobado por la Ciudadad preveía la aplicación de un aumento del 13% a partir del 1° de junio.
Asimismo, la jueza Elena Amanda Liberatori, le ordenó a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) que presente en un plazo máximo de cinco días una readecuación de las tarifas. En caso contrario, postergará los incrementos en el boleto de manera total y retrotraerá el valor a lo que costaba el viaje hasta mediados de mayo: 145 pesos.
La suspensión «entrará en vigencia a partir del quinto día de notificada la presente y se extenderá hasta el 10 de julio de 2024 inclusive, fecha en que se volverá a evaluar la situación», señala la instrucción de Liberatori.
De ese modo, el pasaje de subte mantendrá vigente el valor actual de $574, siempre que la Ciudad cumpla en el plazo estipulado para la nueva presentación exigida por la Justicia.
La jueza le dio luz verde a una cautelar presentada por la presidenta del FIT, Myriam Bregman, y la legisladora porteña del mismo partido Alejandrina Barri, quienes calificaron el aumento de «ilegal y fraudulento».
El primer tramo de ese ajuste se aplicó el viernes 17 de mayo y luego de varias postergaciones, ya que inicialmente se había pautado para marzo, el precio del pasaje dio un primer salto del 359%.
En ese marco, la presentación del partido de izquierda detalla una serie de gastos injustificados de la empresa EMOVA, concesionaria del servicio, no relacionados con la operación del subte, como publicidad, formación de directivos, estadías no especificadas, alquileres de vehículos y otros costos administrativos.
El esquema de aumento del pasaje publicado en el Boletín Oficial era escalonado y estipulaba dos incrementos más.
El primero iba a ejecutarse a partir del 1° de junio, cuando el boleto de subte pasaría a costar 650 pesos, mientras que en agosto saltaría a 757 pesos.
En este marco, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes primarios y secundarios continúan viajando gratis, mientras que la tarifa social y los descuentos por pasajero frecuente siguen vigentes.
¿Qué pasará con el aumento del subte?
El 16 de mayo la jueza Liberatori levantó una medida precautelar presentada por Bregman y Barri y autorizó a la empresa a aplicar los valores que actualmente rigen en la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente el valor del subte pasó de 125 pesos a 574.
El cuadro tarifario aprobado por la Ciudadad preveía la aplicación de un nuevo aumento a partir del 1° de junio. De concretarse, el valor de la tarifa sería de $650 para el Subte y $227,5 para el Premetro, mientras que para el tercer tramo se establecía una tarifa diferenciada por SUBE sin nominalizar.
De esta manera, aquellos que en agostyo tuvieran la tarjeta registrada, pasarían a pagar $757 el Subte y $264,95 el Premetro. De lo contrario, abonarían $859,07 y $300,67, respectivamente.
Asimismo, se mantendrían los beneficios por utilizar medios de transportes combinados y los jubilados, menores y con certificados especiales seguirían viajando gratis.
Sin embargo, debido a la medida judicial dispuesta este lunes, la compañía tiene cinco días para presentar el nuevo esquema. Si no lo hace, deberá suspender los incrementos que estaban estipulados para los próximos meses.
“Durante el plazo de 5 días hábiles administrativos previsto en el punto anterior, SBASE deberá presentar en autos una readecuación de la tarifa al usuario que adopte los criterios de tarifa justa y razonable establecidos en la Ley 4472″, concluye la orden.
El desenlace, de todos modos, sigue abierto, ya que desde el Gobierno porteño anticiparon la apelación del fallo y sostienen que la Justicia está interviniendo en las políticas tarifarias de la Ciudad, un terreno que es facultad del Poder Ejecutivo.
