Argentina salió a responder una nueva ofensiva de los fondos demandantes en Nueva York, reforzó su conducta procesal y advirtió que la estrategia apunta a sumar presión política y financiera en medio de la apelación por la estatización.
El juicio por la estatización de YPF volvió a sumar tensión en los tribunales de Estados Unidos. Esta vez, a partir del pedido de desacato presentado por los demandantes con respaldo del fondo Burford Capital, al que el Estado argentino respondió con dureza.
La defensa oficial rechazó las acusaciones, sostuvo que cumplió con todas las obligaciones impuestas por la corte y denunció que se trata de una maniobra de “hostigamiento procesal” orientada a obstaculizar la recuperación económica del país.
Para el Gobierno, el pedido de desacato no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de presión destinada a condicionar la defensa del país y a reforzar el peso financiero de una sentencia que aún está lejos de quedar firme.
La contestación fue presentada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que actúa como representante legal del Estado en el litigio vinculado a YPF.
Allí, la Argentina afirmó haber cumplido “plena y ampliamente” con el proceso de discovery, el mecanismo judicial mediante el cual las partes deben intercambiar información relevante para el caso.
La respuesta oficial y el foco en Burford
En su presentación, la defensa no solo rechazó el pedido de desacato, sino que apuntó directamente contra el fondo Burford Capital, al que calificó como el impulsor de una estrategia abusiva.
Según el escrito, la moción presentada ante la jueza constituye “el intento más reciente del financiador de litigios de hostigar a la República mediante solicitudes intrusivas y desproporcionadas”, con el objetivo explícito de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina.
El Estado detalló que, durante el proceso de discovery, ya entregó más de 113.000 páginas de documentación y permitió el testimonio de diversos funcionarios y exfuncionarios.
En ese marco, sostuvo que las exigencias adicionales planteadas por los demandantes carecen de sustento y buscan extender artificialmente el conflicto.
La solicitud de desacato fue presentada la semana pasada ante la jueza Loretta Preska, a cargo del caso en primera instancia. Allí, los abogados de Petersen y Eton Park acusaron a la Argentina de incumplir órdenes judiciales vinculadas a la entrega de correos electrónicos y otras comunicaciones oficiales.
El contexto judicial que rodea el conflicto
Desde la Procuración del Tesoro subrayaron que esta ofensiva debe leerse a la luz de una serie de avances recientes que, según el Gobierno, deterioraron la posición procesal de Burford.
Entre ellos mencionaron la audiencia de apelación contra la sentencia que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que suspendió la orden de entrega de las acciones de YPF y el respaldo explícito de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países a la postura argentina.
También destacaron el rechazo de la justicia irlandesa al reconocimiento de la sentencia dictada en Nueva York, un punto que fue celebrado por el Gobierno como un límite a la estrategia de los fondos de extender el alcance internacional del fallo.
Pese al tono crítico de la respuesta, el Estado confirmó que continuará cumpliendo con el proceso de discovery en los términos establecidos por el tribunal.
Además, informó que el pedido de desacato será contestado formalmente conforme al cronograma vigente, con un descargo previsto para el 19 de febrero.
Qué reclaman los demandantes y qué está en juego
El pedido de desacato presentado por Petersen y Eton Park busca que la Argentina sea declarada en incumplimiento y eventualmente sancionada por la corte.
El argumento central es que el país no habría entregado en tiempo y forma toda la documentación requerida, lo que —según los fondos— habilitaría la aplicación de multas, presunciones adversas o medidas disciplinarias.
La ofensiva se inscribe en el marco del fallo de primera instancia dictado en 2023, cuando Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses por la estatización de YPF.
El Gobierno considera esa sentencia errónea y sostiene que el proceso de apelación en curso es el eje central de su estrategia judicial.
En paralelo, los demandantes avanzan con una línea aún más agresiva: buscan demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como “alter ego” del Estado.
De prosperar esa tesis, se abriría la puerta a eventuales embargos sobre activos de esas entidades para ejecutar la sentencia. La Argentina rechaza de plano esa interpretación y denuncia un intento de vulnerar la inmunidad soberana.
