Oficializó la constitución de cuatro sociedades anónimas que llevan el nombre de las centrales hidroeléctricas y tienen como accionistas a las estatales Enarsa y Nucleoléctrica. Desconcierto en las provincias.
El Gobierno tomó una decisión trascendente respecto al futuro manejo de las represas del Comahue, al crear cuatro sociedades anónimas con capital perteneciente a dos organismos nacionales y excluyendo a las provincias de Neuquén y Río Negro, que reclaman participación en las decisiones.
Las compañías que por ahora están en poder del Estado tienen el propósito de explotar y vender la energía generada en las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, recursos naturales sobre los que los gobernadores intentan hacer valer los derechos provinciales consagrados en la Constitución, hasta ahora sin éxito.
En el Boletín Oficial de la Nación se publicó el lunes la conformación de cuatro sociedades anónimas que llevan el nombre de los complejos: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
“Es una falta de previsibilidad para con las provincias que no fueron convocadas. La concesión vence el 11 de agosto y no se comunicó ni se anticipó para qué fueron creadas estas empresas. Esto genera incertidumbre en todos los empleados, en los inversores y las provincias”.
Rubén Etcheverry, ministro de Infraestructura de Neuquén
El 20 de mayo, el Gobierno había extendido hasta el 11 de agosto los contratos de las represas del Comahue, ubicadas en los ríos Neuquén y Limay, marcando la quinta renovación desde el vencimiento de las concesiones otorgadas en los 90, en agosto de 2023.
Sin embargo, en esa ocasión, tras una reunión con funcionarios provinciales en Energía, desde el Gobierno se anunció que involucrarían en las negociaciones sobre el futuro de las represas a los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
No obstante, esto todavía no ocurrió, y esta última movida del Gobierno ahora causó desconcierto en las provincias. Los funcionarios neuquinos, incluso, ya salieron a reaccionar públicamente ante esta decisión de la administración central.
El ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, expresó que “es una falta de previsibilidad para con las provincias que no fueron convocadas. La concesión vence el 11 de agosto y no se comunicó ni se anticipó para qué fueron creadas estas empresas. Esto genera incertidumbre en todos los empleados, en los inversores y las provincias”.
El ministro también recordó que “tanto el gobernador Figueroa como Weretilneck han trabajado en conjunto y coinciden en la necesidad de una mesa de diálogo donde acordar todas las cuestiones anexas y conexas que tienen que ver con las concesiones, con la postura de defender a las provincias y sus recursos”.
Sociedades anonimas y posible reprivatización
Los socios fundadores de cada una de las nuevas empresas son Energía Argentina (es Enarsa), con 15.300.000 acciones clase A y 14.100.000 acciones clase B, y Nucleoeléctrica Argentina, con 600.000 acciones clase C. Las sociedades se han constituido con una duración de 40 años.
El propósito principal de estas nuevas entidades es la producción y comercialización de energía eléctrica a través de los complejos hidroeléctricos ubicados en los ríos Neuquén y Limay.
Además, se dedicarán a la planificación, desarrollo, ejecución, operación y mantenimiento de obras y elementos complementarios necesarios para la generación de energía hidroeléctrica.
En su constitución, también se estableció que estas empresas podrán ofrecer servicios de asesoramiento, operación, mantenimiento y comercialización de insumos y subproductos relacionados con la generación de energía eléctrica.
Asimismo, está prevista la posibilidad de participar en otras sociedades dentro del sector energético, siempre con la autorización previa del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Nada se sabe sobre la posible venta de acciones de estas flamantes sociedades anónimas, en lo que sería una futura privatización parcial o total.
El Gobierno, de hecho, había anticipado en una de las extensiones de las concesiones actuales que pasarían «provisoriamente» al Estado hasta tanto se definiera y llevara adelante un nuevo proceso para concesionarlas a privados.
Desde Neuquén y Rio Negro esperaban que, en ese recorrido, hubiera espacio para sentarse a negociar algún tipo de participación de las provincias, gestión que ya venián realizando con el gobierno anterior, hasta que todo quedó en veremos ante el traspaso de mando que se dio en diciembre, tras las elecciones presidenciales.
Críticas del gobierno neuquino
“Hace 30 años que sabemos que se iban a vencer y no tenemos un camino por parte del Estado Nacional para saber qué van a hacer con esas concesiones,” recalcó Etcheverry.
También añadió que el gobernador Figueroa “siempre ha bregado por la participación de las provincias en la administración de las represas que están en nuestros ríos y por la apertura de la mesa diálogo que todavía no ha sido convocada para tratar este tema”.
“La gente no sabe si se queda sin trabajo o no el 11 de agosto, porque ya no hay posibilidad más de prórroga y no ha habido comunicación de Nación. No hay definición sobre qué van a hacer, más allá de que han dicho que las van a privatizar,” señaló Etcheverry.
“Sorpresivamente sale la creación de cuatro empresas con los nombres de las represas,” indicó el ministro neuquino y remarcó que tanto ENARSA como Nucleoeléctrica Argentina “no tienen ninguna capacidad, ningún historial, ni antecedentes para manejar represas hidroeléctricas”.
Además, añadió que “aunque sea un periodo corto, es un tema muy complejo”.
“Esto no hace más que empeorar la situación y generar más incertidumbre con estas cuatro resoluciones, que lo único que hacen es crear cuatro empresas sin decir para qué”, agregó.
Un canon por el uso del agua en las represas del Comahue
Las provincias de Neuquén y Río Negro avanzan decididamente hacia el cobro de un canon por el uso del agua de los ríos de su territorio en la generación de electricidad de las represas del Comahue, a partir de dos proyectos que ya tienen aval legislativo.
La iniciativa deberá ser reglamentada por los gobernadores.
Los diputados de Neuquén aprobaron el 23 de mayo en general la iniciativa que establece un canon por el uso del recurso hídrico que las empresas hidroeléctricas emplean para generar energía.
Aunque el texto de la norma pone un tope de 0,50 centavos de dólar al cobro sobre el metro cúbico de agua utilizada para generar energía, el proyecto evita hacer más referencias a la tarifa, para «dejarle al Ejecutivo margen de negociación», según se explicó.
El proyecto especifica que será responsabilidad de la Subsecretaría de Recursos Hídricos determinar el monto definitivo que deben pagar las empresas. Además, en las áreas de la cuenca compartidas con la provincia de Río Negro, Neuquén solo podrá recibir el 50% del valor estipulado.
El proyecto tiene similitudes con una ley aprobada en Río Negro, aunque con una diferencia clave: “Allí el cobro del canon se calcula con el valor de la factura, mientras que nosotros lo calcularemos con el metro cúbico de agua”, destacó la diputada provincial por el MPN, Cielubi Obreque.
