Afirman que los retrasos se traducen en la pérdida de inversiones. El reclamo se da días después de que autoridades gubernamentales e YPF anuncien que la ley de GNL se enviaría al Congreso antes que el proyecto del hidrógeno.
La provincia de Chubut es una de las grandes potencias energéticas del país y el sector empresario busca aprovechar las oportunidades que ofrece. En ese marco, la Federación Empresaria de Chubut (FECh) insiste con que se traten las propuestas para darle al hidrógeno un marco regulatorio que les brinde previsibilidad a las firmas interesadas en invertir.
La FECh plantea la solicitud considerando que la región es propicia para el desarrollo de energías renovables, caber recordar que la provincia alberga los parques eólicos más grandes del país y los estudios de la zona señalan que el impacto del viento permitiría avanzar con la transformación sustentable. El cuestionamiento se da un día después de que las autoridades del gobierno e YPF adelantaran que la ley de GNL se presentará antes que la de hidrógeno.
Ante esta situación, los privados advierten que la postergación de las iniciativas relacionadas al recurso repercute en la llegada de inversiones para la provincia. Esto provoca una ausencia de oportunidades para desarrollar el hidrógeno y el consecuente malestar de las empresas del sector.
Al respecto, Carlos Lorenzo, presidente de la federación, aseguró que “La Patagonia tiene que ponerse de pie y vamos a exigir en todos los estamentos públicos y privados para que estas leyes avancen porque el mundo ya está mirando para la Patagonia al igual que ocurrió con Vaca Muerta y las reservas de hidrocarburos no convencionales”.
Por eso, instó al parlamento patagónico a impulsar el debate para que cada jurisdicción pueda tener legislación propia, e indicó: “allí deberán establecerse las metas de energías renovables, objetivos de producción, abastecimiento local y exportación del hidrógeno”.
De qué trata el proyecto de ley de economía del hidrógeno
El proyecto está avanzado, aunque aún no hay fecha para su envío al Congreso. La propuesta el Poder Ejecutivo contempla un régimen por un plazo de 30 años que incluye al hidrógeno producido por renovables, gas natural y energía nuclear, con una integración mínima de contenido nacional de hasta el 50% de las iniciativas.
Una vez presentado, el documento le dará un nuevo marco normativo al recurso cuya última ley (N° 26123) fue promulgada en 2006 y ya venció su plazo de ejecución. La nueva legislación espera promover el hidrógeno de bajas emisiones de carbono para contribuir con la descarbonización de la matriz energética del país.
En cuanto a los beneficios impositivos, el proyecto plantea la devolución anticipada del IVA, amortización acelerada del impuesto de las ganancias, compensación de quebranto de ganancias. deducción de la carga financiera del pasivo de cada una de las iniciativas y la exención de impuestos sobre la distribución de dividendos y utilidades.
“La Patagonia tiene que ponerse de pie y vamos a exigir en todos los estamentos públicos y privados para que estas leyes avancen porque el mundo ya está mirando para la Patagonia al igual que ocurrió con Vaca Muerta y las reservas de hidrocarburos no convencionales”.
Por otra parte, la propuesta busca atraer nuevas inversiones para mejorar el aspecto infraestructural de la producción. La idea es emplear los capitales para conformar una planta de generación de H2 de bajas emisiones de carbono, plantas electrolizadoras alimentadas por energía renovable y nuclear, centrales productoras de vectores de hidrógeno, y obras para la obtención, procesamiento, almacenaje y despacho del recurso.
Asimismo, el proyecto obligará a las productoras a contar con un porcentaje mínimo de contenido nacional: desde 35% a partir de la entrada en vigor de la ley hasta el quinto año, 45% del sexto al décimo año y del 50% en adelante. Es decir que a las energías renovables se les pedirá mayor equipamiento local que a aquellas plantas que generen a través del gas natural (20, 30 y 40%) y de la energía nuclear (30, 40 y 50%).
Por último, la iniciativa estipula que todo emprendimiento en base a la electrólisis tendrá que construir su propia infraestructura de transporte eléctrico y no podrá utilizar al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Pero aquellas instalaciones industriales de producción de derivados sí podrán contratar energía no fósil como cualquier gran usuario.
