A un mes del accidente en Palermo, fueron desplazados los presidentes de Capital Humano y del área de Cargas, que respondían al ex jefe de gabinete Nicolás Posse. Se trata de la segunda reconfiguración jerárquica de la estatal en los últimos seis meses.
Un día después de que se formalizó por decreto la “Emergencia Ferroviaria”, desde Nación ordenaron un recambio de autoridades en dos empresas clave de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE).
Se trata de dos hombres que arribaron al puesto con el nuevo Gobierno, más precisamente de la mano del ahora ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Y que se retiran tras una corta gestión.
De este modo, fueron destituidos Patricio Gilligan, el presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) y de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), y el titular de Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL), Sergio Basich. Por el momento no se informó quiénes serían sus reemplazantes.
La salida del titular de FASE y DECAHF y el de Trenes Argentinos Cargas estaría ligada a la ruptura en la relación con Nicolás Posse, el ex Jefe de Gabinete Nacional.
Al mismo tiempo, fue formalmente aceptada la renuncia de Mauricio Gómez Botto, quien estaba a cargo de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado -que incluye a Trenes Argentinos y otras estatales de transporte-, reemplazado por Diego Chaer, hasta ahora a cargo de los medios públicos.
En los primeros meses de su gestión, el gobierno libertario había demorado el armado de la cúpula de Trenes Argentinos, lo que provocó demoras en obras y pérdida de frecuencias, entre otras dificultades. Y es una situación que aún hoy, con la situación crítica de los trenes que llevó a declarar la emergencia, sigue sin terminar de regularizarse.
De hecho, hay dependencias que continúan acéfalas, como la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE), organismo a cargo de la ejecución de obras ferroviarias con financiamiento internacional.
El área no tiene una administración definida desde el cambio de Gobierno y la falta de interlocutores genera desconcierto entre los organismos internacionales y aún entre las empresas contratistas del Estado, mientras los proyectos de obras a cargo del área continúan paralizados.
La pelea con Nioclás Posse, detrás de los cambios en Trenes Argentinos
Si bien el accidente ocurrido en Palermo el mes pasado agitó las aguas del sector ferroviario, la salida de Gilligan y Basich estaría más ligada a la ruptura en la relación con Nicolás Posse. De eso se desprende que Luis Adrián Luque, presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y hombre cercano a Santiago Caputo seguirá en el cargo.
Gilligan recién fue nombrado al frente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) y de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) en abril.
Su experiencia previa en el sector se había dado con su ingresó al Ministerio de Transporte de la Nación durante la gestión de Guillermo Dietrich, en el Gobierno de Muricio Macri. Allí se desempeñó en áreas administrativas y portuarias.
Basich, por su parte, fue el primero en desembarcar en la ferroviaria, dos meses más tarde del recambio gubernamental. Desde febrero, el ex CEO de América estuvo al mando de Trenes Argentinos Cargas. En tanto, Marcelo Krajzelman, al frente de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), por ahora mantendría el cargo.
La Ley Bases, otro paso hacia la privatización
Tras semanas de negociación, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de “Ley Bases”, que comprende entre otras disposiciones la declaración de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL) como sujetas a “privatización o concesión”.
Si bien el proyecto debe volver a Diputados, todo indica que no se le realizarán modificaciones sustanciales y la Ley será aprobada. En ese marco, las dos operadoras ferroviarias estatales quedarán legalmente preparadas para la concesión de los servicios al sector privado, repitiendo el modelo de la década de 1990.
Vale remarcar que la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos sancionada en 2015, no impide la participación de operadores privados en el sistema ferroviario –de hecho, la prevé, en un régimen de acceso abierto–, pero establece el principio de administración estatal indelegable de la infraestructura y de los sistemas de control de circulación de trenes.
