Dejó sin efecto varios artículos vinculados a la promoción de la generación distribuida. Mientras la minería y los hidrocarburos fueron catalogados como esenciales, en el segmento de las energías se generó incertidumbre.
Si bien la liberación de las exportaciones para hidrocarburos y la remoción del Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos fueron bien recibidas, en el sector de las energías renovables el panorama es distinto.
Tras el anuncio del miércoles, el sector manifestó un fuerte rechazo a la eliminación de beneficios a la generación distribuida.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) establecido por el gobierno de Javier Milei propone una reforma masiva en casi todos los sectores de la actividad productiva. Uno de los rubros con mayores modificaciones fue el energético, que aún se está acomodando al nuevo escenario de cara al 2024.
El DNU y la Ley de Promoción de Energías Renovables
En concreto, los cuestionamientos giran en torno a la derogación de los artículos 16 a 37 de la Ley N° 27.424. De esta manera, se desactivó el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS), los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) y otros instrumentos y beneficios fiscales para aquellos usuarios que optaran por el suministro energético de origen limpio.
En el sector de las renovables no tienen certezas de si la generación distribuida en Argentina quedará paralizada o no.
“Esperábamos que el 2024 fuera el año de la (generación) distribuida. Es incomprensible que se vayan a desactivar los beneficios. Parece una impericia total dejar al Estado sin ninguna herramienta de promoción”, señalaron desde la industria una vez que se conocieron los detalles del decreto presidencia, publicado el jueves en el Boletín Oficial, con más de 300 artículos.
En caso de que se mantenga el DNU, ya no se aplicarán los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, la realización de aportes de capital y adquisición de otros instrumentos financieros destinados a la implementación de sistemas de generación distribuida a partir de fuentes renovables.
“Se desactiva el FODIS de la Ley 27.424 (Generación Distribuida) y los certificados de crédito fiscal. Estoy buscando si hubo recortes en los regímenes de promoción de hidrocarburos/carbón y no encuentro nada. ¿O será eso para la segunda generación? Me parece que no están emparejando la cancha así”, manifestó al respecto el consultor Juan Carlos Villalonga, referente en temas energéticos, reconocido ambientalista y ex diputado nacional entre 2015 y 2019 por la coalición Cambiemos.
En el sector de las renovables no tienen certezas de si la generación distribuida en Argentina quedará paralizada o no. Actualmente, el país tiene 1.555 usuarios – generadores (U/G) y 29,8 MW de capacidad instalada (sumado a otros 14,5 MW de potencia reservada en 583 U/G).
Argentina continuará en el Acuerdo de París
La nueva diplomática del clima, Marcia Levaggi, confirmó que la Argentina seguirá siendo parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático bajo la presidencia de Javier Milei. Levaggi, fue enviada como jefa de la delegación argentina a las conversaciones de la COP 28 de las Naciones Unidas.
La controversia alrededor de si el país continuaría con el cumplimiento de los compromisos ambientales surgió a partir de declaraciones del nuevo presidente en su época de panelista. Sin embargo, la flamante funcionaria descartó la posibilidad de retirarse.
“Milei es liberal, es libertario y cree en las fuerzas del mercado. Y el mercado exige incluir medidas para hacer frente al cambio climático”, destacó Levaggi, antes de remarcar que Argentina buscará las emisiones netas cero para 2050.
Sin embargo, el debate podría recrudecerse a partir de la remoción del régimen que fomenta el uso de las energías renovables. Cabe recordar que, en el Plan Nacional de Energía y de Cambio Climático de 2017 se estipuló que Argentina debía tener más de 23700 U/G al cierre del 2023.
Mientras que el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC) 2022, lanzado en el gobierno de Alberto Fernández, estableció que se instalarán 1000 MW de distribuida hacia la próxima década.
