Vaca Muerta ofrece el insumo gasífero, pero el desarrollo de infraestructura lleva tiempo y exige una fuerte inversión. La red en cada provincia y los distintos proyectos en marcha. La alternativa de una red con energías renovables.
Uno de los grandes desarrollos que vive el país es el aprovechamiento de los recursos gasíferos no convencionales. Una riqueza que Vaca Muerta ofrece en abundancia, pero que requiere de una infraestructura de evacuación y transporte importante que, no sin contratiempos, se viene desarrollando en los últimos años.
Sobre esa base, gobierno y empresas plantean la necesidad de acelerar grandes proyectos de infraestructura pensando en un recurso de exportación que el mundo demanda en un contexto global que entiende al gas como el combustible ideal de la transición energética, por su menor impacto de emisiones respecto de combustibles fósiles y el carbón.
Pero en la Argentina de las paradojas, la construcción de un país gasífero mantiene afuera del sistema a buena parte de la población. Cuatro de cada diez argentinos no tienen gas natural por redes, un recurso indispensable para cualquier hogar, que se reemplaza por la costosa garrafa de Gas Licuado de Petróleo.
Además, hay cuatro provincias argentinas en donde la red de gas es prácticamente inexistente y la cobertura no alcanza al 3% de su población en el mejor de los casos, una inequidad que desde 2015 iba a ser saldada con la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino, una obra de 1.454 kilómetros que está inconclusa.
En todos los grandes proyectos en danza casi no hay mención a la necesidad y oportunidad de asegurar el abastecimiento de millones de argentinos marginados de la red.
De la década del 90, la infraestructura gasífera dejó como legado cinco gasoductos transnacionales que, según los casos, permitirán rápidamente incrementar o retomar las exportaciones a Chile. Algo similar sucede con el Gasoducto a Uruguaiana, que es la puerta de acceso a la exportación a la región industrial del sur del Brasil.
Actualmente también se encuentra en obra la reversión del Gasoducto del Norte, un tendido pensado para traer al centro del país el gas que Bolivia producía en abundancia a comienzos de este siglo, pero que en pocos años deberá comenzar a importar el gas de Vaca Muerta por los mismos ductos.
La gran esperanza del shale gas está puesta en el negocio del Gas Natural Licuado (GNL), un combustible que el mundo demanda de forma creciente: la Argentina quiere meterse en ese mercado millonario que demandará distintas megaobras para monetizar el recurso enterrado en la roca de Vaca Muerta.
Pero en todos los grandes proyectos en danza casi no hay mención a la necesidad y oportunidad de asegurar el abastecimiento de millones de argentinos marginados de la red.
De acuerdo a daros del Indec, el 48,6% de la población –es decir más de 22 millones de personas- vive en hogares en los que se utiliza principalmente la red de gas para cocinar, mientras que otro 43,9% -casi 20,1 millones- utiliza mayormente gas de garrafa, mientras que el resto se divide entre electricidad, gas en tubo, leña y otros combustibles.
En líneas generales, en el sector se destaca que las personas que no poseen gas de red son las de menor poder adquisitivo. En muchos casos, se debe a que en las viviendas precarias no es posible la instalación por cuestiones de seguridad o no tienen el poder adquisitivo suficiente para pagar la conexión interna, aún cuando el caño pasa por la puerta de sus domicilios.
Esto ocurre a pesar de que la Argentina es considerada el país con mayor cobertura de gas de red de la región, con un sistema desarrollado en los años 50, mucho antes que los países vecinos e incluso potencias mundiales.
Las provincias con mayor y menor acceso gasífero
También se observan grandes diferencias entre las distintas provincias que tienen mayor porcentaje de población con acceso a la red pública de gas como, Santa Cruz, con un 78,2; La Pampa (89,7%), Chubut (86%), Neuquén (83,8%), Río Negro (82%) y Tierra del Fuego (81,6%), es decir fundamentalmente en la Patagonia por cuestiones climáticas.
Mientras que en otro extremo, geográfico y estructural, hay distritos como Formosa que tiene una cobertura de apenas el 0,87% de su población con gas de red, y no mucho mejor es la situación en Corrientes (1,1%), Chaco (1,2%) y Misiones (2,5%). En esas cuatro provincias, más del 80% utiliza como fuente de combustibles para cocinar el gas en garrafa.
Precisamente, para llegar a esas provincias es que se diseñó el GNEA, un ducto de 36 pulgadas que se extiende desde la localidad de Campo Durán, en Salta, hasta la planta compresora San Jerónimo, en Santa Fe, pensada originalmente para transportar el fluido que hace una década atrás se producía en abundancia en Bolivia.
Hoy esa construcción cuenta con habilitaciones parciales, pero sobre todo tuvo una amputación grotesca en nombre del saneamiento de las cuentas públicas que, en un rediseño en 2017, dejó de lado a las provincias de Misiones y Corrientes.
El camino para llegar a esas provincias del Litoral parece ser largo. El ya conocido hub de San Jerónimo es la llave para abastecer la demanda que se puede generar en esa región, pero para eso será necesario avanzar con el segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, de unos 530 kilómetros, que tiene ya la ingeniería realizada pero lejos está de su licitación.
En el mejor de los casos, si los grandes gasoductos completaran la cobertura de todo el país, aún restarían inversiones de miles de millones de dólares para lo que se llama la red de última milla, es decir la distribución casa por casa de cientos de localidades que son abastecidas por las empresas de distribución.
Ahí surge un problema de costo-beneficio para las empresas, que no siempre se puede cubrir con tarifas, por más actualizadas que se encuentren, porque las redes de gas implican una gran inversión, que se recupera cuando existen poblaciones compactas, como en las grandes ciudades, pero no si existen poblaciones muy dispersas.
Es así que también que surgen otras opiniones que entienden que no siempre el uso del gas natural es la mejor opción, ya que de acuerdo a las características del lugar o la población pueden ser más eficientes otras alternativas, como las energías renovables o la electricidad. Esa realidad, también pone en duda la aspiración a una cobertura de toda la población en lo que hace a gas natural.
Mundo garrafa
Según la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), unos 20 millones de argentinos utilizan gas en garrafa, lo que representa casi un 45% de la población del país. Y en tiempos de ajustes de tarifas, los incrementos también llegaron a ellas.
Ahí surge un problema de costo-beneficio para las empresas, que no siempre se puede cubrir con tarifas, por más actualizadas que se encuentren, porque las redes de gas implican una gran inversión, que se recupera cuando existen poblaciones compactas, como en las grandes ciudades, pero no si existen poblaciones muy dispersas.
El Programa Hogar de ANSES cubre el 80% de una garrafa de 10 kg por mes, que actualmente cuestan cerca de $15.000. Por lo tanto, se estima que las personas inscriptas al Programa Hogar puedan cobrar entre $10.000 y $12.000 entre los primeros meses del 2024
Se estima en el sector que la cadena de producción se extiende desde una decena de productoras de GLP, con grandes empresas como YPF, PAE, Pluspetrol, Mega, TGS y Raízen, a la que se suman unas 25 fraccionadoras que emplean unas 6000 personas.
El esquema se completa con unas 400 distribuidoras, mayoritariamente pymes, abasteciendo al mercado de 75 millones de garrafas al año para esos 20 millones de usuarios. Pero no solo abarca el servicio a clientes residenciales, sino que también es un recurso presente en sectores comerciales, de servicios y sociales.
