El titular del organismo adujo “motivos personales”, en medio de la difícil situación financiera del organismo por el recorte de gastos del Estado y los problemas para el mantenimiento de los caminos.
Raúl Bertola renunció a su cargo al frente de Vialidad Nacional por «motivos personales», en medio de un recorte de fondos que persiste en el organismo y la falta de recursos para llevar a cabo un plan mínimo de obras en la red vial nacional.
Uno de los nombres que suena para reemplazar a quien fue titular del ente vial de Córdoba durante la gestión de Juan Schiaretti es Marcelo Campoy, administrador del organismo nacional en los últimos meses del gobierno de Carlos Menem.
La renuncia respondería a un desacuerdo con la decisión del Gobierno de transferir varios tramos de rutas nacionales a las provincias para que se hagan cargo del mantenimiento y las mejoras.
El ajuste presupuestario y la paralización de las obras de infraestructura aplicados por el Gobierno han dejado al organismo vial sin capacidad económica para cumplir con varias tareas operativas, según vienen denunciando sus empleados desde principios de año.
Además, Bertola habría estado en desacuerdo con la decisión del Gobierno de transferir varios tramos de rutas nacionales a las provincias, como ocurrió en algunas regiones patagónicas, para que estas se hagan cargo del mantenimiento y las mejoras, descentralizando así los trabajos de la red vial a nivel nacional.
Dos fallos adversos para Vialidad Nacional
Más allá de la dirección que debe tomar la gestión, Vialidad Nacional suma problemas ya que debe enfrentar dos fallos judiciales recientes.
En primer lugar, el Juzgado Federal de Bariloche determinó que el organismo no cumplió con su obligación de mantener en condiciones seguras la ruta 40, entre esa ciudad y El Bolsón, otro destino turístico muy solicitado de Río Negro.
El fallo ordena la reparación inmediata de los puntos más críticos de la ruta, además de la instalación de señalización adecuada y otras medidas de seguridad vial.
El juez destacó que «el estado actual de la ruta representa un riesgo significativo para los usuarios y afecta la prestación de servicios esenciales en la región».
En segundo lugar, el Juzgado Civil y Comercial de Resistencia (Chaco) aceptó una medida cautelar y ordenó que no se apliquen los últimos aumentos en las tarifas de peaje aprobados por las autoridades nacionales en las estaciones de Makallé, en la Ruta Nacional 176, y en el ingreso al puente interprovincial General Belgrano.
En abril, se había autorizado un aumento del 200%, elevando el peaje en ambas estaciones de $300 a $900.
El fallo anuló este aumento y determinó que debía implementarse «un procedimiento participativo de audiencia pública para asegurar la efectiva participación de todos los ciudadanos, garantizando la accesibilidad y la transparencia en la fijación de tarifas de peaje».
Sin aumento de presupuesto
A comienzos de año, desde Vialidad solicitaron una partida presupuestaria de $730.000 millones para realizar las obras más urgentes de arreglo y mantenimiento de las rutas bajo su jurisdicción.
Sin embargo, la administración nacional mantuvo el mismo presupuesto de 2023, asignando solo $475.000 millones, una cifra insuficiente para cubrir las tareas esenciales relacionadas con la seguridad vial y el mantenimiento de las rutas.
Además, el Ministerio de Economía decidió reducir al mínimo las transferencias automáticas que Vialidad venía recibiendo de la recaudación del gravamen a los combustibles y del impuesto PAIS.
Esta disminución de fondos ha dejado al organismo sin los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas clave vinculadas con la seguridad vial y el cuidado de las rutas.
La alternativa que plantean algunas provincias
Ante el freno en la obra pública de Nación y la necesidad de acompañar la actividad en Vaca Muerta, que crece y bate récords mes a mes, la Legislatura de Neuquén aprobó a comienzos de junio la ley que habilita el cobro de peajes para el tránsito en las «rutas del petróleo», de jurisdicción provincial.
La medida tiene como objetivo empezar a resolver los problemas en la infraestructura vial de la provincia y la Cuenca Neuquina, un tema recurrente en la industria, con el objetivo de reducir costos en la actividad hidrocarburífera.
Hace unos meses, el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, junto con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitaron al gobierno de Javier Milei la transferencia de las rutas nacionales N° 22 y 151 para finalizar los tramos pendientes y llevar a cabo nuevas mejoras, ante la parálisis en las obras de la administración nacional.
