El gobierno creará una nueva empresa para gestionar las represas hidroeléctricas del Comahue y a las provincias les preocupa la distribución de la futura renta. Será una subsidiaria que estará a cargo de Enarsa mientras se desarrollan las negociaciones con las gobernaciones provinciales y compañías privadas.
El pasado 21 de abril el Estado Nacional tomo la determinación de no renovar las concesiones de los principales complejos hidroeléctricos del país. Los primeros contratos que vencerán son los vinculados a las plantas del Comahue cuya vigencia termina en agosto, por lo que gestión de esta quedará en manos del gobierno.
En ese sentido, la titular de la cartera energética, Flavia Royón, le ordenará a Enarsa que inicie los trámites de creación de una nueva compañía pública que se hará cargo de las represas hidroeléctricas: Alicurá, El Chocón y Planicie Banderita. La iniciativa es impulsada por el ministerio de Economía que busca negociar tanto con las autoridades de Neuquén y Rio Negro como con el sector privado, para incluirlos en el esquema societario.
El cuestionamiento principal se reduce a que la remuneración de las represas corre por detrás de la inflación y las autoridades de Neuquén y Rio Negro buscan cierta autonomía en la administración de los fondos.
La idea es que la subsidiaria de Enarsa se quede con la propiedad de los activos a partir del 11 de agosto, cuando expiren los contratos de concesión que hasta el momento está en manos de la norteamericana AES, la italiana Enel y Orazul Energy. De esta manera, en una primera instancia el ente regulador de la energía controlará el 100% del capital accionario. Sin embargo, el proyecto generó un conflicto entre las provincias que quieren aumentar el precio de venta de la electricidad, y Nación que busca otras alternativas.
Sin embargo, el proyecto generó un conflicto entre las provincias que quieren aumentar el precio de venta de la electricidad, y Nación que busca otras alternativas. En esa línea, Royón y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, discuten en el plano técnico con Alejandro Monteiro, el ministro de Energía de Neuquén, Andrea Confini, titular del área en Río Negro.
La postura de las provincias
El factor clave gira en torno a la distribución de la futura renta y las provincias presentaron un posicionamiento en común. El cuestionamiento principal se reduce a que la remuneración de las represas corre por detrás de la inflación y las autoridades de Neuquén y Rio Negro buscan cierta autonomía en la administración de los fondos.
Cabe remarcar, que la energía generada en el complejo del Comahue está pesificada y sus ganancias se dan bajo un esquema costo plus que incluye los costos de operación y mantenimiento. Sucede que, según las provincias, el monto que abona la empresa administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, Cammesa, queda desactualizado.
En este marco, el planteo que las gobernaciones de Neuquén y Rio Negro le hicieron a Nación, es el de incrementar la renta de la energía producida por las represas. Esta cuestión es clave, ya que solidificaría gran parte de las agendas de las provincias que incluyen la creación de un canon sobre el uso del agua, el aumento de las regalías hidroeléctricas y la creación de un fondo fiduciario para solventar nuevos desarrollos.
La posición de Nación
Desde el Estado Nacional señalan que la inversión que demandó la construcción de las centrales hidroeléctricas ya fue amortizada. En ese escenario, el planteo oficial es que, al recuperar la concesión, la lógica indica que la remuneración baje lo que se opone a la meta de las provincias. La Secretaría de Energía pretende que la nueva empresa licite la operación y el mantenimiento de las centrales con un contrato a cinco años de plazo.
El problema para Nación es que si la reversión de las concesiones hidroeléctricas conlleva una mejora de los ingresos que generan las centrales, se desembocaría en un encarecimiento del costo de generación de energía que debería replicarse en las tarifas o, en su defecto, en mayores subsidios del Tesoro nacional.
Una alternativa sobre la mesa es que, si se incrementa la remuneración para las represas, los fondos se destinen para financiar la construcción de nuevas centrales o para la renovación de las ya existentes. Las negociaciones están en proceso y aún no hay muchas certezas, sin embargo, debido a la volatilidad del contexto actual, se esperan novedades en el corto plazo.
Sí hay consenso en la forma en que se calculan las regalías hidroeléctricas que cobran las provincias, es probable que el proyecto avance. Una de las modificaciones que están cerca de concretarse es que las regalías se calculen sobre la potencia de las centrales y no sobre la energía generada (un elemento variable), a fin de establecer un flujo estable para las arcas provinciales.
