“Es otro impuesto que se suma a la muy pesada carga que afecta al sector”, criticaron desde las sociedades rurales de una vasta región de la provincia que depende de Puerto Quequén.
Un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires abre un posible conflicto en torno a la actividad portuaria en Necochea.
El fallo habilita a la Municipalidad local a cobrar la denominada «Tasa Vial Solidaria» o «tasa portuaria» para las operaciones de la terminal del Puerto Quequén.
Tras conocerse el incremento en la carga tributaria, desde las Sociedades Rurales del Sudeste Bonaerense emitieron un comunicado expresando su rechazo a la decisión.
La entidad nuclea a 16 asociaciones y sociedades rurales repartidas entre Necochea, Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, General Madariaga, Lobería, Mar del Plata, Benito Juárez, Balcarce, General Alvarado, Tandil, González Chávez, Maipú, Rauch, General Lavalle y San Cayetano.
La Justicia desestimó la impugnación de inconstitucionalidad elevada por los Acopiadores locales.
“De acuerdo con el fallo del tribunal supremo, los usuarios de operaciones del puerto afectados en el pago de la tasa deberían abonar el retroactivo y costas generadas desde la cautelar emitida hasta que hubiera resolución, pero además habilitaría la continuidad de la liquidación del tributo”, cuestiona la misiva.
En esa línea, subrayaron que no hay garantías de que la recaudación se utilice para la mejora y mantenimiento de calles y accesos al puerto, ya que “formalmente no existe la afectación de los recursos que genera”, y todo va a la “caja general del municipio”.
En tanto, Guillermo Sánchez, presidente del Concejo Deliberante local, expresó concretamente la intención ahora de avanzar en la implementación de la tasa, ya que la resolución judicial no solo avala su aplicación, sino que también permite actualizar los montos para su cobro, los cuales “serán destinados al mantenimiento portuario”, prometió.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata había a favor del Municipio de Necochea basándose en una resolución previa de la Suprema Corte de la Provincia, que respaldó la aplicación de esta tasa durante los años 2015 a 2017. Así, la Justicia desestimó la impugnación de inconstitucionalidad elevada por los Acopiadores locales.
Las críticas del campo
Los principales cuestionamientos apuntan que se trata de un “impuesto encubierto” que es abonado por los operadores que exportan vía Quequén, pero que se traslada a los productores, por lo que serían ellos quienes sostendrían el mantenimiento portuario.
“Inmediatamente ese gasto le es liquidado o descontado al productor: es decir, es otro impuesto que se suma a la muy pesada carga que afecta al sector”, puntualizaron desde el sector de producción agrícola de la región.
“Por ejemplo, un productor de General Guido, o de Tandil, con esta tasa, estaría financiando la mala administración de este recurso que absorberá la municipalidad local, sin que redunde en ninguna mejora logística clara”, argumentaron.
Además, destacan la falta de consulta previa con los sectores afectados y la necesidad de una administración más eficiente de los recursos públicos.
“En momentos en que debieran racionalizarse los gastos y hacer eficientes las gestiones municipales, provinciales y nacionales para que redunde en más producción y, en este caso, lograr un puerto que pueda incrementar sus movimientos desde cada vez más lejos, se pretende ahogar con más cargos a quienes desde 250 o 300 kilómetros podrían exportar sus granos y generar riqueza por sí misma en la terminal”, agrega la carta.
El comunicado concluye anunciando que este tema será tratado en profundidad durante la próxima reunión mensual de Zona 6 de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), donde se evaluarán acciones para elevar estos reclamos a las autoridades correspondientes y buscar una revisión de la decisión judicial.
