Se realizaron operativos en la casa central y en tres sucursales de la compañía de suministro eléctrico. La causa la lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak de La Plata.
La Justicia ordenó el allanamiento de las oficinas de Edesur a raíz de la interrupción del suministro eléctrico que el 10 de febrero pasado afectó al sur del conurbano. Desde la distribuidora comunicaron que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, les indicó que cortaran la distribución por seguridad, pero las autoridades de Cammesa negaron esa información.
La causa comenzó a investigarse a partir de una denuncia de Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, luego de un corte en varios puntos de la zona Sur de la provincia bonaerense que dejó sin servicio a 180 mil usuarios. En esa línea, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó que se realicen allanamientos en oficinas de la empresa de distribución eléctrica.
El allanamiento se suma a la cautelar de prohibición de salida del país de los principales directivos de Edesur.
Los operativos se llevaron a cabo en las sucursales que ubican en Ezeiza, Lomas de Zamora, Monte Grande y en la casa central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La orden del juzgado indica la búsqueda de pruebas físicas e informáticas de comunicaciones que la Cammesa tuvo con Edesur en relación con el incumplimiento del suministro eléctrico en varias partes de la provincia.
El fallo fue firmado por los jueces Ernesto Kreplak y Alberto Frezzini, quienes facultaron a la División de Investigaciones Antifraudes de la Policía Federal a poder ingresar por la fuerza de ser necesario, a las oficinas de la distribuidora de las direcciones: French 525, Ezeiza; Las Heras 273, Monte Grande; Hipólito Yrigoyen 9071, Lomas de Zamora, y San José 190, ciudad de Buenos Aires.
Cabe señalar que Kreplak interviene en este caso como subrogante del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora y la fiscal de la causa es Cecilia Incardona. Por otro lado, los magistrados le solicitaron al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) el marco normativo de la concesión de la cual es titular Edesur para la prestación del servicio.
Además, pidieron que se realice un informe explicando los roles y funciones de las empresas Cammesa, SACME, Edenor S.A., Edesur S.A. y el grupo EneL, propietario de Edesur dentro de la provisión del servicio eléctrico.
Asimismo, la Justicia exigió información sobre las multas y planes de obra que se impusieron a estas empresas en el último periodo. Los datos deben incluir los motivos de los proyectos, si se realizaron o no, razones del incumplimiento, también pidieron informes sobre las auditorías que se realizaron y el total de usuarios afectados y daños provocados al día de la fecha por los cortes de suministro iniciados a principios de este año.
Por otro lado, le solicitaron a la Inspección General de Justicia la copia del estatuto societario de Edesur y ENEL SPA, con detalles sobre sus autoridades actuales y anteriores. Y finalmente, a la Secretaría de Energía de la Nación, le exigieron una copia del contrato de concesión suscripto entre esa Secretaría y la empresa Edesur S.A.
La situación de la compañía energética es bastante delicada ya que, el allanamiento se suma a la cautelar de prohibición de salida del país para los principales directivos de Edesur, impulsada por el interventor del ente regulador, Walter Domingo Martello. La medida se enmarca en la causa iniciada la semana pasada por presunta defraudación, entorpecimiento de los servicios públicos y abandono de persona. Esa denuncia quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, en los tribunales de Comodoro Py.
