Mientras una parte del sector manifestó consenso con la apertura que propone el Gobierno, persisten las dudas de los pequeños productores: «Es nuestra sentencia de muerte», reiteran.
El enorme paquete de medidas que componen el proyecto de Ley Omnibus incluye un capítulo dedicado a los biocombustibles. El oficialismo impulsó profundos cambios en la ley 27.640, que fueron bien recibidos por las Cámaras empresarias del bioetanol, aunque las PyMes conservan algunos reparos y se oponen a la apertura total, a la que ven como «una sentencia de muerte» para su actividad.
Durante el plenario de Comisiones, donde desde la segunda semana de enero se debaten los distintos artículos de la mega iniciativa “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, los representantes del sector expusieron su postura respecto a la propuesta del gobierno.
En su mayoría, coincidieron en que las modificaciones en materia de liberalización del mercado beneficiarán al rubro.
Las cámaras sugirieron establecer medidas de competencia vía licitaciones públicas y transparentes, antes de liberar los precios.
“Es un proyecto superador: desregula, elimina arbitrariedad y discrecionalidad y abre un panorama de crecimiento que generará al menos 1.500 millones de dólares de inversión en los próximos años”, señala un comunicado elaborado por el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz y la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen.
Sin embargo, las entidades realizaron varias recomendaciones que consideran claves para potenciar el desarrollo de la actividad. La más destacada, es la de preservar la “participación equilibrada por materia prima en la mezcla obligatoria del 12% de bioetanol con naftas y licitaciones separadas, que reflejen las particularidades de los ciclos productivos de caña de azúcar y maíz”.
Asimismo, sugirieron establecer medidas de competencia vía licitaciones públicas y transparentes, antes de liberar los precios.
Otra modificación que consideran importante respecto al texto original es la de que las petroleras puedan ingresar al negocio una vez que el corte llegue al 18% y no que tengan un acceso inmediato.
Por último, mientras que en una primera instancia se propuso que los biocombustibles paguen los mismos impuestos que las naftas, los privados solicitaron que se mantenga la desgravación del ICL y del ICO2, por motivos ambientales.
“Si los cambios propuestos se concretan, lograremos un gran paso adelante para el país, ya que se trata de un proyecto federal, que apunta al desarrollo de las provincias, industrializador, incrementar el agregado de valor al maíz y a la caña de azúcar y promover la descarbonización del transporte, acorde con las metas comprometidas por Argentina en las cumbres climáticas internacionales”, concluyeron las cámaras de bioetanol.
Las pymes de biocombustibles, con dudas
Si bien gran parte del sector se mostró a favor del proyecto de Ley, desde la Cámara de pequeñas empresas de biodiesel de Santa Fe (CASFER), elevaron algunos reclamos. Principalmente, se solicitó que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, convoque a todas las partes implicadas en el mercado del biocombustible para consensuar una política común.
Así lo confirmó el vicepresidente de la entidad Marcelo Kusznierz en diálogo con el medio Surtidores. En esa línea, el directivo puntualizó que todavía resta asegurar un horizonte de sustentabilidad a las pequeñas empresas, aunque se mostró a favor de asegurar el corte del biodiesel al 10%.
Por su parte, Tomás Lorda, titular de la CEPREB, organismo que aglutina PyMES de biodiésel, puso reparos sobre la veracidad de las nuevas versiones de Ley Omnibus, con modificaciones posteriores al proyecto original que se difundieron la semana pasada luego de las quejas del sector e incluso la preocupación al respecto de varios gobernadores.
“Tenemos el certificado de defunción firmado”, aseveró haciendo referencia a que la ley que hasta ahora regulaba el mercado del biodiésel contemplaba que las plantas de tamaño pequeño están diseminadas por todo el interior del país y -a su entender- la nueva legislación favorece a los grandes monopolios de la actividad.
Por último, Victor Castro, el presidente de CARBIO, entidad que representa a las grandes compañías, defendió la liberalización del mercado y señaló que “el marco regulatorio actual es retrógrado, lo que puso a la Argentina entre los países con más bajo nivel de bio en los combustibles”.
“El mundo tiene políticas de Estado con cortes crecientes y con libre competencia, al contrario de la Argentina que limitó las inversiones y dejó fuera del mercado interno a las plantas exportadoras”, completó.
