Si bien la tensión bilateral no cede, el desacuerdo energético parece resuelto mientras el debate por el cobro del peaje en la Hidrovía se centra ahora en el costo y las obras realizadas. El juego político y las visiones de cada lado.
El cobro del peaje en el tramo norte de la Hidrovía, que va desde Santa Fe hasta el punto denominado Confluencia –cerca de Resistencia, en Chaco- escaló fuertemente la tensión bilateral entre Argentina y Paraguay.
Mientras Argentina asegura que realizó una serie de obras durante años por las cuales no recibió la correspondiente contraprestación económica de los usuarios, Paraguay –con una de las flotas fluviales más grandes del mundo y principal usuario de la vía- desconoció la potestad argentina al cobro.
La situación escaló aún más tras un viaje de funcionarios argentinos al país vecino, y se sumó una disputa energética.
Como revancha por los embargos a buques paraguayos en Argentina, el presidente de Paraguay Santiago Peña ordenó el retiro del 50% de la generación eléctrica de la represa binacional de Yacyretá.
La medida, tomada sin aviso previo, se dio además en una forma peligrosa, sin la preparación de ambos estados al nuevo escenario.
A eso se sumaron episodios posteriores, como la retención en la frontera de camiones con gasoil que viajaban de Argentina a Paraguay, la declaración de un legislador paraguayo sobre “ir a la guerra” y hasta un poco claro episodio donde un oficial militar del país vecino fue detenido por Prefectura Naval argentina cuando participaba de una maniobra de contrabando.
Todo se mezcló en el conflicto bilateral que, mientras tanto, siguió sus caminos políticos y diplomáticos.
En ese campo, la cancillería de Paraguay sacó ventaja en el estudio de las problemáticas y la búsqueda de apoyos en el resto de la región, ante lo que en el sector consideraron titubeos e indefiniciones por parte de las autoridades del Palacio San Martín.
Hidrovía, bajo la lupa técnica
Mientras el cobro de 1,47 dólares por TRN (la capacidad de carga de cada buque) transportado en el tramo Confluencia-Santa Fe de la Hidrovía registró algunos avances en el campo discursivo hacia el lado argentino, el aspecto político sigue en ámbitos internacionales.
Tras meses de debate cruzado, la discusión se institucionalizó en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía.
En ese ámbito continuarán los reclamos de Paraguay para determinar si la medida se ajusta a derecho o, por el contrario, Argentina cumplió con todas las normas exigibles en la materia legislativa al establecer el nuevo monto del peaje –que había sido definido en 2010, cuando se amplió el límite de la Hidrovía argentina, pero con valor 0 mientras se estudiaban los costos reales–.
La cancillería de Paraguay sacó ventaja en el estudio de las problemáticas y la búsqueda de apoyos en el resto de la región, ante lo que en el sector consideraron titubeos e indefiniciones por parte de las autoridades del Palacio San Martín.
En el plano discursivo, los altos funcionarios de Paraguay abocados al tema –desde el presidente Santiago Peña a los distintos ministros y responsables portuarios– dejaron de hablar de un cobro ilegal y pusieron el foco sobre las obras efectivamente realizadas por Argentina y el costo, por ende, reclamable en carácter de retribución de las mismas.
A nivel legal, Argentina enmarca el conflicto en el artículo 9 del Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía Paraguay-Paraná (conocido como el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra), que establece la posibilidad de definir una “tasa retributiva” por las obras realizadas en un tramo de uso compartido, siempre y cuando las mismas puedan ser demostradas.
En ese punto, los técnicos del Ministerio de Transporte y la empresa estatal a cargo de la gestión de la Hidrovía aseguran contar con argumentos sólidos y registros documentales que sostienen lo realizado.
Allí enumeran obras como la radarización de la Hidrovía, el aporte de datos públicos –es decir, sin costo- en los portales oficiales que ayudan a la navegación (como información sobre profundidades, corrientes y sus variaciones a diario, entre otros), los constantes estudios sobre el estado del río y otras obras indirectas pero con impacto cuantificable.
Especialmente la readecuación del Puente General Manuel Belgrano –que une Chaco y Corrientes-. Años atrás, una barcaza paraguaya chocó contra el puente y se hundió parcilamente.
A raíz del accidente, la navegación en la zona se hizo especialmente dificultosa: cada convoy de barcazas –por lo general, un remolcador “empuja” distintas barcazas con carga, en un estilo de transporte similar al de una locomotora y los vagones de un tren– debía desarmarse y pasar de a uno, para luego rearmarse tras cruzar el puente.
Ahora, con una fuerte inversión estatal se reparó ese puente y se despejaron los restos, además de adecuar las pilas de defensa del mismo, lo que generó un fuerte ahorro en tiempo –y, por ende, costos- para las barcazas paraguayas que vienen o van al norte.
Días atrás, también se logró reunir a gremios y representantes del sector privado (como la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados) quienes cerraron filas para defender el cobro del peaje –los privados, con un pero sobre el monto, que consideran excesivo- y las obras encaradas por el estado argentino.
A eso se sumó la conformación de una mesa técnica regional, donde representantes de todos los países y los técnicos argentinos intercambian datos y proyectos sobre la gestión en el tramo norte de la Hidrovía.
Ahora, trascendió que las partes acordaron una tregua hasta diciembre, donde habrá intercambio de información técnica para discutir el monto del peaje. Mientras tanto, Argentina no reclamaría judicialmente por los incumplimientos de los pagos, por lo que no habrá nuevos embargos de naves.
Un punto intermedio entre la postura de Paraguay –que buscaba directamente que se suspenda la facturación mientras dure la discusión- y nuestro país, que exigía los pagos y amenazaba con una nueva lluvia de embargos judiciales.
En la segunda mitad de octubre los informes empezaron a presentarse. Primero fue un encuentro en Montevideo, Uruguay, el martes 17, que será seguido por una segunda jornada a realizarse en Argentina, posiblemente en alguna de las provincias del norte involucradas en el desarrollo de la Hidrovía.
Yacyretá, solución parcial sin ganadores
La decisión del retiro del 50% de la energía que se genera en Yacyretá fue de carácter político y de urgencia. En el terreno económico, sin embargo, la medida implicaba complicaciones para el gobierno de Paraguay.
El país vecino tenía su abastecimiento garantizado en otra represa –compartida con Brasil- por lo que todo el excedente que significaba el retiro de Yacyretá no tenía uso. Una posibilidad era renegociar con Brasil o Bolivia –para venderle ese “extra” más barato- pero no prosperaron.
Entonces Paraguay estaba comprando energía que no necesitaba, lo que sumó presión sobre las tarifas internas. Descartado un aumento para los usuarios, el foco se puso sobre el costo extra que significaba para la empresa estatal de distribución, la Administración Nacional de Electricidad.
El episodio recordó a otro similar que se produjo hace pocos años, cuando también se compró más de lo que se necesitaba. Ese excedente afectó fuertemente el balance de la empresa estatal –ANDE- y generó múltiples denuncias contra los funcionarios a su cargo.
Además, el impacto de la medida no tuvo resultados. Argentina recién necesitaría el suministro normal –cerca del 90% de lo que produce Yacyretá- durante el verano, por lo que no tuvo problemas de abastecimiento en estos meses.
Una vez más hubo cortocircuito político, pero la solución estaba a la vista. Mientras ambos países dejaron trascender un acuerdo económico –el pago de tres cuotas para saldar deudas por parte de la Argentina a Paraguay-, un primer pago parcial elevó nuevamente la tensión, mientras Paraguay reclamaba retrasos en los cobros y funcionarios nacionales desmentían cualquier tipo de acuerdo.
Sin embargo, la economía pudo más que la política. Según se informó oficialmente desde Paraguay, el retiro energético de ese país sobre la generación de Yacyretá estuvo en promedio durante el mes de septiembre cerca de sus registros históricos. Esto es, reconocer que se aplicó una amenaza durante algunas jornadas, pero el costo de concretarla era demasiado alto.
Así, la disputa se mantiene latente en el campo energético, pero sin impacto efectivo.
Desde ambos lados apuestan al recambio gubernamental para una solución definitiva.
