El mercado energético nacional tiene un déficit crónico de inversiones en infraestructura eléctrica que hoy pone en problemas la sustentabilidad técnica del sistema. Las empresas argumentan que existen distorsiones acumuladas en el mercado, producto del empleo a lo largo de muchos años de subsidios que han afectado la eficiencia, competitividad y sostenibilidad del desarrollo del sector.
Esto ha ocasionado problemas que reflejan obsolescencia del parque de generación y de las redes de transporte y distribución. Y es causal de baja calidad de los suministros y de cortes reiterados que afectan los servicios públicos de electricidad y gas natural, e incrementan la vulnerabilidad en los picos de demanda como se vive cada verano en el segmento eléctrico.
El déficit de infraestructura, además, configura una profunda limitación para el desarrollo económico, industrial y social del país, por lo que el Instituto Argentino de la Energía (IAE) lanzó un trabajo con la propuesta de trabajo que incluya un “Plan de Inversiones Eléctricas para el periodo 2026-2036” a cargo del gobierno nacional.
El mercado energético nacional tiene un déficit crónico de inversiones en infraestructura eléctrica que hoy pone en problemas la sustentabilidad técnica del sistema.
Como base de análisis, el IAE planteó en su informe de reciente difusión la necesidad de una Planificación energética nacional como rol esencial indelegable del Estado Nacional, en el que deben definirse prioridades de inversiones, públicas y privadas, para el desarrollo de los sectores hidroeléctrico, nuclear, combustibles, gas natural y energías renovables.
Esas definiciones deben atender tres premisas que consideren proyectos basados en las prioridades y estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental, que prioricen la transición energética, respetando políticas públicas y acuerdos internacionales, y que aseguren la transparencia y competitividad en los mercados, una administración y controles eficientes, con foco en el servicio público, el desarrollo y autoabastecimiento energético.
En el capítulo de política hidroeléctrica, la entidad propone como alternativa más conveniente, licitar la operación y mantenimiento de gestión privada de las centrales otorgadas en concesión en la década del 90 y cuyos contratos comenzaron a vencer en 2023, de “activos productivos del Estado”.
Al mismo tiempo el Estado Nacional, propietario de dichos activos deberá gestionar y garantizar créditos con los bancos multilaterales de fomento y desarrollo como Banco Mundial; BID, CAF, BEI y otras agencias para realizar la extensión de vida útil de estos aprovechamientos abarcando la actualización del equipamiento hidro y electromecánico de sus centrales (revamping) y la adecuación y mantenimiento de sus obras civiles para los próximos 50 años.
El estado general del sistema obliga también a que la Secretaría de Energía de la Nación elabore un “Plan de Inversiones Eléctricas para el periodo 2026-2036”, que deberá ser aprobado por ley del Parlamento Nacional.
Las sugerencias para cada área de generación eléctrica
Según el Instituto, ese plan deberá contemplar nuevas centrales eléctricas para asegurar la eliminación definitiva de los frecuentes cortes de electricidad, y las necesidades del desarrollo futuro de la Argentina; y la ampliación de la red nacional de interconexión de 500 KV y de redes de distribución troncal de 132 kV y 220 kV en las regiones eléctricas incluido el AMBA.
El estado general del sistema obliga también a que la Secretaría de Energía de la Nación elabore un “Plan de Inversiones Eléctricas para el periodo 2026-2036”, que deberá ser aprobado por ley del Parlamento Nacional.
También propone definir sin ambigüedades ni simplificaciones el “Rol de la energía nuclear” en el desarrollo de Energía Eléctrica en el periodo 2030- 2050”, definiciones en las que deben jugar un rol protagónico la Comisión Nacional de Energía Atómica y Nucleoeléctrica Argentina, actual operadora de las centrales nucleares, además de intensificar el desarrollo de generación eléctrica en base a fuentes no convencionales: eólica, solar fotovoltaica, solar térmica biocombustibles, biogás.
En el segmento de distribución eléctrica, el equipo del IAE propició que las empresas distribuidoras de servicios públicos de electricidad en el AMBA (Edesur y Edenor) realicen un estudio coordinado para determinar la inversión necesaria, desagregada por barrios, en redes de distribución de media y baja tensión con el objeto de evitar los cortes reiterados producidos por fallas en las redes.
Se proponen nuevas centrales eléctricas para asegurar la eliminación definitiva de los frecuentes cortes de electricidad, y las necesidades del desarrollo futuro de la Argentina; y la ampliación de la red nacional de interconexión de 500 KV y de redes de distribución troncal de 132 kV y 220 kV
También se plantea que ambas empresas deberán disponer y realizar la contratación anticipada de potencia firme de reserva para hacer frente a eventuales cortes en los días de máximas temperaturas, y evitar escenarios de restricciones como las que se vienen reiterando en los últimos veranos.
Además, se propugna promover la firma de acuerdos de intercambio eléctrico compensado con Brasil que permita recibir en verano excedentes de energía hidroeléctrica brasileña, y en invierno entregar energía termoeléctrica o renovable de similar cuantía hacia el vecino país.
Un capítulo final aborda el rol de la energía solar fotovoltaica que permita instalar energía solar fotovoltaica en puntos seleccionados de la red nacional de interconexión de 500 Kv que cuenten con adecuadas condiciones, así como intensificar el desarrollo de generación distribuida en el sector residencial urbano y en la industria que presente condiciones favorables para ello.
