A pedido de las aerolíneas, la autoridad aeronáutica oficializó una extensión de 90 días para la aplicación de la nueva normativa, fuertemente cuestionada por los pilotos. La decisión busca evitar interrupciones durante un período de alto tráfico aéreo.
En respuesta a las tensiones generadas por la inminente entrada en vigencia del Decreto 378/2025, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) resolvió otorgar una prórroga de 90 días para que las aerolíneas adapten sus aeronaves a las nuevas condiciones técnicas requeridas para el descanso de las tripulaciones.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 402/2025, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a evitar disrupciones operativas durante la temporada alta de invierno. La cuestión había sido advertida por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en la jornada de ayer.
Una vez vencido el plazo adicional de 90 días, la responsabilidad de regularizar las operaciones será de las compañías.
El objetivo es evitar posibles cancelaciones masivas de vuelos producto del poco tiempo de adaptación con el que contaban las operadoras. “La falta de previsibilidad dará lugar a cientos de cancelaciones de vuelos”, había advertido en un comunicado el sindicato de los pilotos, APLA.
Según lo expresado en los considerandos de la resolución, el aplazamiento fue solicitado directamente por las aerolíneas, que manifestaron enfrentar “demoras no previstas” en los procesos de modificación de respaldos de asientos y apoyapiés para permitir el descanso en vuelo del personal de cabina.
Estas adaptaciones son obligatorias bajo la nueva normativa, que busca reforzar los estándares de seguridad operacional mediante un régimen actualizado de gestión de fatiga.
El Decreto 378/2025 toma como referencia la normativa FAR Part 117 de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos. Durante el proceso de consultas previas al dictado del decreto, las aerolíneas participaron activamente, aunque luego señalaron dificultades logísticas y técnicas para cumplir en los plazos inicialmente previstos.
La ANAC consideró estos argumentos y concedió la prórroga “atento al inminente inicio de la temporada alta”, con el objetivo de “optimizar la programación de vuelos y evitar cancelaciones durante el pico de demanda de las vacaciones de invierno”, según consta en la resolución oficial.
La normativa también establece con claridad que, una vez vencido el plazo adicional de 90 días, la responsabilidad de regularizar las operaciones será de las compañías. “Los operadores serán plenamente responsables de las eventuales cancelaciones que provocaría el incumplimiento”, señala el texto.
Desde el punto de vista operativo, la prórroga desactiva por ahora el riesgo de cancelaciones generalizadas durante julio, aunque no resuelve de fondo las diferencias sobre el contenido de la normativa, fuertemente cuestionada por los pilotos, que consideran que modifica de manera inconsulta las condiciones laborales en el sector y además arrastran un prolongado conflicto salarial con el Gobierno.
La ANAC inhabilitó dos aeródromos
En paralelo a la prórroga, la entidad aeronáutica oficializó la inhabilitación de los aeródromos Elizalde (La Plata) y Montecarlo (Misiones) mediante las resoluciones 374/2025 y 377/2025, respectivamente. La medida se basa en inspecciones y análisis satelitales que constataron la ausencia total de infraestructura aeronáutica y la presencia de construcciones ajenas a la actividad aérea.
En el caso de Elizalde, habilitado en 1965, ya existía un proceso de desafección iniciado en 2022, cuando se cedieron más de 293.000 metros cuadrados para proyectos habitacionales. La resolución de ANAC formaliza la baja definitiva y dispone su notificación en los sistemas de información aeronáutica.
Por su parte, el aeródromo Montecarlo, habilitado en 1973 como privado, fue inspeccionado tras un pedido formal. Se detectó falta total de instalaciones operativas y una titularidad inconsistente: aunque el registro señalaba al Aero Club Montecarlo, el predio pertenece a una empresa forestal.
Ambas bajas, firmadas por el titular de ANAC, Oscar Villabona, implican que estos predios dejarán de estar disponibles como opciones para la operación aérea, de acuerdo con las facultades conferidas por el Código Aeronáutico y el Decreto 1770/2007.
