La segunda prórroga del contrato caduca el 30 de noviembre y hay preocupación por la continuidad de 120 trabajadores. Los gremios avisan que si no aparecen soluciones claras habrá medidas de fuerza en la terminal de Quequén.
La concesión de los elevadores de granos en el Puerto de Necochea está cerca de expirar y su futuro es una incógnita. Mientras los privados y la provincia se disputan su gestión, los gremios portuarios preparan asambleas y se declararon en alerta permanente.
“Vemos con preocupación la continuidad laboral de los más de 120 trabajadores y trabajadoras”, manifestaron los sindicatos agrupados en la FEMPINRA (Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina) y los gremios que forman parte de la Mesa Sindical Portuaria en un comunicado de prensa emitido el martes.
Terminal Quequén S.A tiene su concesión vencida desde febrero del 2022, pero sigue trabajando gracias a dos prórrogas.
La misiva se publica un día después de que la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, lanzara un reel en redes sociales en el que abordó la complejidad del proceso y su importancia.
“Si vemos comprometido el trabajo de dichos compañeros. Si tocan a un trabajador portuario, tocan a todos”, advirtieron posteriormente las entidades sindicales vinculadas a la actividad en la terminal bonaerense.
En esa línea, se declararon en ”alerta y en asamblea permanente, atentos a una pronta solución”. En caso de que la situación no se resuelva de manera satisfactoria, no descartan la posibilidad de un paro total de actividades en la terminal portuaria.
Las alternativas en carpeta
Actualmente, Terminal Quequén S.A (actual operadora de los elevadores) tiene la concesión vencida desde febrero del 2022, pero sigue trabajando gracias a dos prórrogas, la última de las cuales vence el próximo 30 de noviembre.
En ese marco, se aguarda el lanzamiento de una nueva convocatoria, que aún no tiene fecha confirmada, para definir quién se hará cargo a partir de diciembre.
En el medio, hubo versiones de que la Provincia barajaba la posibilidad de crear una Junta Provincial de Granos y quedarse con un 30% del acopio. La iniciativa generó el rechazo de las sociedades rurales y desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitieron un comunicado criticando el proyecto y luego desde la gestión bonaerense desmintieron esa posibilidad.
Fue un par de semana después, cuando el ministro de Desarrollo Agropecuario bonaerense, Javier Rodríguez, abordó la polémica y matizó la situación.
El funcionario aseguró que la respuesta de CARBAP se produce por “una interpretación rápida de una lectura de un borrador pero que es una interpretación incorrecta”.
El funcionario señaló que hay un privado que tiene la intención de invertir 25 millones de dólares en el Puerto y busca una concesión de 30 años.
“Cuando haya más inversión va a haber mejora en productividad y reducción de costos para los productores. Es muy importante que haya un proceso licitatorio competitivo”, subrayó Rodríguez.
La postura de la concecionaria del Puerto de Necochea
En contrapartida, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), que junto a entidades de productores, cámaras comerciales y compañías del sector exportador conforman Terminal Quequén S.A., esperan que se renueve la concesión.
En esa línea, el presidente de BCBA, José Martins, aseguró que la empresa “ha gestionado el elevador ex JNG durante 30 años de concesión de manera eficiente, preservando y mejorando el patrimonio, cumpliendo con las normativas fiscales y contribuyendo al desarrollo económico de la localidad de Necochea y el Puerto de Quequén”.
“Hace más de 4 años que le venimos ofreciendo a las autoridades locales y de la Provincia de Buenos Aires inversiones por u$s 25 millones para modernizar y eficientizar la operatoria, a cambio de extender la concesión. Hasta el momento, sólo hemos obtenido promesas incumplidas, dilaciones y tentativos llamados a licitación que nunca se concretan”, cerró Martins
El proceso licitatorio para la concesión del operador debe darse respetando las condiciones en los pliegos y bases que surgen de la ley 23.696 a través del decreto 351/92, en donde se establece el marco regulatorio y la necesidad de efectuar un procedimiento de licitación pública nacional e internacional para el operador de la misma.
