Con Necochea como caso testigo, se sumó una demanda de Lanús contra el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud. La denuncia judicial jaquea la obra más importante de infraestructura del puerto del conurbano bonaerense.
El sistema portuario sigue con atención la nueva disputa entre un municipio y un consorcio de gestión –Dock Sud- por el mantenimiento de las calles cercanas al puerto.
La disputa más encarnizada remite al distrito de Necochea, donde el Concejo Deliberante aprobó en 2024 una Tasa Vial Solidaria que se cobraría a los camiones que salgan del puerto Quequén.
Ahora, por primera vez, el reclamo al Consorcio Portuario llegó desde un municipio lindero al que alberga al puerto. En este caso, el municipio bonaerense de Lanús -el puerto está en Avellaneda- demandó a las empresas que operan en el Puerto de Dock Sud.
En su reclamo, el distrito apuntó contra Exolgan, Loginter, Dapsa, Raizen y otras firmas que forman parte de los concesionarios de uno de los principales puertos de la provincia de Buenos Aires.
El pedido presentado por el Secretario Legal del municipio apunta también contra la obra clave que encara el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud que conduce ahora Mónica Litza: pide frenar la ampliación del puerto, considerando que de concretarse las obras aumentarían el tránsito que recorre la región.
El pedido presentado por el Secretario Legal del municipio apunta también contra la obra clave que encara el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud que conduce ahora Mónica Litza: pide frenar la ampliación del puerto,
Pese a tener un asiento en el Directorio del Consorcio de Gestión (compartido con Quilmes, que también había hecho reclamos por la infraestructura vial), Lanús optó por la vía judicial para el reclamo, que se suma a distintas denuncias contra la conducción de Litza en el puerto, como el desplazamiento del personal de carrera y el bloqueo del contrato de dragado para la ampliación del canal de acceso.
En su descripción, se plantea que el incremento previsto del tránsito pesado hacia y desde la terminal portuaria redundaría en mayores “daños a la infraestructura vial”, considerando que “muchos de los camiones circulan por áreas inundables, aumentando el perjuicio y el gasto de mantenimiento que demanda al municipio”.
El antecedente de Necochea y el caso de Bahía Blanca
También en la provincia de Buenos Aires, Necochea mantiene una larga disputa con las empresas que operan en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén por el mantenimiento vial.
En este caso, el distrito aprobó una Tasa Vial, pero las empresas lo rechazaron y decidieron no pagarlo. El municipio intentó inscribir a las empresas como prestadoras del municipio para poder cobrarles y judicializar el cobro, pero tras dos fallos a favor de Necochea, finalmente las firmas del puerto consiguieron una medida cautelar que les permite no pagar la tasa vial –aduciendo que no hay una contraprestación directa-.
En Bahía Blanca, en tanto, el municipio acordó con las firmas que integran el Polo Petroquímico del Puerto Rosales el pago de una Tasa Solidaria, que el distrito utiliza para obras viales y de infraestructura local.
Santa Fe: el corazón portuario de la agroindustria y la disputa entre provincia y municipios
Con el polo agroindustrial de Rosario como centro neurálgico, el operativo de transporte de la cosecha gruesa desde toda la región (NEA, NOA y Santa Fe) hacia las industrias y puertos rosarinos es materia de planificación que incluye cada año al gobierno nacional, las provincias y los municipios linderos.
Durante los últimos años, varios distritos crearon tasas viales con el mismo argumento que Necochea y Lanús: que los camiones que van hacia y desde los puertos dañan su infraestructura y no dejan nada a cambio.
Sin embargo, desde distintas cámaras empresariales y de transporte consideraron excesivos algunos de los montos, y denunciaron que no se destinaban los recursos percibidos para las reparaciones viales, si no para gastos corrientes de los distritos.
Por ese motivo, solicitaron al gobierno provincial la creación de un impuesto único, que se reparta posteriormente a cada intendencia.
Con un estimado de dos millones de camiones al año pasando por la región, la disputa entre intendentes y el gobierno provincial sobre el reparto de fondos se mantiene vigente.
