La petrolera inició el proceso para desprenderse del 70% de la distribuidora con el Banco Citi como asesor, en un contexto de mejora tarifaria y a la espera del aval de la Procuración del Tesoro para extender su licencia hasta 2047.
YPF puso en marcha el proceso formal para desprenderse de su participación mayoritaria en Metrogas en un contexto marcado por definiciones regulatorias pendientes y una mejora sustancial en las condiciones del negocio de distribución de gas.
A mediados de enero, el directorio de la petrolera estatal autorizó al Banco Citi, entidad que tiene el mandato para liderar la operación, a iniciar contactos con potenciales interesados, aun cuando la extensión de la licencia de la distribuidora continúa bajo análisis de los organismos legales del Estado.
El negocio de Metrogas exhibe hoy un perfil más previsible que en la última década.
La decisión se inscribe en una estrategia de desinversión en activos regulados que no forman parte del núcleo productivo de YPF. En este caso, la compañía controla el 70% del capital accionario de Metrogas a través de la totalidad de las acciones Clase A y una porción relevante de las Clase B.
De acuerdo al medio especializado Econojournal, el banco asesor ya avanzó en la firma de acuerdos de confidencialidad con empresas interesadas, un paso previo indispensable para acceder a la información detallada del activo y a las condiciones preliminares de la venta.
Según fuentes del mercado, el proceso apunta a atraer tanto a grupos locales como a jugadores internacionales sin presencia actual en la Argentina, con la expectativa de ampliar la competencia por la adquisición.
Una empresa “más equilibrada”
Desde la perspectiva financiera, el negocio de Metrogas exhibe hoy un perfil más previsible que en la última década. La Revisión Quinquenal Tarifaria correspondiente al período 2025-2030 recompuso los ingresos de la compañía y permitió estabilizar su estructura económico-financiera tras años afectados por el atraso tarifario y la volatilidad macroeconómica.
En ese escenario, la distribuidora registra ventas anuales superiores a los 800 millones de dólares y un resultado operativo que ronda los 150 millones. El atractivo del activo también se explica por su peso en el mercado: con más de 2,4 millones de usuarios, Metrogas es la distribuidora con mayor cantidad de clientes del país y concentra alrededor del 20% del consumo residencial de gas.
Ese posicionamiento, sumado a un horizonte regulatorio despejado por cinco años, elevó su valuación bursátil a niveles cercanos a los 1.100 millones de dólares, lo que alimenta la expectativa de YPF de obtener más de 700 millones por su participación.
Negociaciones para extender la licencia de Metrogas
En paralelo al proceso de venta, la compañía aguarda una definición clave: la extensión de la licencia de distribución. La Ley Bases habilitó a las licenciatarias del mercado regulado a solicitar prórrogas de hasta 20 años, una posibilidad que ya se materializó en otros segmentos del sistema gasífero.
En el caso de Metrogas, la concesión vigente vence en 2027, por lo que la prórroga hasta 2047 resulta un factor central para consolidar el valor del activo. El trámite, sin embargo, presenta particularidades que exceden el plano técnico, ya que la Procuración del Tesoro debe intervenir para ordenar un expediente atravesado por antecedentes judiciales y compromisos contractuales incumplidos.
Entre ellos se destaca el laudo arbitral obtenido por British Gas en 2011 ante el tribunal de la UNCITRAL, que condenó a la Argentina a pagar 185 millones de dólares por el impacto de la salida de la Convertibilidad sobre los contratos de concesión.
Como parte de las negociaciones posteriores, el Estado acordó que Metrogas incorporara un paquete de inversiones obligatorias por un monto equivalente al resarcimiento reconocido en el arbitraje. Ese esquema quedó desdibujado con los congelamientos tarifarios aplicados hace cuatro años.
Ahora, el equipo jurídico de la Procuración y la Secretaría de Energía trabaja en la regularización de esos antecedentes antes de emitir el aval definitivo. Desde el Gobierno señalan que el objetivo es encuadrar la prórroga en los términos de la normativa vigente, que establece que “las licencias podrán extenderse siempre que se verifique el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de inversión asumidas por las prestatarias”.
