El informe técnico de Lundin confirma el potencial productivo del distrito, mientras comunidades locales cuestionan la falta de empleo y aportes concretos.
La minería atraviesa un boom histórico en la Argentina, con proyecto multimillonarios orientados a la explotación de oro, litio y cobre. Entre las iniciativas que mayor impacto prometen en el sector aparece el Proyecto Vicuña. El desarrollo tiene carácter binacional y es encabezado por dos mineras gigantes, pero no está exento de cuestionamientos.
La semana pasada, Lundin Mining dio a conocer el informe técnico de Vicuña, un documento que consolida la evaluación económica preliminar de la iniciativa. El estudio, fechado el 16 de febrero de 2026 bajo el estándar NI 43-101, oficializa mucho de los datos que ya circularon en los medios y formaliza las etapas en las que se estructura el proyecto.
El Proyecto Vicuña también abrió un frente de cuestionamientos en las comunidades cercanas.
El desarrollo minero abarca dos grandes depósitos: Filo del Sol y Josemaría. Ambos conforman un mismo distrito bajo la órbita de “Vicuña Corp.”, una sociedad integrada en partes iguales por Lundin Mining y BHP.
De acuerdo al documento, en la primera fase el foco se colocará en la construcción de una planta de procesamiento de sulfuros y en el avance del yacimiento Josemaría mediante minería a cielo abierto. La segunda etapa incorporará el potencial de los óxidos lixiviables de Filo del Sol, junto con la instalación de una planta SX/EW para la recuperación de cobre, oro y plata.
En una tercera fase, el proyecto alcanzará su madurez operativa con la expansión de la planta concentradora y el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol. Este tramo incluye inversiones en infraestructura clave, como una planta desalinizadora, sistemas de transporte asociados y un oleoducto para el retorno de pulpa.
Los indicadores productivos proyectados ubican a Vicuña entre los desarrollos con potencial de clase mundial. Durante los primeros25 años completos de operación, se estima una producción anual promedio de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata.
En su punto máximo, el complejo podría superar las 500.000 toneladas anuales de cobre durante una década, acompañado por mayores volúmenes de metales preciosos.
El horizonte de explotación incluye una vida útil inicial de la mina supera los 70 años, con una producción total estimada de 22,3 millones de toneladas de cobre, 37,2 millones de onzas de oro y 763 millones de onzas de plata.
En términos financieros, el estudio proyecta un flujo de caja libre anual promedio de 2.200 millones de dólares durante el primer cuarto de siglo de operación, una vez descontadas las inversiones necesarias para expansión. La estructura de ingresos muestra una fuerte dependencia del cobre, que representaría cerca del 60% del total, seguido por el oro con un 32% y la plata con el 8% restante.
La inversión inicial para la primera etapa se estima en 7.100 millones de dólares, con un período de recuperación de 8,4 años bajo el escenario base. En ese mismo contexto, el proyecto arroja una tasa interna de retorno del 14,8% y un valor actual neto de 9.500 millones de dólares, considerando precios de referencia conservadores para los metales.
Desde la compañía señalaron que la presentación del informe técnico marca un punto de inflexión en la evolución del proyecto, ya que habilita la posibilidad de avanzar hacia una decisión de inversión hacia finales de este año. En paralelo, el plan de trabajo para 2026 incluye el desarrollo de ingeniería de detalle para la primera etapa, la intensificación de tareas preparatorias y mejoras en la infraestructura de acceso.
Tensiones por empleo y control local
El avance del Proyecto Vicuña también abrió un frente de cuestionamientos en las comunidades cercanas por el impacto social del desarrollo minero. En el departamento riojano de General Lamadrid, vecinos protagonizaron un corte de ruta en la zona de El Leoncito para exigir una mayor participación de trabajadores locales en los emprendimientos que operan en la cordillera.
La protesta apuntó directamente contra Vicuña Corp., a la que los manifestantes acusan de no cumplir con compromisos asumidos en materia de contratación de mano de obra local. Según plantearon, pese al despliegue de actividades en los yacimientos de la zona, las oportunidades laborales concretas para los habitantes del departamento siguen sin materializarse.
El reclamo adquiere mayor relevancia si se considera que, en los últimos años, se impulsaron instancias de capacitación orientadas a la minería. Desde el municipio de General Lamadrid indicaron que cerca de un centenar de personas fueron formadas en oficios vinculados a la actividad, aunque ese proceso no tuvo correlato en incorporaciones efectivas dentro del esquema operativo de la empresa.
La situación generó una intervención directa del intendente Luis Orquera, quien se acercó al lugar del corte con el objetivo de canalizar el conflicto y abrir una instancia de diálogo. Sin embargo, el malestar persiste ante la percepción de que otras compañías con presencia en la región sí avanzaron en la integración de trabajadores locales, lo que deja a Vicuña en una posición más expuesta frente a las demandas sociales.
La disputa por el uso de las rutas
A estos cuestionamientos se suman reclamos institucionales. Intendentes de General Lamadrid, Vinchina y Felipe Varela elevaron su preocupación ante el Gobierno provincial por lo que consideran una falta de aportes por parte de la compañía en las zonas donde desarrolla sus actividades.
En particular, señalaron el uso intensivo de rutas locales sin que existan compensaciones acordes al desgaste generado en la infraestructura. En ese sentido, las autoridades advirtieron sobre presuntas irregularidades en materia de permisos y cumplimiento normativo.
Orquera sostuvo que el tránsito pesado vinculado a la actividad minera no contaría con las habilitaciones ambientales correspondientes, lo que introduce un nuevo foco de conflicto en torno al control y la regulación del proyecto.
En este contexto, los jefes comunales remarcaron que su postura no implica un rechazo a la minería como actividad, sino a la forma en que se está llevando adelante. La falta de inclusión de mano de obra local y de participación de PyMEs regionales, junto con los cuestionamientos sobre el cumplimiento de normas, tensiona la relación entre la empresa y las comunidades.
La continuidad del diálogo, advirtieron, dependerá de la presentación de respuestas concretas que reviertan una situación que, por ahora, parece lejos de resolverse.
