A través de un decreto, el Gobierno determinó que ese espacio, creado especialmente por un plazo prefijado, se encarge del proceso para desprenderse de las centrales hidroeléctricas de Nequén y Río Negro. Qué papel les toca a los gobernadores.
El Gobierno introdujo una modificación en la norma que marcaba el primer paso hacia la privatización de las represas del Comahue . Con esta actualización, se suma a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, que trabajará junto a la Secretaría de Energía para llevar adelante el proceso.
Esto fue establecido en el decreto 895/2024, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial y que ajusta el decreto anterior, el 718 del 9 de agosto, incorporando a la Agencia, cuyas atribuciones fueron ampliadas mediante otra norma aprobada 18 días después.
Según el decreto, la Agencia “en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía, llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante» de las empresas que gestionan las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en Neuquén y Río Negro, en el norte de la Patagonia.
En agosto, el Gobierno extendió por un año las concesiones de las represas del Comahue por decreto, y determinó que durante los siguientes seis meses se llevaría a cabo un Concurso Internacional para la venta del paquete accionario mayoritario, actualmente bajo control estatal.
El Gobierno también especificó que la Agencia se encargará de los aspectos legales y normativos vinculados a los proyectos de privatización, ya sea total o parcial, y deberá participar en la elaboración de los pliegos y la documentación necesaria para llevar adelante los procesos de venta.
La Agencia fue creada en julio de este año como una unidad ejecutora temporaria que depende del Ministerio de Economía, con el fin de gestionar el proceso de venta de empresas estatales al sector privado, en el marco de la aprobación de la Ley Bases y la declaración de distintas compañías como «sujetas a privatización».
Los paquetes accionarios de las empresas involucradas son actualmente propiedad de Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) en un 98% y 2%, respectivamente, aunque la operación sigue en manos de las concesionarias que las recibieron en los 90, cuyos contratos ya fueron varias veces extendidos.
En la actualidad, Orazul Energy administra Cerro Colorados, ENEL Generación está a cargo de El Chocón-Arroyito, AES SA gestiona Alicurá, y Central Puerto SA tiene la concesión de Piedra del Águila.
Privatización de las hidroeléctricas: cómo se inició el proceso
El 9 de agosto, el Gobierno extendió por un año las concesiones de las represas del Comahue por decreto, y determinó que durante los siguientes seis meses, se lleve a cabo un Concurso Internacional para la venta del paquete accionario mayoritario, actualmente bajo control estatal.
Paralelamente, a lo largo del año, se establecerá un esquema de distribución de regalías entre las provincias de Río Negro y Neuquén y la Secretaría de Energía.
Así lo estableció mediante el decreto 718/204 que lleva la firma del presidente, Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El artículo 6 indica que “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas estatales creadas recientemente para cada central.
La normativa también ordena a las empresas Enarsa y NASA transferir a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas que serán privatizadas en los próximos seis meses para formalizar el proceso. Si la privatización no se concreta, las acciones retornarán al Estado.
Además, el decreto establece que las concesionarias actuales seguirán operando las hidroeléctricas hasta que se complete el proceso de privatización.
Mesa de trabajo oficial con Neuquén y Río negro
Las provincias de Neuquén y Río Negro vienen reclamando hace tiempo ser parte de las negociaciones sobre la privatización de las represas hidroeléctricas, argumentando que, tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994, ellas son las legítimas dueñas de las aguas de los ríos Limay y Neuquén, ya que dicha reforma federalizó los recursos naturales.
Sin embargo, este reclamo ha generado fricciones con el Gobierno nacional, que cuestiona la validez de esta posición, alegando que las concesiones de las represas se realizaron antes de la reforma constitucional.
Esta semana, el gobernador neuquino Rolando Figueroa confirmó la creación de una mesa de trabajo que discutirá las concesiones sobre los ríos Limay y Neuquén. Durante su visita a Buenos Aires, Figueroa se reunió con el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, para avanzar en este tema.
Además, en otro encuentro llevado a cabo el 13 de agosto en Buenos Aires, Figueroa, junto con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, se reunió con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo.
Tras la reunión, Chirillo declaró que «acordamos que tanto la Secretaría como las provincias participen activamente del diseño del concurso para definir las condiciones del futuro de las represas hidroeléctricas en el río Limay».
