El reciente desenlace de la licitación para la provisión de caños del gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro sacudió los fundamentos del sector industrial. La adjudicación al gigante indio Welspun, que desplazó al fabricante global Tenaris, del Grupo Techint, activó un debate que excede lo comercial para transformarse en una discusión sobre el modelo de desarrollo productivo.
El dato duro es inapelable: la oferta asiática resultó un 40% más económica que la local. Para el consorcio Southern Energy -integrado por PAE, Golar, YPF, Pampa Energía y Harbour-, la prioridad debe ser siempre la eficiencia de costos en un proyecto de GNL que nace con la ambición de competir en las ligas mayores del mercado global.
Sin embargo, detrás de la ecuación económica y los millones de dólares de diferencia, asoma una trama de asimetrías que el país todavía no resolvió.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la decisión como un triunfo de la apertura económica y el respeto a los contratos. Su argumento posee una lógica de hierro: si la Argentina pretende exportar energía a precios competitivos, no puede cargar sus proyectos de infraestructura con sobrecostos del «compre nacional».
El funcionario recordó que la transparencia de las licitaciones es el único activo que garantiza que, en el futuro, otros proveedores internacionales sigan interesados en ofertar en el país.
Para el consorcio Southern Energy, la prioridad debe ser siempre la eficiencia de costos en un proyecto de GNL que nace con la ambición de competir en las ligas mayores del mercado global.
Para el Gobierno, el episodio con Techint funcionó como un caso testigo que puede extenderse a cualquier sector industrual. La supuesta contraoferta de último momento de la firma de Paolo Rocca, intentando igualar el precio indio tras conocer los resultados, chocó contra la pared de la seguridad jurídica.
Alterar el resultado de una compulsa internacional para favorecer al actor local solo hubiera servido para ratificar la imagen de un país que cambia las reglas a mitad del partido.
En ese sentido, la decisión de Southern Energy protegió la credibilidad del sector energético y los intereses de un mega proyecto exportador que compite con el resto del mundo a arancel cero.
Como también lo hará YPF cuando le toque licitar en no muchos meses el gasoducto más grande de la Argentina, un tubo que podría alcanzar las 46 pulgadas de Vaca Muerta a Punta Colorada.
Es que, como bien admitió su presidente y CEO Horacio Marin, aunque prefiere proveedores nacionales, no pagará precios significativamente superiores por tubos u otros insumos.
Y esa afirmación no refleja otra cosa que la decisión entre la viabilidad de un proyecto o su fracaso, ya que el precio lo pone el mercado y hay muchos jugadores en carreras que pugnan por los mismos contratos.
La ingeniería financiera y el pedido de «nivelar la cancha» para las próximas licitaciones de Vaca Muerta
Ahora bien, el análisis corre el riesgo de quedar incompleto si no se profundiza en las razones por las cuales un líder global como Techint quedó fuera de juego en su propio patio, como le puede ocurrir a cualquier otro proveedor local de la industria que se quiera citar.
La diferencia del 40% no respondió necesariamente a una ineficiencia técnica de la planta nacional donde se podrían producir los tubos, sino a las condiciones de entorno que la Argentina impone a sus productores.
Mientras Welspun opera con financiamiento a tasas internacionales y un sistema tributario diseñado para la exportación, la industria nacional arrastra una mochila pesada.
La famosa presión fiscal en cascada -donde tributos como Ingresos Brutos y tasas municipales se acumulan en cada eslabón-, sumada a una logística interna con altos costos , condenan al fabricante local antes de que empiece la subasta.
YPF construirá el mayor gasoducto de la Argentina, y su presidente y CEO Horacio Marin, asevuró que aunque prefiere proveedores nacionales, no pagará precios superiores por tubos u otros insumos.
A esto se añade la asimetría financiera. Competir con «términos de pago flexibles» es una quimera para cualquier empresa radicada en una economía que carece de crédito a largo plazo y estabilidad macroeconómica.
El proveedor indio no solo ofreció tubos más baratos; ofreció una ingeniería financiera que hoy ninguna empresa de la Argentina puede replicar.
El desafío que Vaca Muerta plantea a la política económica es evitar que la formación no convencional se convierta en un mero enclave de exportación de materia prima con insumos y tecnología importados.
Los ejemplos exitosos en el mundo demuestran que el desarrollo de recursos naturales debe servir como plataforma para consolidar una industria de servicios y bienes de alto valor agregado.
Ningún sector industrial de la Argentina pide hoy un proteccionismo ciego o el retorno de leyes de compre nacional que solo encubran ineficiencias. Lo que la industria reclama es una cancha nivelada.
La consigna de salir a competir al mundo carece de sustento sin una reforma profunda que elimine la «aduana interna» de la logística y la asfixia tributaria sobre la cadena de valor.
Si la Argentina aspira a que sus empresas no solo abastezcan la demanda local de Vaca Muerta sino que se transformen en exportadoras de tecnología petrolera, el Estado debe garantizar que producir en el país no sea un castigo.
La pérdida de este contrato frente a India operó como un baño de realidad: la apertura comercial, sin una corrección urgente de la competitividad sistémica, puede terminar en un proceso de desindustrialización donde el país solo aporte el recurso del suelo mientras el desarrollo tecnológico y el empleo calificado llegan desde el otro lado del mundo.
