La Secretaría de Transporte revisó la estructura de costos y definió incentivos tarifarios para colectivos propulsados a GNC y electricidad, en el marco de una reformulación del sistema de compensaciones del SISTAU.
Mientras las alternativas sustentables se expanden en la movilidad urbana, el gobierno revisa la estructura para calcular las compensaciones a las empresas, teniendo en cuenta esta tendencia creciente. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuso una actualización integral del esquema de tarifas de referencia y de las compensaciones que recibe el transporte público automotor.
La idea es adecuar el sistema a la estructura real de costos y a los cambios tecnológicos incorporados en los últimos años. La decisión quedó plasmada en la Resolución 6/2026 y comenzará a regir para las liquidaciones correspondientes a noviembre de 2025 y los períodos siguientes.
Los servicios que operen con colectivos a GNC y eléctricos reciben un reconocimiento adicional en la tarifa teórica de referencia.
La medida se apoya en el marco normativo que desde comienzos de la década de 2000 regula el financiamiento del sector, en particular los mecanismos asociados al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y al fideicomiso destinado a sostener los servicios de pasajeros.
En ese contexto, el Estado nacional continúa transfiriendo recursos presupuestarios para compensar la brecha entre los ingresos tarifarios y los costos de operación de las líneas urbanas y suburbanas, tanto de jurisdicción nacional como del área metropolitana.
Uno de los cambios centrales introducidos por la resolución es la revisión de la metodología utilizada para calcular las tarifas teóricas de referencia.
El nuevo esquema distingue de manera explícita entre costos fijos y variables, incorporando con mayor detalle los componentes vinculados a la operación diaria de los servicios y aquellos asociados a la estructura permanente de las empresas prestatarias.
Según se establece en el texto normativo, “la determinación de tarifas de referencia deberá reflejar de manera objetiva los costos de explotación eficientes, a fin de garantizar la correcta asignación de las compensaciones tarifarias”.
En esa línea, el cálculo considera indicadores de demanda y oferta, como la cantidad de pasajeros transportados por kilómetro y los recorridos efectivamente realizados, con información validada a través del sistema SUBE.
Incentivos de Transporte para los colectivos de menor impacto ambiental
La resolución también introduce un tratamiento diferenciado para las unidades que utilizan tecnologías de propulsión alternativas al gasoil.
A partir de la nueva metodología, los servicios que operen con colectivos a GNC y con unidades eléctricas reciben un reconocimiento adicional en la tarifa teórica de referencia, con incrementos del 30% y del 50%, respectivamente.
Este plus busca contemplar las particularidades de inversión, consumo energético y mantenimiento asociadas a esas tecnologías. En los considerandos se señala que “resulta necesario adecuar la estructura de costos a la composición actual del parque móvil, incorporando parámetros específicos para las distintas fuentes de energía”.
De manera transitoria, algunos valores técnicos toman como referencia los utilizados por la autoridad de transporte de la Ciudad de Buenos Aires, hasta la finalización de estudios propios a nivel nacional.
En paralelo, la norma aprueba un procedimiento actualizado para distribuir las compensaciones tarifarias entre las empresas. El esquema combina variables vinculadas a la demanda, como el reconocimiento por tarifas sociales, con criterios de oferta basados en los kilómetros recorridos y validados, incorporando además factores de estacionalidad que ajustan los montos mes a mes.
El sistema prevé mecanismos de control destinados a desalentar comportamientos ineficientes. En particular, se establece que los kilómetros informados podrán ser ajustados cuando no guarden relación con la cantidad de pasajeros transportados, con el objetivo de evitar desvíos que impacten en la asignación de fondos públicos.
La resolución indica que estos controles apuntan a “preservar la eficiencia operativa y la equidad en la distribución de los recursos”.
