El decreto del Ejecutivo provincial que valida el traspaso a la estatal Terra Ignis requiere validación legislativa, en medio de tensiones políticas y plazos que se acortan. Buscan que se trate este jueves.
Mientras enfrenta un éxodo en la exploración offshore, a Tierra del Fuego se le suma otro problema en el sector de los hidrocarburos. La definición sobre el traspaso de las áreas convencionales que YPF se comprometió a ceder a la empresa provincial Terra Ignis quedó supeditada a una decisión legislativa que todavía no tiene fecha asegurada.
El expediente, enviado por el Ejecutivo local para validar el acuerdo, requiere tratamiento parlamentario para adquirir vigencia, pero las demoras acumuladas en el recinto abrieron un escenario de incertidumbre sobre su continuidad.
«El compromiso de YPF de operar las áreas es hasta el 31 de marzo de 2026”, advirtieron desde el Ejecutivo provincial.
El entendimiento entre el gobernador Gustavo Melella y el presidente de YPF, Horacio Marín, anunciando la cesión de los campos convencionales, daba por sentado que la Legislatura avanzaría antes de fin de año. Pero ese pronóstico no se cumplió. Con apenas un puñado de sesiones realizadas a lo largo de 2025, la Cámara no abordó aún el decreto remitido por el mandatario.
La cuestión es que el tratamiento legislativo es un paso indispensable dentro del proceso administrativo previsto por ambas partes. La sesión pautada para el próximo jueves concentra ahora la expectativa de todos los actores involucrados.
Allí debería definirse si el tema ingresa o no al temario, algo que solo es posible con un mínimo de diez legisladores presentes. A ese requisito formal se suma la necesidad de acordar posiciones con la oposición, cuyo respaldo es determinante para habilitar la autorización que exige la transferencia de las áreas.
La demora podría comprometer los plazos definidos en el convenio y desde la gobernación señalan que “si no se concreta ahora y el tratamiento pasa para marzo, se pone en peligro el traspaso ya que el compromiso de YPF de operar las áreas es hasta el 31 de marzo de 2026”.
El cronograma inicial preveía que la operación de los yacimientos pasara a la empresa fueguina a partir del 1° de enero de 2026, una fecha que ya no estaría garantizada. Las siete áreas incluidas —Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A, B, C, D y E de Tierra del Fuego— conforman el núcleo de la producción convencional de baja escala que la provincia busca reorientar.
Se trata de activos maduros, cuya continuidad requiere inversiones específicas que Terra Ignis pretende canalizar a partir de un esquema de participación con terceros. La falta de consenso parlamentario introdujo una pausa inesperada en un proceso que, de no resolverse antes de fin de año, podría tener consecuencias en la actividad local.
Apoyo sindical al traspaso a Tierra del Fuego
El sindicato de Petróleo y Gas Privado, involucrado en el seguimiento del tema por su impacto laboral, planteó una mirada optimista. Su secretario, Luis Sosa, afirmó que “vendrán tiempos mejores” una vez que la empresa provincial tome el control y sume capital privado para sostener la producción.
También destacó que “Terra Ignis y el socio que venga seguirán produciendo lo actual”, mientras se evalúan nuevas inversiones en los campos cedidos. El dirigente aludió además a la información técnica disponible. Según señaló, los estudios realizados en el bloque CA12 revelaron señales alentadoras para futuros desarrollos y podrían abrir una etapa distinta en caso de concretarse el traspaso.
Sobre las condiciones laborales, mencionó que YPF ofreció acuerdos voluntarios que contemplan “un 120% de indemnización” para quienes opten por desvincularse.
Se acerca el final del Plan Andes de YPF
Esta transición forma parte del Plan Andes, el programa mediante el cual YPF decidió retirarse progresivamente de los activos convencionales del país para concentrarse en el desarrollo no convencional.
La petrolera ya completó su salida en varias provincias productoras y mantiene pendiente únicamente la definición sobre Tierra del Fuego, por lo que el avance del trámite legislativo adquiere relevancia adicional.
Si la Legislatura finalmente aprueba el decreto, Terra Ignis accederá a un período de concesión de diez años. La empresa no planea operar directamente los yacimientos, sino convocar a socios estratégicos que se encarguen de la actividad y aporten capital. Esa etapa, no obstante, solo podrá iniciarse cuando exista una decisión legislativa que cierre el proceso hoy en suspenso.
