El gobierno norteamericano le había pedido a Loretta Preska que no embargara los activos de la petrolera argentina, lo cual despertó el malestar en Buford Capital. “Ignoran descaradamente el precedente más pertinente de la Corte Suprema”, dispararon desde el estudio inglés.
Los beneficiarios del fallo que ordena pagar una indemnización de US$16.000 millones por la reestatizacion de YPF han cuestionado la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina. A través de una carta dirigida a la jueza Loretta Preska, expresaron su descontento con la presentación que busca impedir la entrega de acciones de la petrolera como parte del pago de la sentencia.
Hace una semana, el Departamento de Justicia solicitó que la magistrada rechazara la entrega de estos activos, argumentando que eso violaría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos. Según la legislación internacional, la Argentina está fuera de la jurisdicción norteamericana y no puede ser embargada.
La carta presentada por Estados Unidos hace referencia a la «inmunidad absoluta» de los activos extranjeros.
Los demandantes buscan que se entregue el 51% de YPF para compensar los daños que afirman haber sufrido por la expropiación de 2012. En ese marco, el gobierno de Joe Biden había pedido tiempo para evaluar si presentaría un escrito acerca del pedido de Buford Capital.
La idea era poder dar su opinión el 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales en EE.UU. Finalmente llegó la carta y, tras constatarse el apoyo a la defensa argentina, los demandantes salieron al cruce y se contactaron con Preska.
En su carta, Buford Capital señaló que Estados Unidos estuvo al tanto del caso desde 2019. Los demandantes alegan que la intervención reciente ignora un precedente clave en el que el país perdió al apoyar a Argentina, en un caso relacionado con la inmunidad soberana.
El conflicto por YPF se intensifica
La carta presentada por Estados Unidos hace referencia a la «inmunidad absoluta» de los activos extranjeros. Los demandantes cuestionaron este argumento, recordando que, en un caso similar, la Corte Suprema dictaminó que no están inmunizados frente a la ejecución judicial, incluso si están fuera del país.
La intervención estadounidense llega en un momento crucial del proceso judicial. Los demandantes habían solicitado que las acciones de YPF fueran entregadas como parte de un acuerdo para saldar la sentencia por US$16.000 millones. El Gobierno argentino se opone a esta solicitud, alegando que las acciones están registradas en Buenos Aires y no están bajo la jurisdicción de Nueva York.
En este contexto, la Procuración del Tesoro argentino se contactó con el Gobierno de Joe Biden para alertarlo sobre las posibles consecuencias de un fallo que ordene el embargo de activos en una jurisdicción extranjera. Aunque la intervención de Estados Unidos no afectará el monto de la indemnización, podría influir en la forma en que se pague la sentencia.
El litigio comenzó en 2015, tras la expropiación de YPF en 2012. Las empresas demandantes, Burford y Eton Park, adquirieron los derechos del proceso de las empresas Petersen, que fueron accionistas de YPF.
En su demanda, argumentaron que el gobierno argentino no cumplió con la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al superar el 15% de las acciones de YPF, violando el estatuto de la empresa.
A pesar de la defensa del Gobierno argentino, que sostuvo que la Constitución primaba sobre el estatuto de la empresa y que la expropiación fue legal, los demandantes insisten en que la falta de una OPA les causó perjuicios. La disputa sobre las acciones de YPF sigue generando fricciones entre los actores involucrados, mientras el juicio avanza en los tribunales estadounidenses.
