Nación y las dos provincias que aspiran a gestionarlas se dieron un plazo de 120 días para llegar a un entendimiento. Las concesiones privadas vencen el 11 de agosto y el organismo se hará cargo de las centrales «transitoriamente».
El próximo 11 de agosto vence el contrato de concesión de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón y Planicie Banderita en la región del Comahue, que pasarán a ser controladas a partir de esa fecha por el Estado Nacional, mientras sigue el debate con las provincias de Neuquén y Río Negro por el lugar que ocuparán en esta nueva etapa de gestión.
Con el objetivo de avanzar en esta transición ante el fin de las concesiones de los años ’90, técnicos de Enarsa, que se hará cargo «transitoriamente» de las represas, comenzó recientemente a mantener reuniones con representantes de las compañías privadas que actualmente las administran.
Mientras tanto, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, recibió el miércoles a los gobernadores actual y electo de Neuquén, Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa; y a los gobernadores actual y electo de Río Negro, Arabela Carreras y Alberto Weretilneck, para conformar una mesa de trabajo entre Nación y esas provincias con el objetivo de definir una hoja de ruta para el traspaso de las centrales hidroeléctricas y llevar adelante un nuevo proceso de inversión para el sector energético argentino.
Massa anunció la conformación de un equipo de trabajo con las dos provincias para elaborar una propuesta para la renovación de las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
Tras el encuentro, del que también participó la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, Massa anunció la conformación de un equipo de trabajo en conjunto con las dos provincias que tendrá un plazo de 120 días para elaborar una propuesta para la renovación de las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
“Las concesiones de las represas son claves para desarrollo del sector eléctrico y de las energías renovables», aseguró el ministro de Economía y señaló que avanzó en la constitución de “un equipo que permita garantizar los derechos del uso del agua y la generación de la energía y además que permita establecer precios justos para la generación del sistema eléctrico nacional y convocar al sector privado para mejorar la infraestructura».
La propuesta de Neuquén y Río Negro para las represas
En junio, en medio de la tensión que generó con los gobiernos de Río Negro y Neuquén la decisión de ordenar el traspaso de las represas a ENARSA, Royón fundamentó los derechos de la Nación sobre las mismas, aunque al mismo tiempo admitió la legitimidad de las pretenciones de las provincias, dejando la puerta abierta para retomar el diálogo.
“La infraestructura (de las centrales) es Nacional, hay que tener en cuenta que fueron construidas con los recursos de todos los argentinos. Al mismo tiempo, el recurso es de cada provincia. Es lógico lo que reclaman las provincias, por eso está contemplado que haya un director de cada una”, aseguró la funcionaria en declaraciones públicas.
Por su parte, los gobiernos de Gutiérrez y Carreras propusieron avanzar en la creación de una empresa hidroeléctrica regional tripartita, conformada por el Estado Nacional, Neuquén y Río Negro. El mandatario de la primera de esas provincias, incluso, envió una carta formal al ministerio para presentar la iniciativa y retomar las negociaciones.
Entre los ejes centrales del proyecto, se destaca la necesidad de contemplar una renta por la explotación comercial de las centrales generadoras que permita la ejecución de un programa de obras hidroeléctricas multipropósito, de infraestructura y de desarrollo productivo a consensuar entre las partes.
En este punto, las provincias ya manifestaron que resulta necesario ceder a esta empresa tripartita la administración de las represas y no a Enarsa, ni de manera transitoria ya que en nuestro país “las cuestiones transitorias tienden a transformarse en permanentes”.
A la par, las provincias deberán actualizar y fijar las nuevas normas de manejo del agua, sobre cuidados ambientales y de seguridad de represas que van a regir a futuro las cuales deberán formar parte del futuro contrato de operación o de concesión que se vaya a otorgar a la empresa encargada de la administración y operación de las represas.
Tanto Neuquén como Río Negro advirtieron que debe contemplarse una tarifa que permita, por un lado, llevar adelante correctamente y de manera segura la operación y mantenimiento de las represas al mismo tiempo que debe incorporarse una contribución a los municipios y/o comisiones de fomento aledaños a los emprendimientos.
También entienden que debe servir para financiar un fondo específico para obras hidroeléctricas y productivas en la región.
Además, ratificaron su posición sobre la necesidad de volver a instrumentar para las provincias la Tarifa Comahue, de modo que los neuquinos y rionegrinos no vean encarecidas sus tarifas eléctricas por el impacto de los costos de transporte y las pérdidas del sistema que se aplica.
