Lo difundió el vocero presidencial Manuel Adorni. Del total, el 44% se había inscripto como de ingresos bajos y el 56%, con medios, pero detectaron inconsistencias entre lo declarado y los consumos registrados. La medida implicará un ahorro fiscal de más de $3.000 millones.
El Gobierno nacional salió a difundir públicamente que decidió dar de baja los subsidios energéticos de 15.500 usuarios de Puerto Madero, countries, clubes de campo y barrios cerrados, luego de detectar inconsistencias entre el nivel de ingresos declarado y los consumos registrados.
La medida, que será oficializada en los próximos días en el Boletín Oficial, implicará un ahorro fiscal de más de $3.000 millones, según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Durante su habitual conferencia de prensa, Adorni remarcó: “La energía cuesta, y quien pueda pagarla, debe hacerlo”.
Se identificaron casos donde los consumos eléctricos—incluyendo piletas climatizadas—eran similares a los de una pyme, duplicando o triplicando el promedio nacional de 250 kWh mensuales.
El funcionario también subrayó que se trata de “un paso importante para salir de un esquema devastado por el despilfarro de 150.000 millones de dólares en subsidios que se han otorgado en los últimos 20 años”.
Según se informó, del total de usuarios excluidos, el 44% se había inscripto como de ingresos bajos y el 56% como de ingresos medios, a pesar de habitar en zonas de alto poder adquisitivo.
En particular, se identificaron casos donde los consumos eléctricos—incluyendo piletas climatizadas—eran similares a los de una pyme, duplicando o triplicando el promedio nacional de 250 kWh mensuales.
Barrios alcanzados y procedimiento de revisión
Entre los barrios privados y urbanizaciones cerradas donde se detectaron estas irregularidades figuran los de Nordelta —donde el 10% de los usuarios estaba subsidiado—y desarrollos como Campo Grande, Santa Bárbara, Hudson I, San Sebastián, El Cantón, Altos de Pacheco, Pilar del Este, Parque La Celia, Nueva Quilmes, y el Country Club Banco Provincia, entre muchos otros.
La exclusión del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) se realizará de forma automática.
Sin embargo, los usuarios que consideren que cumplen con los requisitos podrán iniciar un proceso de revisión individual a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), presentando una Declaración Jurada y la documentación correspondiente que justifique su pedido.
“Esta decisión marca un punto de inflexión: se terminó el subsidio para quienes no lo necesitan. No hay justicia en un sistema que financia el consumo de usuarios de altos ingresos con el dinero de los pagadores de impuestos”, expresa el comunicado oficial que acompaña la medida.
La quita de subsidios forma parte del plan del Gobierno para sostener el superávit fiscal, objetivo en el que las transferencias a la energía juegan un papel central.
Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), los subsidios al sector cayeron 66,3% interanual en términos reales en abril, alcanzando $0,47 billones, el nivel más bajo desde al menos 2016. El recorte más significativo se dio en luz y gas, cuyas asignaciones bajaron 78,1%, a $0,25 billones.
Para dimensionar el ajuste, basta con señalar que los subsidios energéticos totalizaron $1,397 billones en 2022, mientras que en 2025 se ubican en apenas $252.000 millones.
La canasta energética sin subsidios y su impacto en los hogares
Este recorte ya tuvo un fuerte impacto en el bolsillo de los usuarios: 1,8 millones de hogares dejaron de recibir subsidios en los últimos nueve meses y comenzaron a pagar la tarifa plena por el servicio eléctrico.
De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), la canasta de servicios públicos para un hogar promedio del AMBA sin subsidios alcanzó los $166.559 en mayo, un aumento del 16,8% respecto a abril y del 45% en comparación interanual.
De ese total, $62.958 correspondieron a transporte, $36.374 a gas natural, $36.973 a energía eléctrica y $32.253 a agua.
En los 18 meses transcurridos desde diciembre de 2023, esta canasta se incrementó 500%, mientras que la inflación fue de 149% en ese mismo período.
Esto significa que los servicios públicos ganaron peso dentro del presupuesto familiar. Hoy, representan el 11,6% del salario promedio registrado, estimado en $1.432.538, y el transporte absorbe el 38% del gasto mensual.
