El Gobierno viene de casi dos años de ajuste de cuentas públicas para lograr el equilibio fiscal, esfuerzo del cual gran parte se centra en la reducción de subsidios energéticos que hace una década llegaron a representar dos puntos del PBI.
Es tal el nivel de recursos que demanda esa cobertura de las tarifas de gas y electricidad que en los pasillos oficiales es frecuente decir que el superávit que logra la balanza energética se quema cada año en subsidios.
Algunas cifras del Presupuesto 2026 anticipa lo que se viene, ya que en breve se comenzará a discutir en el Congreso el proyectó que contempla transferencias por servicios económicos equivalentes a $11,4 billones, lo que representa un incremento nominal del 20% respecto del año anterior, manteniendo su participación relativa en el PBI.
Estas transferencias constituyen el 8,5% del gasto primario y ocupan el tercer lugar en magnitud después de las destinadas a servicios sociales y al servicio de la deuda.
De acuerdo al Reporte de Tarifas y Subsidios que realiza la UBA-Conicet, la mayor parte de estas transferencias se concentra en dos funciones principales: energía y combustibles, con el 56%, y transporte, con el 34%.
En el sector energético, el 82% corresponde a subsidios corrientes y el 18% a gastos de capital.
Es tal el nivel de recursos que demanda esa cobertura de las tarifas de gas y electricidad que en los pasillo oficiales es frecuente decir que el superávit que logra la balanza energética se quema cada año en subsidios.
Dentro de los subsidios corrientes, los más significativos son los destinados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), a la importación de gas natural, a los programas de estímulo a la producción como el Plan Gas, y a los destinados a la demanda a través de la tarifa social, el programa de garrafa y el régimen de zonas frías.
En el sector transporte, los fondos se canalizan principalmente a través del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT), que concentra los subsidios al autotransporte público de pasajeros, y de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE), que absorbe casi la mitad de las transferencias destinadas al sistema ferroviario.
Esta asignación muestra la persistencia de un esquema de subsidios masivos en los principales servicios públicos.
El reporte de la Uba-Conicet, también analiza que el presupuesto contempla una reducción relativa de los subsidios a energía y transporte respecto a lo previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de avanzar en la consolidación fiscal.
Presupuesto 2026: El impacto fiscal de los subsidios y el cálculo en ingresos y egresos del barril de petróleo
En electricidad, se estima que los usuarios financiarán en 2026 alrededor del 80,5% del costo de generación, mejorando la cobertura res-pecto al 65% proyectado para el cierre de 2025.
Sin embargo, esta mejora requiere aumentos tarifarios, reducción de costos, mejor focalización de los subsidios o una combinación de estas medidas. Las proyecciones presupuestarias advierten que los subsidios energéticos están fuertemente condicionados por la evolución del tipo de cambio y los precios internacionales del petróleo.
Los subsidios más significativos son los destinados a CAMMESA, a la importación de gas natural, al estímulo de la producción como el Plan Gas, y a los destinados a la demanda a través de la tarifa social, el programa de garrafa y el régimen de zonas frías
Asimismo, una devaluación o una caída en el precio del crudo, que la Agencia Internacional de Energía estima en torno a US$50 por barril en los próximos años, impactarían de manera directa en los costos de generación, en la balanza comercial energética y en el crecimiento económico, con efectos fiscales adicionales, aunque acotados.
En materia tributaria, se prevé un fuerte aumento del impuesto a los combustibles, con un crecimiento estimado del 71,6% respecto de 2025, principalmente por la actualización de las sumas fijas definidas en el decreto 501/2018.
Este incremento aportaría $3,2 billones adicionales de recaudación, equivalente a 0,23% del PBI, lo que refuerza la relación entre el esquema tributario energético y los gastos fiscales asociados a subsidios.
En 2026, las empresas públicas recibirán transferencias del Tesoro por $2,6 billones en gastos corrientes y $1,4 billones en gastos de capital, con un peso destacado de ENARSA en el ámbito energético y de las operadoras ferroviarias en transporte, lo que refleja dependencia de estos sectores del financiamiento estatal.
El presupuesto también detalla transferencias a fondos fiduciarios como el SIT y el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que recibirá $450.000 millones para financiar la política de zonas frías y el programa de garrafa social.
Asimismo, se incluyen asignaciones a empresas públicas, confirmando la relevancia del gasto en este sector dentro de la estructura presupuestaria.
El proyecto de Presupuesto 2026 propone derogar los artículos centrales de la Ley 27.637, lo que en los hechos implica revertir la ampliación del régimen de zonas frías de 2021 y volver al esquema original limitado a la Patagonia, Malargüe y la Puna.
La medida reduce el costo fiscal del programa, aunque otorga al Poder Ejecutivo un margen significativo de discrecionalidad para definir el alcance de los beneficios.
Finalmente, el Artículo 74 del proyecto aborda el reconocimiento del denominado pasivo regulatorio, originado en ingresos no percibidos por las distribuidoras durante los regímenes de emergencia tarifaria.
El mecanismo previsto consiste en que la Secretaría de Energía determine dichas diferencias y las compense mediante créditos aplicados a deudas de las distribuidoras con CAMMESA, a condición de que las empresas renuncien a sus reclamos judiciales.
