La normativa define bienes, ingresos y registros oficiales que serán utilizados para determinar la elegibilidad de los usuarios de servicios energéticos.
El cambio de esquema para otorgar los subsidios de la energía empieza a tomar forma. Hoy, el Gobierno nacional estabelció un conjunto de requisitos que determinarán quiénes podrán acceder a la asistencia estatal para el pago de los servicios de gas y electricidad.
La medida se formalizó con la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), un sistema obligatorio que concentrará la información de los beneficiarios y funcionará como base para la admisión, permanencia o exclusión dentro del nuevo régimen.
la normativa prevé como indicadores de capacidad económica la titularidad de embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios.
La inscripción en el ReSEF se realizará a través de un formulario digital que tendrá carácter de declaración jurada y será un requisito indispensable para continuar recibiendo los subsidios. El alcance de la obligación incluye, de manera expresa, a quienes perciben la asistencia vinculada a la garrafa social, aunque el esquema también abarca a otros usuarios que reciben ayuda estatal para afrontar el costo de la energía.
El formulario fue aprobado por la cartera que conduce María Tettamanti, y se integrará con plataformas oficiales ya existentes. El marco normativo que sustenta este nuevo esquema se apoya en el Decreto 943/25, que puso fin al período de transición previo y dio lugar a un régimen de subsidios con criterios de focalización más estrictos.
Según lo dispuesto, la Secretaría de Energía será la autoridad responsable de “ejecutar, administrar y controlar” la entrega de estos beneficios, con el objetivo declarado de reducir desvíos y superposiciones en la asignación de recursos públicos.
Los requisitos para acceder al Registro de Subsidios
Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es la definición de indicadores de capacidad económica que podrán derivar en el rechazo o la exclusión de una solicitud.
La disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético detalla que se considerarán, entre otros factores, la tenencia de vehículos con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo que en el hogar haya un titular de un Certificado Único de Discapacidad. Tampoco podrán acceder hogares con personas que posean tres o más inmuebles.
El listado de criterios patrimoniales se completa con la identificación de bienes considerados de alto valor. En ese sentido, la normativa prevé como indicadores de capacidad económica la titularidad de embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios por parte de al menos uno de los integrantes del hogar.
Estos elementos serán utilizados como señales objetivas para evaluar si un grupo familiar se encuentra en condiciones de afrontar el costo pleno de los servicios energéticos.
Para simplificar el proceso, el Gobierno aclaró que una parte sustancial de la información requerida ya obra en poder del Estado a través de registros previos, como el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Por ese motivo, quienes ya estén inscriptos y no presenten cambios relevantes no deberán completar nuevamente el trámite, aunque sí quedarán alcanzados por los controles y verificaciones previstos en el nuevo esquema.
No obstante, la normativa establece la obligación de actualizar los datos cuando se produzcan modificaciones en la composición del hogar, la situación económica o el tipo de suministro. Estas actualizaciones deberán realizarse de manera digital, y se prevé la atención presencial en dependencias de la ANSES para los casos en que los usuarios no puedan completar el trámite por internet.
La normativa también hace hincapié en los resguardos vinculados a la protección de la información personal.
El texto aclara que los cruces de datos entre organismos deberán ajustarse a la Ley 25.326 y precisa que “los datos personales recabados tendrán por finalidad exclusiva la incorporación, actualización, verificación y evaluación de la elegibilidad de los beneficiarios”, en un intento por acotar el uso de la información a los fines estrictamente administrativos.
