El Ejecutivo alega que el ENARGAS inició un “proceso de revisión tarifaria correspondiente a las Licenciatarias de Transporte de gas natural y de Distribución de gas por redes”. Se espera que los aumentos de los servicios durante este año sean de un dígito por encima de la inflación.
El Gobierno nacional convocó a una audiencia pública para el próximo 6 de febrero con el fin de revisar y definir el sistema de actualización de tarifas de gas, específicamente en los segmentos de transporte y distribución. La resolución 16/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ENARGAS, oficializa esta convocatoria.
Durante el encuentro se abordarán tres temas principales: la revisión quinquenal de tarifas de transporte y distribución de gas; la metodología para ajustes periódicos en estas tarifas; y modificaciones al Reglamento de Servicio de Distribución, en particular sobre la facultad de corte del servicio por falta de pago.
Originalmente, esta audiencia estaba programada para octubre de 2024, pero fue postergada tras la decisión del Gobierno de extender la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025.
Los interesados en participar podrán hacerlo de manera virtual a través de un enlace disponible en el sitio web del ENARGAS el día de la audiencia. Quienes deseen intervenir como oradores deberán inscribirse previamente y cumplir con los requisitos establecidos.
Además, según lo dispuesto en la normativa, “todos los interesados podrán presentar a la Secretaría de la Audiencia, durante su transcurso, preguntas y/o documentación relacionada con el objeto de aquella a través del link publicado en la página web del ENARGAS”.
El Gobierno explica que esta convocatoria se enmarca en un “proceso de revisión tarifaria correspondiente a las Licenciatarias de Transporte de gas natural y de Distribución de gas por redes”.
La resolución también señala que, como en ocasiones anteriores, se incluye en este proceso a REDENGAS S.A.
Originalmente, esta audiencia estaba programada para octubre de 2024, pero fue postergada tras la decisión del Gobierno de extender la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025.
Qué se espera de las tarifas para este año
Los aumentos en las tarifas de energía previstos por el Gobierno para 2025 estarán ligeramente por encima de la inflación, con un margen máximo de hasta 9,9%, según fuentes oficiales.
Esto significa que los ajustes en las facturas de luz y gas seguirán el ritmo de los precios de la economía, con un incremento adicional moderado.
Desde enero, las tarifas eléctricas subieron un 1,6%, mientras que las de gas aumentaron un 1,85%, ambos ajustes inferiores a la inflación proyectada para diciembre.
Estos incrementos se suman a los autorizados previamente en los precios mayoristas de electricidad y gas, que fueron del 2% y 2,5%, respectivamente.
El plan oficial establece que los aumentos sean mensuales hasta marzo, con el objetivo de alinearlos con la inflación futura.
Para finales de marzo o principios de abril, se espera la definición de los nuevos cuadros tarifarios, cuyo impacto final en las boletas de los hogares podría alcanzar el 9,9%.
Sin embargo, no se descarta que estos incrementos sean menores y se distribuyan en cuotas mensuales.
A cambio de este esquema, las empresas concesionarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas -entre ellas, Transener, Edenor, Edesur, TGN, TGS, Metrogas, Camuzzi y Naturgy- deberán presentar sus planes de inversión a cinco años.
Estos planes estarán orientados a mejorar la calidad del servicio, lo que implica, en el caso de la electricidad, reducir tanto la frecuencia como la duración de los cortes, en línea con los ingresos proyectados a partir de las tarifas actualizadas.
El gasto en servicios públicos se multiplicó por cinco en un año
El poder adquisitivo de las familias argentinas, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sufrió un impacto significativo el año pasado, que se hace notorio en la canasta energética y el transporte, debido a la decisión de reducir subsidios y ajustar tarifas.
En apenas un año, el gasto en servicios públicos para una familia promedio del AMBA se multiplicó por cinco.
Este fuerte incremento es el resultado del ajuste fiscal implementado por el Gobierno, que incluyó aumentos en tarifas y una reducción del 38% en los subsidios destinados a energía, transporte público y agua.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio de la Ciudad o el Gran Buenos Aires, categorizado como Nivel 1 (N1) de la segmentación —aquellos con mayores ingresos o quienes no solicitaron ayuda estatal—, debió destinar en diciembre pasado $143.819 para cubrir los gastos de luz, gas, agua (AySA) y transporte en colectivos.
En diciembre de 2023, esa misma canasta costaba $28.651. Esto representa un aumento interanual del 402% en términos nominales y cerca de un 130% en términos reales, si se descuenta el impacto de la inflación.
