El biodiésel aumenta un 4%, mientras que el bioetanol a base de azúcar y maíz suma un 3%. Mientras, las productoras esperan que se apruebe la Ley de Biocombustibles para incrementar el corte obligatorio, con un ojo en la cuestión de la desregulación.
Diciembre vino con los últimos aumentos del año. Luego de que se aplicaran las subas finales en las naftas y el gasoil, ahora el gobierno autorizó un nuevo ajuste en los biocombustibles de corte obligatorio.
La resolución 393/24, publicada en el Boletín Oficial, establece que el biodiésel pasará de $1.023.649 a $1.064.595 por tonelada. Por su parte, la resolución 392/24 eleva el precio del bioetanol de caña de azúcar de $683,3 a $703,8 por litro. Ambas llevan la firma de la Secretaria de Energía, María Tettamanti.
Además, el precio del bioetanol elaborado con maíz subió de $626,2 a $645 por litro. Este tipo de etanol se produce principalmente en Córdoba y la región Centro. Justamente la Docta encabeza la Liga Bioenergética, un organismo interprovincial que impulsa una modificación en la Ley de Biocombustibles, que propone aumentar el corte obligatorio.
El bioetanol de caña de azúcar muestra un aumento interanual del 101%.
En términos anuales, los precios del biodiésel acumulan un incremento del 55% desde diciembre pasado. En el mismo período, la inflación acumulada fue del 193%, según los datos oficiales de octubre.
Por su parte, el bioetanol de caña de azúcar muestra un aumento interanual del 101%, al pasar de $348,5 a $703,8 por litro. Mientras tanto, el bioetanol de maíz tuvo un alza menor, del 78,6%, con un salto de $361,1 a $645. La actual Ley 27.640 regula que el corte del 12% de etanol en las naftas se distribuya equitativamente.
De esta manera, un 6,5% corresponde al etanol de maíz y otro 6,5% al elaborado con caña de azúcar. Fuentes de la industria consideran que los aumentos autorizados no reflejan sus costos reales. Argumentan que los insumos han subido por encima de los ajustes y que los precios fijados por la Secretaría están desfasados respecto a la inflación.
Los productores aseguran que los biocombustibles tienen un impacto mínimo en la inflación general. Sin embargo, insisten en que los valores actuales no son sostenibles para la industria, dado el atraso en relación con el IPC acumulado.
Ley de Biocombustibles
La normativa para regular los biocombustibles es otro punto de debate entre el gobierno nacional y las provincias productoras de los insumos (aceiteras, maiceras y azucareras). Hace unas semanas, las gobernaciones de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Salta, nucleadas en la Liga Bioenergética, presentaron un proyecto para modificar la actual legislación e incrementar el corte obligatorio en las naftas.
Si bien esta iniciativa contó con el apoyo del oficialismo, en los últimos días el oficialismo presentó un proyecto propio, que abre la puerta a la desregulación y la posible entrada de las petroleras al negocio, algo que desde siempre rechazan las provincias de los pequeños y medianos productores de biocombustibles.
El documento fue elevado por la diputada Lorena Villaverde, y lleva la firma de Facundo Correa Llano, César Treffinger, Alberto Arancibia Rodríguez, Julio Moreno, Florencia Klipauka Lewtak, Carlos Zapata, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Nadia Márquez, Carlos D’Alessandro, Gabriel Bornoroni, José Peluc, Álvaro Martínez y Beltrán Benedit.
Entre los principales objetivos, el artículo 2 detalla la necesidad de garantizar la calidad y disponibilidad de biocombustibles, proteger los derechos de los consumidores y asegurar la seguridad de las instalaciones de producción y almacenamiento.
Además, se destaca el incentivo a la inversión privada, considerando que este sector puede ser “un motor de desarrollo económico en las regiones productoras”.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, con amplias facultades para fiscalizar, regular precios y promover exportaciones.
