El gobierno logró la modificación que da mayor autonomía a las provincias y podría destrabar inversiones. El costo, sin embargo, fue la enorme atención que ahora se traslada a los poderes locales y la exacerbación de los cuestionamientos al sector minero.
Con 137 votos afirmativos frente a 111 negativos y 3 abstenciones, el oficialismo, junto al PRO, la UCR y un bloque estratégico de mandatarios provinciales, logró destrabar la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que se considera el corazón de la estrategia minera para el 2026.
Sin embargo, la victoria institucional en el recinto contrasta drásticamente con el clima social, según el último informe de monitoreo digital de la consultora Enter Comunicación, el gobierno ha ganado una ley, pero está perdiendo la narrativa pública ante una audiencia hipervigilante.
La reforma sancionada redefine los criterios de protección ambiental en la alta montaña, limitando la tutela estricta del Estado a aquellas formaciones que posean una «función hídrica efectiva« y reguladores hídricos comprobables.
Este es el cambio de paradigma más profundo, la protección deja de ser automática para todas las geoformas inventariadas y pasa a depender de su relevancia real en la recarga de cuencas hidrográficas.
El debate en torno de la Ley de Glaciares ha actuado como un catalizador, amplificando la atención de audiencias que hasta ahora no participaban activamente en el debate extractivo.
Este punto otorga un poder inédito a las provincias, ya que los gobernadores tendrán ahora la facultad de determinar si las zonas destinadas a la explotación minera e hidrocarburífera aportan efectivamente al recurso hídrico.
La medida fue impulsada y celebrada por la Mesa del Litio y del Cobre, integrada por San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza y Jujuy, quienes ven en este nuevo marco la herramienta jurídica definitiva para activar proyectos por u$s30.000 millones que permanecían en zona gris.
Las señales de alarma para la licencia social minera tras reformar la Ley de Glaciares
A pesar del éxito legislativo, los datos del monitoreo de conversación digital revelan un escenario paradójico.
El debate alcanzó un impacto potencial de 16.3 millones de personas, con más de 41.000 menciones generadas por usuarios únicos. No obstante, el sentimiento negativo dominó el 67,5% de la conversación, una cifra que deja al respaldo oficialista en una posición marginal.
El análisis detallado de la negatividad muestra que el eje central de la crítica es el «Daño ambiental» (56,5%), seguido por una narrativa de «Traición» política (22,8%) hacia los legisladores que facilitaron el quórum.
El informe de Enter Comunicación advierte que, mientras el oficialismo se enfocó en un discurso de «modernización«, la respuesta orgánica se centró en el conflicto ambiental, un concepto que genera un compromiso digital mucho más profundo que la promesa técnica de inversión.
El sector «Productivista» apareció debilitado con apenas un 8% de presencia en el mapa de actores, confirmando que la industria minera no logró instalarse como el motor de la conversación.
Un actor fundamental en la hegemonía del clima de opinión fue Greenpeace, cuya mención apareció en el 14% de toda la conversación, traccionando por sí sola casi 6.000 mensajes individuales. La organización no solo funcionó como un emisor, sino como un disparador simbólico que lideró el encuadre de vigilancia ambiental.
De ahora en adelante, la minería entra en una etapa de hiper-transparencia forzada.
Los gobernadores tendrán la facultad de determinar si las zonas de explotación minera aportan efectivamente al recurso hídrico
El éxito futuro de los proyectos no se medirá únicamente en exportaciones o ingreso de divisas, sino en la capacidad de las empresas y los gobiernos para influir en una opinión pública que ha decidido fiscalizar cada metro cuadrado de zona periglaciar.
El debate en torno de la Ley de Glaciares ha actuado como un catalizador, amplificando la atención de audiencias que hasta ahora no participaban activamente en el debate extractivo.
La discusión no se ha clausurado con la votación del pasado jueves, por el contrario, ha mutado de órbita. El conflicto se trasladará ahora hacia los estrados judiciales y hacia el territorio de las provincias.
La oposición, liderada por bloques que ya proponen una consulta popular vinculante, y diversas organizaciones ambientalistas, ya preparan recursos de amparo basados en la presunta violación del Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT.
Se ha ganado una ley, pero se está perdiendo la narrativa: el sentimiento negativo domina el 67,7% de la conversación pública
Con la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, casos como el de San Juan y las provincias andinas obtienen la seguridad jurídica necesaria para el RIGI, pero se enfrentan al desafío de construir una base de consenso social que, por ahora, parece estar ausente en el ecosistema digital.
