Como se había anticipado hace dos meses, la desregulación llegó al transporte fluvial. Se disminuye la necesidad de certificaciones, permisos y personal a bordo.
El Gobierno argentino ha aprobado el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE), una normativa que busca modernizar y unificar las reglas del transporte acuático en el país. El nuevo esquema había sido presentado por las autoridades a finales de noviembre, pero fue aprobado en la madrugada de ayer por el Decreto 37/2025.
Según destaca el texto publicada en el Boletín Oficial, el objetivo del marco regulatorio es priorizar el reconocimiento de “principios generales de libertad económica y de contratación”, y así abrir nuevas oportunidades para los actores del sector marítimo y fluvial.
Se estableció la validez general de las autorizaciones emitidas por la Prefectura Naval Argentina.
“Además de simplificar los requisitos para una botadura los armadores tendrán más opciones para certificar sus condiciones de seguridad, el equivalente a la VTV de la navegación. Los más pequeños podrán certificarse por ingenieros habilitados, y los demás podrán ser certificados por sociedades de clasificación privadas: esto implica más flexibilidad y menores costos”, expresó esta mañana el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en su cuenta de X.
Entre los cambios más destacados, se incluye la incorporación de estándares y certificaciones internacionales mediante Organizaciones Reconocidas y Sociedades de Clasificación pertenecientes a la International Association of Classification Societies (IACS). Esto representa un avance importante en la liberación y simplificación de trámites vinculados a la construcción, reparación y modificación de buques, así como a los elementos que los componen, tanto si son fabricados en Argentina como en el extranjero.
Vale señalar que existen algunas críticas al nuevo esquema por parte de entidades sindicales, como sucedió cuando la desregulación alcanzó al transporte terrestre. Desde la Federación Marítima Portuaria (FEMPINRA) señalaron que estas medidas ¨van a provocar mayores riesgos en la seguridad portuaria y en la navegación fluvial, además de debilitar el cumplimiento de las normas de protección al entorno portuario y marítimo¨.
Nuevo Reginave: desregulación y modernización
El objetivo del REGINAVE es desburocratizar y liberar el sector «de las manos del Estado», según el Gobierno. Para ello, se estableció la validez general de las autorizaciones emitidas por la Prefectura Naval Argentina, eliminando la necesidad de requerir autorizaciones específicas para cada zona de operación.
Asimismo, se crea un sistema simplificado para la construcción y certificación de buques de menos de 100 toneladas, con la posibilidad de ampliar esta disposición a embarcaciones de mayor tonelaje en el futuro. En este contexto, las certificaciones podrán ser realizadas por profesionales calificados.
Otro de los aspectos destacados es la simplificación del régimen de matriculación y transferencia de buques. A partir de ahora, no será necesario contar con permisos del Estado para habilitar estos procesos, ni se exigirán certificados de libre deuda de cada agencia estatal para realizar transferencias.
En cuanto al personal, el nuevo régimen introduce principios de libertad de contratación, digitalización de trámites y una limitación de los controles al personal a razones estrictamente relacionadas con la seguridad. Además, se extiende la vigencia de las habilitaciones del personal de tierra a un mínimo de cinco años, reduciendo la frecuencia de renovaciones.
En esa línea, la obligatoriedad de contar con baqueanos quedó restringida a ciertos tipos de buques, y se eliminó la exigencia de contratar serenos.
La navegación deportiva también se ve beneficiada con una modernización significativa bajo los mismos parámetros de desburocratización y flexibilidad. Para ello, se habilitaron las actividades comerciales con embarcaciones deportivas, ampliando las posibilidades económicas de este segmento.
«Asimismo, descentralizamos el otorgamiento de carnets, permitiendo que también los puedan otorgar federaciones náuticas, y estiramos la vigencia de los permisos a 10 años», detalló Sturzenegger en redes sociales.
Por último, la industria vinculada a la explotación petrolera también se beneficia de este nuevo régimen. A partir de ahora, las certificaciones internacionales para dispersantes serán válidas sin necesidad de homologación por la Prefectura, lo que agilizará las operaciones y reducirá costos.
