Desde la provincia buscarán operadoras independientes para trabajar en conjunto con las pymes regionales y mitigar el impacto del retiro de petrolera de mayoría estatal. Y junto a legisladores nacionales, la gobernación impulsará una Ley para yacimientos maduros.
La salida de YPF de Santa Cruz dejará tras de sí una crisis productiva y laboral que tendrá su epicentro en el norte provincial, imponiendo al gobernador Claudio Vidal el desafío de amortiguar el impacto.
El reto será tender un puente entre un presente marcado por el retiro del principal inversor petrolero y un futuro que podría despegar si se da continuidad al deriskeo de Palermo Aike.
En este contexto, una transición planificada será esencial para sostener la mayor actividad posible en el norte de Santa Cruz mientras se avanza en la captación de nuevas inversiones. Sin embargo, el camino no será sencillo.
La Ley para yacimientos maduros incluirá beneficios relacionados con la importación y exportación, la disponibilidad de divisas y la amortización acelerada de inversiones.
La transferencia de los yacimientos maduros de Santa Cruz —que YPF dejará en manos de CGC y compañías más pequeñas como Patagonia Resources, Roch y Crown Point— requerirá mejorar la eficiencia operativa. Además, será fundamental coordinar esfuerzos entre las operadoras y los trabajadores para mantener los niveles de producción.
Desde la provincia, hay esperanza en el papel de las pequeñas y medianas empresas. “Las pymes pueden ser parte de la solución. Aunque YPF se retira, Santa Cruz cuenta con empresas locales con recursos técnicos y humanos para asumir el desafío y garantizar la continuidad de la explotación”, expresaron optimistas.
Fuentes del gobierno provincial confirmaron a EconoJournal que, ante esta coyuntura, el objetivo será reposicionar a Santa Cruz como un destino atractivo para nuevas inversiones, apostando a generar confianza y estabilidad para los futuros actores del sector.
Qué medidas se motorizarán
Desde la provincia, se impulsará la búsqueda de operadoras independientes para trabajar junto a las pymes regionales, con el objetivo de reducir el impacto generado por el retiro de YPF.
Además, se planea implementar incentivos específicos que permitan a estas empresas competir, aumentar su producción y generar empleo local.
En paralelo, la gobernación de Santa Cruz, junto con legisladores nacionales, promoverá una Ley para yacimientos maduros.
Según informaron, esta normativa incluirá beneficios relacionados con la importación y exportación, la disponibilidad de divisas y la amortización acelerada de inversiones.
Pese a las dificultades actuales, desde el entorno del gobernador Claudio Vidal mantienen una visión optimista. “Estamos ante la oportunidad de transformar el modelo energético y productivo de Santa Cruz, potenciando los recursos locales y construyendo un futuro más sustentable para la provincia”, señalaron.
Además, destacaron que la actual crisis no fue generada por la gestión actual, sino que es consecuencia de decisiones pasadas.
“El gobernador no buscó esa crisis. La heredó por la mala praxis de gestiones anteriores, tanto públicas como privadas. Pero su compromiso a futuro es claro: garantizar el desarrollo sostenible de la provincia”, añadieron.
Áreas maduras de YPF en Santa Cruz
YPF se encuentra en un complejo proceso de negociación con el gobierno de Santa Cruz vinculado al intento de transferir sus operaciones en yacimientos convencionales de la provincia, donde la petrolera tiene 25 bloques en el flanco norte de la cuenca del Golfo San Jorge.
Para la empresa nacional, la cesión es fundamental en su estrategia de desprendimiento de campos maduros, alineada con el Proyecto Andes, que busca centrar los recursos en las oportunidades del shale de Vaca Muerta.
De acuerdo al CEO de la estatal, Horacio Marín, los bloques santacruceños le están costando millones de dólares y ponen en jaque la estrategia de la nueva gestión.
Si bien el gobernador Claudio Vidal fue de los primeros mandatarios en negociar los traspasos a principio de año, el proceso se estancó desde entonces.
Desde la provincia, que tiene autoridad sobre la continuidad de las operaciones y la concesión de permisos a nuevos actores, sigue negociando el diseño de readecuación para los yacimientos propuesto por YPF.
Además, el mandatario ha sido crítico con el modo en que la petrolera plantea su retiro, exigiendo una transición que considere el impacto social y económico en la región.
