Mientras se avanza en la última etapa para el ok ambiental a Josemaría, este mes convocarán a especialistas para que analicen los informes de impacto de una mina de cobre y otra de oro. El trámite suele demorar más de un año y la provincia busca evitar que se transforme en un cuello de botella que apague el optimismo en el sector. La urgencia que impone el contexto inflacionario.
Por Carolina Putelli, desde San Juan
En San Juan los proyectos de minería marcaron un nuevo hito en los últimos dos años y, por primera vez desde principios de los 2000, hay más de una empresa trabajando para obtener su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), documento que otorga el Estado provincial y es imprescindible para que puedan iniciar los trabajos de construcción.
Antes de que termine junio iniciarán la convocatoria a los especialistas que trabajarán en los informes de Los Azules, un yacimiento principalmente de cobre ubicado en Calingasta, y Hualilan, donde esperan extraer oro. También continúan analizando los más de 120 pedidos y requerimientos que le hicieron a Josemaría en abril de 2022, cuando consiguió la Declaración de Impacto Ambiental.
Que haya más de un análisis en proceso no es una casualidad. El impulso de los mercados del cobre, los últimos resultados de la provincia en materia de condiciones para la inversión, sumado a los resultados geológicos de los proyectos, impulsaron el avance de los nuevos informes. Pero también hay un desafío latente: para las autoridades provinciales puede haber un cuello de botella en el trabajo de las comisiones.
En caso de grandes explotaciones, intervienen actores especializados provinciales y nacionales para conformar la Comisión Interdisciplinaria que evalúa el impacto ambiental de las propuestas.
No existe un protocolo para que exista más de una Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) trabajando en simultáneo, aunque las autoridades no descartan hacerlo debido a la complejidad de los dos proyectos y las importantes diferencias de uno y otro.
Los Azules propone extraer cobre de la cordillera a través de lixiviación con sulfuros y luego concentrar el metal hasta lograr cátodos de pureza industrial.
Hualilán es un proyecto ubicado en Ullum, a solo 120 km de la Ciudad de San Juan, que extraerá oro y plata de un yacimiento que ya produjo riquezas a finales del Siglo XIX. No será una mina de altura y estará cerca de la Ruta 40, por ejemplo, por lo que resultará fundamental su plan de manejo del entorno.
Cómo es el trabajo para habilitar ambientalmente una mina
Tanto para iniciar la exploración como para pasar de este proceso a la explotación, las empresas mineras deben conseguir una autorización para generar un impacto ambiental en el entorno donde desarrollarán su actividad.
Si el proyecto es pequeño o mediano, se convoca a una comisión compuesta por técnicos del Ministerio de Minería provincial. Pero en caso de grandes explotaciones, intervienen actores especializados provinciales y nacionales para conformar la CIEAM.
Este organismo se conforma a través de un llamado público a una serie de actores sociales vinculados a la minería. Hay técnicos de distintas especialidades y representantes de organismos estatales.
Los convocados, según sus especialidades, analizan el plan que tiene cada empresa para iniciar y avanzar en su explotación y aprueban o no las formas en las que se desarrollará el trabajo durante la vida útil de la mina. Esto hace que cada proceso de análisis sea distinto, porque cada uno dependerá del mineral, de la zona donde se ubica el proyecto, los procesos industriales y las medidas de remediación.
El dictamen final puede ser positivo, con el que hay luz verde ambiental para iniciar la construcción o negativo en caso que se prohíban los trabajos. Pero existe un un tercer tipo de “luz amarilla”, en el que las empresas obtienen el aprobado con consideraciones. Este último es el caso de Josemaría, el primer proyecto metalífero de gran escala que consiguió en más de una década, el 22 de abril de 2022.
El posible cuello de botella que pone en riesgo las inversiones
A pesar del optimismo que genera la noticia de que en San Juan hay tres posibles minas en análisis por primera vez desde los ’90, el sistema de los informes y declaraciones de impacto ambiental crean una situación difícil para el sector. Sucede que desde que ingresan los documentos que redactan las empresas hasta que hay una resolución global pueden pasar muchos meses, y esto pesa más en el actual contexto inflacionario.
Carlos Astudillo, ministro de Minería de la provincia cuyana, aseguró que “las demoras en la resolución pueden traer complejidades, porque hay que esperar a que haya acuerdo en las comisiones para que empiecen los proyectos que muchas veces se esperan desde hace años”.
Uno de los factores que puso sobre la mesa el funcionario es que la mayoría de los integrantes de la CIEAM son técnicos del Estado y tiene que haber disponibilidad de cada uno de ellos para conformar estas comisiones.
El caso de Josemaría es clave para entender el proceso. El proyecto de cobre presentó en febrero de 2021 las 5 carpetas con información de sus técnicos sobre cómo trabajaría. Durante más de 18 meses hubo idas y vueltas de esta información, ya que como explicó Daniela Gómez, titular de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM), el proceso es detallado.
“Una vez que se conforma la comisión cada área de especialistas trabaja un punto del proyecto en particular según su área de conocimiento. Pueden solicitar más información a la empresa o también pueden desaprobar ciertos procesos”, comentó. Esto fue lo que sucedió en el caso de la mina iglesiana que quiere explotar Lundin: técnicos del Inpres pidieron rediseñar una de las obras más caras de la mina, el paredón del valle en el que depositarán las colas del proceso.
Todos estos cambios van extendiendo el proceso en el tiempo y, en el contexto inflacionario, eso impacta en las finanzas de las empresas. Astudillo reconoció que el tiempo que demoró la declaración de Josemaría hizo que el costo aumentara de USD 4.000 millones a USD 5.100, aproximadamente.
Si bien Los Azules y Hualilán trabajarán con el actual sistema, el ministro reconoció que no descartan una discusión que pueda decantar en formas más ágiles. “Hoy son tres y con grados de complejidad cada vez mayor, pero si siguen sumándose, no podemos darnos el lujo de que se desperdicie el trabajo de décadas de las empresas para poder pasar de exploración a explotación”, analizó.
