El único proyecto de cobre avanzado de Mendoza pretende ser un borrón y cuenta nueva en la historia de rechazo social a la industria. Las manifestaciones en Uspallata hicieron que de todo el país surgieran voces apoyando su avance.
El Proyecto San Jorge de Mendoza no es solo la posibilidad de una mina de cobre y los 3.800 puestos de trabajo. Para el sector minero, es la chance de que Mendoza deje atrás su imagen de tierra infertil para la industria y despegue en la exploración y posible explotación en los próximos años.
Frente a esto, las protestas en Uspallata en contra del avance de la empresa a cargo hicieron que toda la industria saliera a apoyar el proyecto y condenar los hechos, que terminaron en peleas, un incendio y al menos 2 detenidos.
En menos de una semana surgieron cámaras empresariales nacionales, provinciales y hasta sindicatos vinculados al sector minero. Incluso, uno de los cruces que se dio en Uspallata se dio entre manifestantes de la UOCRA y un grupo antiminero.
Este hecho se dio el pasado 24 de enero, en el lanzamiento de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, localidad en la que está el Proyecto San Jorge. Antes de que hablara el presidente de la misma, Edgardo Vera, un grupo de manifestantes llegó al lugar para reclamar que no querían minería en la zona.
La situación escaló, según medios locales, y el grupo antiminero primero impidió que avanzara la inauguración, habría protagonizado cruces con sindicalistas de la UOCRA que también se habían movilizado en apoyo. Vera denunció que lo amenazaron de muerte y uno de sus familiares sufrió heridas, mientras dos manifestantes fueron detenidos.
El mensaje que busca instalar el sector empresarial en estos momentos tiene dos aristas. El primero es el repudio a la violencia que terminó siendo protagonista en el reclamo. Pero además, insistieron en que se trata de un “un sector minoritario”.
Después de lo sucedido, la respuesta del sector minero fue inmediata: se posicionaron a favor del desarrollo de San Jorge y criticaron fuertemente lo que califican como accionar violento de parte del sector antiminero.
Quiénes se posicionaron a favor de San Jorge
En menos de una semana se pronunciaron la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (CAMEM), el Foro Argentino de la Pequeña y Mediana Empresa (FOPAR), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ADIMRA – Mz), la Cámara de Proveedores Interdepartamentales de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA), Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI), entre otros organismos provinciales y nacionales.
A estos se sumaron también comunicados de la Cámara de Servicios Mineros de Uspallata, protagonista del cruce con antimineros en la localidad mendocina, y también contaron con el apoyo de la UOCRA de Mendoza en ese momento. El director de Minería de la provincia cuyana, Jerónimo Shantal, se sumó a las reacciones publicando en sus redes sociales los distintos comunicados de apoyo.
La reacción de todo el sector minero tuvo que ver con la importancia simbólica que tiene el Proyecto San Jorge. Al yacimiento de cobre se lo considera una prueba piloto para la provincia, luego de que tuviera que ser frenado por falta de licencia social.
Una de las herramientas que usaron para alcanzar este reseteo en la opinión pública fue cambiar el sistema de producción del proyecto. En lugar de avanzar con el plan original de lixiviación con ácido sulfúrico, la empresa presentó un nuevo informe de impacto ambiental en el que opta por producir con flotación.
Además, es una señal que comprobaría lo que desde el gobierno de Mendoza vienen diciendo: que el clima social hacia la industria es distinto a lo que era cuando en 2011 tuvieron que congelar los avances en San Jorge por las críticas de antimineros.
El mensaje que busca instalar el sector empresarial en estos momentos tiene dos aristas. El primero es el repudio a la violencia que terminó siendo protagonista en el reclamo. Pero además, insistieron en que se trata de un “un sector minoritario”.
Resaltaron que fueron 40 personas las que se movilizaron el primer día y que luego llegaron a unas 400, en otras movilizaciones que se hicieron, aunque en algunos medios remarcaron que hubo movilidades que llevaban a personas de otras comunidades.
Otra de las líneas que fue común en los mensajes de las cámaras empresariales tenía que ver con contraponer la negativa a la minería con la situación económica provincial. La CAMEM, por ejemplo, aseguró que “el mayor conflicto que tenemos en Mendoza es la pobreza, y es responsabilidad de todos los mendocinos generar oportunidades de trabajo”.
En la discusión tras los reclamos en Uspallata se sumó una postura que ya venía asomando desde el gobierno y sectores económicos de Mendoza: remarcar que la postura de los antimineros no tiene que ver con el cuidado del ambiente sino con la intransigencia.
Según dijeron autoridades locales en diálogo con medios mendocinos, el reclamo del avance de un proyecto bajo la normativa de la ley 7.722, que cumple con los parámetros, demuestra que buscan prohibir la actividad, algo que las asambleas habían negado antes.
El debate sobre San Jorge no parece haber terminado. Hubo al menos una convocatoria más para marchar por Uspallata, sectores agrícolas se manifestaron contra el desarrollo de la mina de cobre y todavía falta un año para que haya una autorización o no para su avance. Mientras tanto, el sector empresarial sigue atento qué sucede al pie de la cordillera mendocina.
