Con cambios de último minuto en los pliegos, la licitación para la Vía Navegable Troncal entrará en las próximas horas en su etapa formal y definitiva. La profundización, la tecnología y las tarifas, los ejes centrales del nuevo proceso. El rol de los usuarios y Naciones Unidas.
Tras un nuevo aval de los principales usuarios privados, el gobierno publicará en las próximas horas el llamado para una licitación pública nacional e internacional, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, para la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal.
En un nuevo comunicado conjunto de la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, destacaron los últimos ajustes a los pliegos introducidos por el gobierno y pidieron avanzar «prontamente en el llamado a licitación».
El llamado se oficializaría en las próximas horas.
La publicación se dará 10 meses después de la primera licitación, que se declaró desierta tras recibir una sola oferta, e introduce distintos cambios en ejes centrales de cara a la próxima etapa de la estratégica vía fluvio-marítima por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.
Desde el gobierno anunciaron que la fecha de apertura de sobres técnicos con las ofertas será el 27 de febrero, mientras se espera que la adjudicación a un nuevo concesionario se concrete a mediados de año, entre mayo y junio.
La nueva concesión será por un lapso de 25 años, e incluye la profundización a 40 pies (con posibilidad de seguir profundizando a 42/44 pies) que habían reclamado los usuarios de la Hidrovía, lo que garantiza la eliminación del falso flete y les permitirá la carga completa de bodega en origen.
Además, se prevé una fuerte modernización tecnológica, sumando equipos para la lectura en tiempo real del estado del río, una radarización que permita el seguimiento minuto a minuto de las embarcaciones a lo largo de toda la traza y la renovación de equipos de señalización y registro hidrométrico.
La nueva concesión será por un lapso de 25 años, e incluye la profundización a 40 pies que habían reclamado los usuarios de la Hidrovía, lo que garantiza la eliminación del falso flete y les permitirá la carga completa de bodega en origen.
Los pliegos confirman también la apertura del río Paraná Guazú y Paraná Bravo, ampliando la traza con un canal alternativo e incluyendo a los puertos de Entre Ríos en la Hidrovía, tal como había anunciado el presidente Javier Milei.
Tras el último proceso de observaciones previas a los pliegos, se anunciaron rebajas en las tarifas del peaje para la nueva concesión, así como menores costos en distintos servicios y modificaciones técnicas como plazos para renovación de equipos y la difusión de datos sobre la futura concesión.
En su comunicado, los usuarios destacaron esos compromisos, así como «el trabajo realizado por ANPYN durante el complejo proceso de dos años y su predisposición para analizar las necesidades presentadas por los usuarios».
Mientras tanto, Santa Fe reclamó participación de las provincias en un nuevo órgano de control, y se mantienen cuestionamientos a distintos aspectos técnicos de la licitación.
Nueva licitación de la Hidrovía: la garantía de la ONU y los pedidos de los usuarios
Tras los cuestionamientos a la licitación anterior, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) decidió abrir distintas formas de participación que garanticen no tropezar dos veces con la misma piedra.
Así, se organizaron mesas técnicas de diálogo, donde se invitaron a los usuarios privados, las provincias, universidades, prácticos y especialistas (entre otros) para discutir sobre los aspectos económicos, ambientales, de control de la concesión y de diseño del canal como puntos centrales del nuevo pliego.
Esos encuentros (realizados además en distintas provincias) le sirvieron al gobierno para sumar respaldo público de los usuarios privados. En varias oportunidades, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas emitieron comunicados conjuntos destacando el diálogo y la apertura del gobierno.
En paralelo, se firmó un convenio con la oficina especializada de la ONU, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que auditó todo el proceso de confección de los nuevos pliegos y aportó una serie de recomendaciones sobre los temas centrales para garantizar transparencia y calidad técnica de la licitación.
En el análisis de los pliegos de la nueva licitación, la ONU destacó un dato central: hay al menos ocho empresas que están en condiciones de competir para quedarse con la nueva concesión.
El proceso de la ANPYN incluyó también una audiencia pública donde se repasó la gestión ambiental, un punto especialmente sensible de cara a las nuevas obras, así como el proceso de observaciones previas de este mes, donde publicó borradores de los pliegos y recibió nuevos pedidos de los navegantes, las empresas de dragado, usuarios y ambientalistas.
Con el inminente llamado, el gobierno busca destrabar una de las licitaciones más importantes de su gestión, dejando atrás el esquema de concesionario público vigente desde 2021 y pasando al sector privado las obras largamente reclamadas por los exportadores.
