El decreto se publicó este lunes en el Boletín Oficial, y establece un plazo de seis meses para llamar a concurso internacional por la mayoría accionaria de cada central. Reconoce las regalías de Neuquén y Río Negro, pero vuelve a eludir su participación en las decisiones.
Cómo había trascendido la semana pasada, el Gobierno extendió por un año las concesiones de las represas del Comahue, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Durante los próximos seis meses, se llevará a cabo un Concurso Internacional para la venta del paquete accionario mayoritario, actualmente bajo control estatal.
Paralelamente, a lo largo del año, se establecerá un esquema de distribución de regalías entre las provincias de Río Negro y Neuquén y la Secretaría de Energía.
Las empresas concesionarias, como Orazul (ahora Aconcagua Energía Generación) para Cerros Colorados, Enel para El Chocón y Arroyito, y AES para Alicurá e Hidroeléctrica Piedra del Águila, continuarán administrando los complejos hidroeléctricos tras la expiración de la prórroga que venció el 11 de agosto.
El artículo 6 indica que “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas indicadas.
Así lo estableció mediante el decreto 718/204 publicado hoy en el Boletín Oficial y que lleva la firma del presidente, Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El artículo 6 indica que “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas estatales creadas recientemente para cada central.
La normativa también ordena a las empresas ENARSA y NASA transferir a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas que serán privatizadas en los próximos seis meses para formalizar el proceso. Si la privatización no se concreta, las acciones retornarán al Estado.
Además, el decreto establece que las concesionarias actuales seguirán operando las hidroeléctricas hasta que se complete el proceso de privatización.
Estas firmas, que han administrado las instalaciones por 31 años, podrán solicitar a la Secretaría de Energía una prórroga de un año más mediante una Carta de Adhesión.
En caso de no adherirse, deberán continuar con la generación de energía eléctrica por al menos 45 días hábiles.
Neuquén, Río Negro y las represas del Comahue
Las provincias de Neuquén y Río Negro buscan ser incluidas en las negociaciones, argumentando que, tras la última reforma de la Constitución Nacional en 1994, son las legítimas dueñas de las aguas de los ríos Limay y Neuquén, dado que dicha reforma federalizó los recursos naturales.
Sin embargo, este punto es objeto de controversia con la administración central, que cuestiona la validez de este argumento ya que la privatización de las represas hidroeléctricas se realizó antes de esa reforma constitucional.
En el marco de la discusión sobre el futuro de las represas del Comahue, el 22 de julio, diputados nacionales de Neuquén y Río Negro presentaron un proyecto de resolución solicitando al Gobierno nacional que convoque a las provincias para implementar una tarifa eléctrica diferencial por la energía generada en las centrales hidroeléctricas de los ríos Neuquén y Limay.
Según el nuevo decreto, el paquete accionario de las sociedades hidroeléctricas está actualmente en manos de las empresas estatales Enarsa y NASA, las cuales deben transferir sus acciones a la Secretaría de Energía en los primeros seis meses.
Esta transferencia allanará el camino para la privatización de dichos activos.
En caso de que el concurso público para la venta de estas acciones no prospere, y se agoten los plazos establecidos, la titularidad del paquete mayoritario de acciones permanecerá bajo control estatal, permitiendo a las sociedades hacerse cargo de los complejos hidroeléctricos correspondientes.
Este escenario afecta directamente las expectativas de Río Negro y Neuquén de ser parte del poder concedente, una aspiración que ahora parece comprometida por lo estipulado en el decreto.
Además, entre las obligaciones que tendrán las empresas que continúen operando las represas, se incluye el pago de un esquema de regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén, que deberá ser acordado con la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.
Mediante el decreto 718/2024, el Gobierno estableció un plazo de 180 días para la publicación de los pliegos que permitirán llevar a cabo una nueva privatización de las concesiones hidroeléctricas, siguiendo un proceso similar al que implementó el gobierno de Carlos Menem en 1993.
En aquella ocasión, las concesiones se otorgaron por un periodo de 30 años, el cual expiró a mediados de 2023. En ese momento, el gobierno peronista postergó la decisión sobre el futuro de las centrales, en medio de debates internos, en los que un sector del kirchnerismo abogaba por que la operación de las mismas quedara en manos de la empresa estatal Enarsa. Finalmente la cuestión se pospuso y ahora, la nueva administracion avanza con la privatización.
