El 23 de octubre se conocerán las ofertas para operar durante 30 años las cinco centrales hidroeléctricas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén. Las compañías subrayaron que la licitación “está bien armada”.
La privatización de las represas del Comahue avanza según lo programado y se definió cuándo se conocerán las propuestas. En ese marco, se empiezan a conocer a las empresas interesadas en hacerse de la concesión. Y entre ellas aparecen dos jugadores de peso: Central Puerto y Aluar.
Esta semana, la secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó que el 23 de octubre se abrirán los sobres con ofertas para adquirir los paquetes accionarios de las represas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén. El proceso definirá quiénes estarán al frente de la operación por los próximos 30 años, luego de que los contratos originales vencieran en 2023.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, expresó que aspira a que el proceso “sea muy exitoso, que haya mucha oferta y competencia y que los que sean adjudicatarios sean buenos operadores y gestionadores privados”.
La funcionaria compartió más detalles de los últimos avances durante su intervención en el evento Renewables & Electricity Day. Allí, Tettamanti expresó que su aspiración es que el proceso “sea muy exitoso, que haya mucha oferta, que haya mucha competencia y que los que sean adjudicatarios de esas concesiones sean buenos operadores y gestionadores privados”.
En esa línea enfatizó que el Gobierno busca ofrecer “claridad con respecto a las licitaciones” para que los interesados cuenten con reglas previsibles. Con esta definición, descartó las versiones que anticipaban una posible extensión de los plazos para la presentación de propuestas.
El Decreto 564/25, firmado por el Poder Ejecutivo, ordenó reprivatizar las concesiones que habían sido adjudicadas por primera vez en 1993, fijando un esquema de operación a treinta años. De esta manera, se habilitó la transferencia de los paquetes accionarios correspondientes y se estableció el procedimiento para su venta mediante concurso público nacional e internacional.
Las centrales comprendidas en el proceso incluyen a El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita, todas estratégicas para el sistema eléctrico nacional. En conjunto, las represas del Comahue aportan alrededor del 25% de la generación hidroeléctrica del país.
El interés de las energéticas por las represas
Entre las empresas que ya confirmaron su participación se encuentran Central Puerto y Aluar, dos de los grupos más relevantes del sector energético e industrial. Central Puerto, considerada la mayor generadora de electricidad del país, opera actualmente la represa de Piedra del Águila, uno de los complejos incluidos en la licitación.
Su representante, Gabriel Ures, aseguró que la compañía “va a participar en ese proceso sin lugar a dudas”, ratificando su intención de mantener presencia en la región del Comahue.
Por su parte, Aluar, fabricante de aluminio y operadora de la central hidroeléctrica Futaleufú, manifestó también su interés en el concurso.
Gabriel Vendrell, directivo de la empresa, calificó la licitación como “bien armada y con mayor fortaleza jurídica”, y destacó que esta versión supera a la de los años noventa debido a que “el régimen tarifario de las centrales está incluido en el contrato de concesión”.
A su juicio, esa incorporación otorga previsibilidad a los futuros adjudicatarios sobre los ingresos esperados y las condiciones de operación. Vendrell explicó además que los nuevos pliegos contemplan un mecanismo progresivo para permitir la participación en el Mercado a Término (MAT).
“Se parte con un nivel muy bajo del 5%, pero en el 2030-2031 se llega a la posibilidad de vender el 100% de su producción”, señaló.
Este esquema, que combina un componente regulado con otro de libre comercialización, apunta a modernizar el régimen de explotación hidroeléctrica y a atraer capital privado con horizontes de largo plazo.
El ejecutivo de Aluar también consideró que los plazos dispuestos por la Secretaría de Energía fueron ajustados, aunque entendió que la decisión de no otorgar una nueva prórroga responde a razones financieras. Según él, las necesidades políticas de caja para que los fondos ingresen lo antes posible influenciaron en la determinación de mantener el cronograma original.
Pese a ello, sostuvo que el interés empresarial es elevado y que “va a haber muchas ofertas” debido a la solidez técnica del proceso. La secretaria Tettamanti respaldó esa visión al remarcar que el Estado busca garantizar un marco jurídico estable y competitivo.
