Una Resolución de Energía intruye a las distribuidoras de electricidad para que ajusten la potencia eléctica contratada por ministerios, entes nacionales y otros ámbitos del Estado nacional.
Apuntando a la eficiencia del sector público, el Gobierno resolvió forzar una reducción del consumo energético en todos los edificios del Estado Nacional, con el objetivo de reducir el gasto y a la vez, contagiar el ánimo de ahorro de los ciudadanos en sus hogares.
Esta decisión se formalizó a través de la Resolución 148/2024, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo.
Básicamente, en la disposición se instruye a las empresas distribuidoras de electricidad para que modifiquen la potencia eléctrica contratada por los organismos públicos, ajustándola a la máxima demandada en el mes anterior a la entrada en vigencia de la resolución.
La medida se enmarca la declaración de emergencia energética que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 con el objetivo de estabilizar el sistema y alcanza a numerosos ámbitos de la administración pública, incluidos ministerios, entes nacionales y organismos descentralizados.
La normativa enfatiza que el sector público debe asumir un rol ejemplar ante la sociedad, implementando medidas que optimicen el desempeño energético de sus instalaciones.
El objetivo es cumplir con criterios de ahorro económico y eficiencia energética, en medio de un proceso para reducir los subsidios de las tarifas eléctricas de los usuarios residenciales y fomentar también en ese sector el ahorro de energía.
La normativa enfatiza que el sector público debe asumir un rol ejemplar ante la sociedad, implementando medidas que optimicen el desempeño energético de sus instalaciones.
«La eficiencia energética en edificios públicos permitirá el mantenimiento de los servicios energéticos a un menor costo, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad«, se destaca en los considerandos de la norma.
En caso de variaciones estacionales en la demanda de potencia eléctrica, la resolución aclara que “la potencia contratada deberá ajustarse al período de alta demanda y luego reducirse, garantizando así una adecuada capacidad de suministro y el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos en las dependencias de los organismos de la Administración Pública Nacional”.
Medidas para mejorar la eficiencia energética
Además, se estableció que todas las dependencias públicas deben implementar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROUREE).
Este plan tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de los sistemas de iluminación en los edificios públicos, capacitar al personal en prácticas eficientes de uso de la energía, y adoptar criterios de eficiencia energética en los sistemas de compras del Estado Nacional para la adquisición de bienes y servicios.
El programa también incluye la propuesta de crear un inventario detallado y actualizado de todas las instalaciones de energía eléctrica, gas, equipos de acondicionamiento de aire, sanitarios y agua potable en todas las dependencias estatales.
Una guía de ahorro para comercios y proveedores de servicios
El ahorro energético se ha transformado en una prioridad para el Gobierno. Tanto, que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía crearon una guía de medidas para optimizar el consumo energético en diversas actividades y servicios mientras se sigue esperando un aumento en las tarifas que mes a mes se difiere total o parcialmente.
La «Guía Comercial y Servicios: Buenas prácticas para reducir el consumo de energía», apunta a que los usuarios bajen sus costos operativos y contribuyan así a la sostenibilidad ambiental.
Esta suerte de manual proporciona recomendaciones detalladas para la gestión de la iluminación, la climatización y el equipamiento, elementos cruciales para reducir el consumo de energía y los costos asociados.
En ese aspecto se considera prudente asignar a una persona responsable de verificar que no queden luces encendidas innecesariamente al final de la jornada laboral.
Uno de los principales focos de la guía es la iluminación, un área que puede representar hasta el 40% del consumo eléctrico de un comercio u oficina.
Además, recomienda instalar sensores de presencia que activan las luces solo cuando detectan movimiento, y las apagan según un tiempo programado.
También alienta el uso de fotocélulas que permitan el apagado automático cuando la luz natural es suficiente y colocar temporizadores para controlar el encendido y apagado de las luces según horarios predefinidos.
De acuerdo a la guía, estas medidas pueden significar ahorros energéticos de entre el 10% y el 30%.
