A partir del anuncio de la finalización de los subsidios para el transporte por parte del Estado Nacional, volvió a quedar sobre el tapete la interrelación entre los diferentes medios de transporte que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde el primer día de septiembre la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires dejarán de recibir subsidios para el transporte automotor de pasajeros, por lo que ambas jurisdicciones «van a tener que hacerse cargo del boleto integrado», según anunció días atrás el Secretario de Transporte, Franco Mogetta.
El funcionario entonces advirtió que no habrá ninguna ayuda económica para las líneas que solo hacen el recorrido en sus distritos, y que el Estado nacional sólo subsidiará el transporte que hace su recorrido entre ambas jurisdicciones. Allí se deberían definir los valores de colectivos y trenes por donde 16 millones de argentinos viajan a sus trabajos, educación y vida social a diario.
También buscan que provincia y Ciudad absorban los descuentos de la Red SUBE por integrar 2 o 3 viajes (de 50% a 75%, respectivamente) en un plazo menor a las 2 horas, tanto en la Ciudad como en la provincia.
Esto trajo a colación el funcionamiento de la denominada “Agencia Metropolitana del Transporte”, un ente tripartito, creado en 2012 y oficializado en 2014, con la finalidad de unificar criterios entre representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional para la coordinación conjunta de los tres gobiernos respecto al transporte multimodal en el Área Metropolitana.
Mediante dicha agencia, el Gobierno Nacional buscaba equiparar a la Ciudad con la Provincia en cuanto al control y a las responsabilidades sobre el transporte que se realiza dentro de cada jurisdicción del AMBA, pero en la práctica, más allá de varios intentos, no funcionó nunca.
Hoy, la Agencia debería coordinar con la nación cómo organizar el reparto de subsidios ya sin la coordinación nacional. Con tres gobiernos de signo político distinto, pensar en acuerdos resulta una quimera.
Hubo un intento de relanzar la ATM en 2016, cuando Nación, Provincia y Ciudad estaban gobernadas por un mismo signo político.
En pleno macrismo se anunciaron dos grandes obras bajo la órbita de la agencia: la Red de Expresos Regionales -un proyecto ferroviario que quedó en el olvidó por falta de financiamiento y el ajuste acordado con el FMI- y el soterramiento del tren Sarmiento, inicialmente prometido por Néstor Kirchner y cuyas demoras en su puesta en marcha ya son legendarias.
Mediante dicha agencia, el Gobierno Nacional buscaba equiparar a la Ciudad con la Provincia en cuanto al control y a las responsabilidades sobre el transporte que se realiza dentro de cada jurisdicción del AMBA, pero en la práctica, más allá de varios intentos, no funcionó nunca.
Justo antes de la pandemia tuvo lugar en Buenos Aires otra reunión “para la puesta en marcha” de la entidad metropolitana de transporte, de la que también participaron representantes del Banco Mundial y de la UNSAM.
Todos los dirigentes coincidieron en la importancia de hacer funcionar a la agencia. Pero en medio de acusaciones cruzadas, y en un clima enrarecido por las internas que atravesaban en ese momento, tanto al gobierno como a la oposición, nadie se animó a dar el primer paso.
Más cerca en el tiempo, en enero del 2023, se concretó un nuevo encuentro y se dialogó sobre los diversos desafíos que enfrentan el transporte y la movilidad comunes al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Y se planteó avanzar en una planificación multimodal integrada del transporte público; en disponer y administrar recursos; en analizar los datos provistos por la tecnología del sistema SUBE; en coordinar trabajos entre los equipos técnicos de las tres jurisdicciones y en establecer políticas de género claves en el transporte.
Pero una vez más, todo quedó en enunciados y hasta el día de hoy la Agencia sigue siendo un nombre rutilante sin ninguna acción concreta sobre el transporte del AMBA.
Las agencias de Transporte en otros países
Como referencia a lo que podría ocurrir en nuestra jurisdicción, se puede repasar cómo se implementa un modelo similar en otros lugares.
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) logró desarrollar un plan metropolitano de movilidad urbana y hasta un atlas de la estructura urbana comercial. Berlín, que al igual que CABA es una jurisdicción rodeada por otra (el Estado de Brandenburgo), tiene un consorcio de transportes que define una tarifa única e intermodal y las frecuencias que deben ofrecer los diferentes operadores del sistema.
Más cerca nuestro, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca que prioriza siete temas incluyendo movilidad, seguridad y ordenamiento territorial.
Incluso en Argentina, aunque en otra escala, las municipalidades de Salta y Saeta crearon una autoridad metropolitana que actualmente coordina cuestiones como el servicio de taxis y el boleto estudiantil.
En Estados Unidos el gobierno le exige a todas las grandes ciudades en busca de fondos federales que cuenten con autoridades metropolitanas para gestionarlos.
Ciudad y Provincia se enfrentan ahora a una instancia decisiva en cuanto al sostenimiento económico de los servicios.
Ya los empresarios del transporte de colectivos anunciaron la reducción de servicios nocturnos y de fines de semana, debido a la baja de los subsidios. Sus intereses atraviesan los límites de la General Paz y el Riachuelo, donde viven nada más ni nada menos que 16 millones de personas.
