A más de un año de su implementación, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) comienza a mostrar su verdadero alcance dentro del mapa productivo argentino. Lo que en sus primeros meses era una promesa sujeta a debate político, hoy se traduce en desafíos regulatorios y una pregunta que cruza a todos los sectores: ¿cómo integrar al entramado productivo local en un régimen diseñado para inversiones de capital extraordinario?
El balance coloca a la Argentina frente a un momento bisagra. Según cifras oficiales y datos proporcionados por las compañías involucradas, el total de inversiones presentadas bajo el RIGI asciende a US$ 33.876 millones, un volumen inédito para los últimos años.
De ese total, cerca del 46,5% ya recibió aprobación, mientras que el resto (más de US$ 17.800 millones) continúa en proceso de evaluación por parte del Comité Asesor. En esa lista se encuentran proyectos energéticos, mineros e industriales que podrían redefinir el perfil exportador del país en la próxima década, especialmente en lo referido a cobre, litio y gas natural licuado (GNL).
La mayor parte de esta cartera está integrada por proyectos clasificados como de gran escala y largo plazo, con una vida útil superior a los 20 años y un impacto decisivo sobre la infraestructura energética y logística, tanto en la Patagonia como en el noroeste y la región cordillerana.
Esta concentración territorial abre preguntas centrales sobre la articulación federal y sobre qué capacidad tienen las provincias para absorber el impacto económico, social y ambiental que generan obras de este volumen.
Régimen pensado para mover la aguja macroeconómica
El RIGI fue diseñado con un objetivo explícito: atraer grandes inversiones que Argentina históricamente no lograba capturar por falta de previsibilidad macroeconómica y marcos regulatorios estables.
Para ello, el régimen ofrece condiciones extraordinarias: estabilidad normativa por 30 años, un esquema impositivo más competitivo, reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, desgravación aduanera para bienes de capital y, uno de los puntos más sensibles, libertad para disponer de divisas sin restricciones.
En el RIGI se encuentran proyectos energéticos, mineros e industriales que podrían redefinir el perfil exportador del país en la próxima década, especialmente en lo referido a cobre, litio y gas natural licuado (GNL)
Estas condiciones generaron un flujo inmediato de proyectos de altísima escala, en especial en energía y minería, que juntos representan más del 98% de todo lo presentado. La magnitud del portafolio muestra que existe capital dispuesto a ingresar, pero también expuso una preocupación que atraviesa a las provincias: cómo evitar que la inversión se convierta en enclaves productivos desconectados del tejido local.
En energía sobresalen dos megaobras: la planta flotante de Licuefacción de Gas Natural ubicada en la costa rionegrina -proyecto Southern Energy por más de US$ 6.800 millones- y el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que elevará la capacidad exportadora de petróleo no convencional hacia mercados asiáticos.
Ambos proyectos articulan infraestructura portuaria, ductos, líneas de alta tensión y servicios logísticos complementarios, generando actividad en múltiples cadenas productivas.
En minería, la ventana del RIGI permitió que empresas globales aceleren presentaciones en proyectos de litio y cobre ubicados en Salta, Catamarca, Jujuy y San Juan, donde se encuentra la mayor concentración de minerales críticos para la transición energética a nivel mundial.
Los proyectos Rincón (Rio Tinto) y Hombre Muerto Oeste (Galan Lithium) ya fueron aprobados, mientras que iniciativas de clase mundial como Los Azules, Agua Rica y El Pachón se encuentran bajo análisis avanzado.
Este escenario abre expectativas, pero también obliga a pensar cómo las provincias absorberán y gestionarán impactos que incluyen infraestructura vial, uso del agua, tensiones sociales, licencias ambientales y, especialmente, participación de proveedores locales.
La respuesta de las provincias: entre la oportunidad y la necesidad
Frente al desembarco de capitales de gran porte, las provincias comenzaron a trazar estrategias propias. La primera reacción fue política: muchas adhirieron al RIGI nacional para no quedar fuera de la carrera por inversiones.
Pero la segunda reacción fue más profunda: crear mecanismos provinciales que permitan atraer inversiones chicas y medianas que el RIGI no contempla.
Este fenómeno dio origen a lo que comenzó a identificarse como “mini RIGI” provinciales, concebidos para abordar vacíos estructurales que el régimen nacional todavía no logra cubrir.
Mendoza fue pionera en esto con el programa Emprende Produce, que combina créditos blandos, eliminación de tasas, subsidios al empleo formal y financiamiento para innovación productiva. El objetivo es simple: si llegan inversiones millonarias a minería o energía, las PyMEs mendocinas deben tener condiciones para participar en la cadena de valor y no quedar relegadas a roles marginales.
La Pampa replicó la estrategia con un sistema de beneficios fiscales a cinco y diez años para proyectos vinculados a energías renovables, tecnología y servicios de conocimiento. Además, creó un fondo de garantías públicas para facilitar el acceso al crédito productivo.
Neuquén avanzó con su programa Invierta en Neuquén, diseñado para absorber inversiones que complementen a Vaca Muerta, pero sin atarse a montos mínimos de capital. La lógica es captar emprendimientos turísticos, industriales y de servicios especializados que amplíen la matriz económica.
En Salta, donde el litio es protagonista, se impulsa un plan para fortalecer proveedores mineros, impulsar infraestructura y diversificar la economía hacia turismo, logística y servicios especializados. La provincia busca evitar un crecimiento desigual entre zonas mineras y zonas urbanas.
Santa Fe, aunque su economía es industrial y agroexportadora, identificó que el RIGI abre oportunidades para su red de más de 300 PyMEs proveedoras de tecnología, metalmecánica, logística y servicios avanzados. El desafío es usar su capacidad manufacturera para ser soporte técnico de la minería del NOA y de la energía patagónica.
El mensaje detrás de todos estos programas provinciales es claro: Si Argentina va a tener un régimen para grandes corporaciones, también necesita herramientas para fortalecer su estructura productiva local.
La deuda pendiente: un régimen PyME nacional
Uno de los puntos más debatidos hoy es la ausencia de un RIGI PyME. El régimen nacional está enfocado exclusivamente en inversiones multimillonarias y, aunque el artículo 176 exige un 20% de proveedores locales, esto no garantiza que las PyMEs tengan condiciones reales para integrarse.
El país tiene más de 600.000 PyMEs, de las cuales solo una fracción tiene capacidad financiera y tecnológica para vincularse a proyectos de escala global. A pesar de los avances como el aumento del crédito a través de SGRs, la carga tributaria, la burocracia, la presión laboral y los altos costos energéticos continúan siendo barreras decisivas.
La experiencia del RIGI confirma que los incentivos funcionan cuando son claros y predecibles. El desafío ahora es trasladar esa lógica al ecosistema productivo que genera empleo cotidiano.
Un equilibrio en construcción
El balance del RIGI hasta este momento revela dos certezas. La primera es que el régimen logró atraer inversiones estratégicas que podrían transformar el perfil exportador del país, generar infraestructura crítica y abrir mercados internacionales.
La segunda es que, sin una política complementaria para integrar a las PyMEs y articular con las provincias, el país corre el riesgo de profundizar una estructura de enclaves productivos con bajo impacto territorial.
La próxima etapa dependerá de la capacidad institucional para integrar ambos universos: grandes inversiones globales y desarrollo local.
Sin una política complementaria para integrar a las PyMEs y articular con las provincias, el país corre el riesgo de profundizar una estructura de enclaves productivos con bajo impacto territorial.
Para que el RIGI sea no solo un régimen para atraer capital, sino una política de desarrollo, deberá convivir con programas provinciales, una agenda PyME nacional y acuerdos interjurisdiccionales que ordenen estándares ambientales, infraestructurales y de proveedores en toda la Argentina.
Ese es, hoy, el verdadero desafío del modelo.
La competencia entre provincias para atraer las inversiones
Mientras el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones redefine el mapa de capitales en Argentina, las provincias mineras y energéticas comenzaron a desplegar estrategias propias para no quedar como simples receptoras pasivas.
En el NOA y Cuyo, los gobiernos provinciales avanzan con programas que reducen impuestos, aceleran habilitaciones y promueven proveedores locales para captar parte del flujo inversor que traerán el litio y el cobre.
Cada región organizó sus regímenes asociados a la expectativa y capacidad de asociarse a los grandes proyectos que llegarían derivados del RIGI nacional.
En paralelo, distritos como Mendoza, Neuquén o La Pampa lanzaron sus propios “mini RIGI”, adaptados a escalas menores y pensados para pymes regionales. Esa respuesta provincial muestra un giro significativo: la inversión ya no depende solo del marco nacional, sino de la capacidad de cada jurisdicción para generar certidumbre, infraestructura y un entorno competitivo.
El resultado empieza a notarse en nuevas cadenas de valor y en un federalismo más activo, donde cada provincia busca tallar su lugar en la economía que viene.
