Las represas Alicurá, El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila, y Cerros Colorados continuarán bajo la administración privada, con Enarsa como veedor y sin participación de las provincias de Neuquén y Río Negro.
A primera hora de este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 2/2024 que determinó una prórroga de dos meses más para las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
El documento, que lleva la rúbrica del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, señala que el vencimiento de los convenios coincide con el recambio del Ejecutivo y que por razones de seguridad no deben acelerarse los procesos.
Las concesiones que se otorgaron en los 90 vencieron en agosto y, en pleno proceso electoral y con el plan de estatizar las centrales en pausa, el gobierno anterior decidió prorrogarlas, una política que ahora se extiende.
En 2023 había cobrado fuerza la idea de que, terminados los contratos con los privados, las represas volvieran a la administración pública nacional, y las provincias de Neuquén y Río Negro pujaban por tener participación en la gestión de las represas e incluso habían logrado que se creara una mesa de diálogo.
Actualmente, ese plan está descartado por el nuevo gobierno, que entiende que corresponden exclusivamente al Estado Nacional y además, se estipula, impulsará nuevas concesiones y no el pase a la esfera pública. De cualquier modo, ese tipo de definiciones siguen postergadas.
A partir de la decisión de hoy, las compañías privadas que administran el complejo hidroeléctrico compuesto por las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila, sobre el río Limay, y Cerros Clorados, en el río Neuquén, seguirán a cargo por 60 días. Asimismo, Enarsa continuará como veedor de las instalaciones junto con los representantes de las provincias de Río Negro y Neuquén designados.
La ampliación de los plazos comenzará el 19 de enero en todas las represas a excepción de Cerros Colorados, cuya prórroga iniciará el 28 de febrero.
En los considerandos de la resolución se puntualiza que la medida se enmarca en lo que Energía catalogó como “período de transición” y se insta a las concesionarias a cumplir con todas sus obligaciones derivadas de los contratos previamente firmados “a los efectos de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca”.
A pesar de que cinco de los acuerdos vencieron jurídicamente el 11 de agosto del año pasado y uno lo hizo en diciembre, la cartera energética que trabaja bajo la órbita del Ministerio de Economía tiene la facultad unilateral de realizar extensiones de hasta 12 meses para que los concesionarios operen las instalaciones mientras se determina su futura administración.
De esta manera, la ampliación de los plazos comenzará el 19 de enero en todas las represas a excepción de Cerros Colorados, cuya prórroga iniciará el 28 de febrero. El texto concluye confirmando la puesta en vigencia de la resolución a partir de su publicación.
Las centrales hidroeléctricas del Comahue, sin las provincias
La administración de las centrales del Comahue fue abordada por el propio Chirillo en el debate de los apartados de la Ley Ómnibus en el plenario de comisiones que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación.
Allí, el funcionario aseguró que las hidroeléctricas volverán a manos del Estado Nacional sin las participaciones de Río Negro y Neuquén.
“Una cosa es el agua y otra la energía eléctrica”, remarcó y explicó que “cuando el contrato vence, los bienes que fueron dados en uso revierten al Estado Nacional, la presa y los equipos de la concesionaria. Esto es bastante claro en la Ley 15336 que no fue alterado por la Reforma Constitucional de 1994”.
Por su parte, las provincias involucradas le solicitaron, tanto al gobierno anterior como a la nueva gestión, que las plantas en disputa que se instrumente una administración compartida con Nación. En respuesta, Chirillo aclaró que, si bien los ríos siempre fueron provinciales, “lo que el Estado se reservó es el aprovechamiento hidroeléctrico”.
“El salto del agua genera una energía mecánica que si uno le pone una turbina puede generar kilovatios y los inyecta a la red. Ese salto de agua es lo que se reservó la concesión el Estado Nacional sobre todas las fuentes y ríos”, continuó el funcionario.
Por último, el secretario respondió las consultas de los representantes provinciales señalando que “la ley dice que la energía es una cosa y el agua es otra cosa distinta. Aunque el río sigue siendo de la provincia y la determinación de los usos del río es una facultad de la provincia, o de las autoridades interjurisdiccionales de cuencas si son de más de una provincia como es en este caso”.
