Había ingresado hacía dos semanas y apuntaba a mejorar la producción de gas y petróleo convencional, que está en declive. Hubo reparos de operadoras y de las provincias involucradas.
Apenas dos semanas después de enviarlo al Congreso de la Nación, el gobierno resolvió retirar el proyecto de Ley de Promoción de Áreas Maduras de petróleo y gas. La iniciativa todavía no había registrado movimiento alguno en el camino hacia su eventual tratamiento y había cosechado los reparos tanto de operadoras como de las provincias involucradas.
La iniciativa apuntaba a mejorar la producción de gas y petróleo convencional, pero fue retirada tras la derrota electoral que sufrió el oficialismo el domingo pasado en el balotaje presidencial.
Incluso antes de oficializarse la presentación del proyecto de ley, las voces en contra del borrador se habían hecho escuchar desde distintos espacios y fueron probablemente la causa que motivó, ahora, al gobierno a desistir.
Aunque tanto empresas como provincias habían celebrado que se aplicara un mecanismo que hiciera el desarrollo de los campos maduros más atractivo para las inversiones, lo cierto es que también habían reclamado cambios en el texto que finalmente jamás se introdujeron en el proyecto que ingresó al Congreso y que ahora acaba de naufragar.
Los cuestionamientos al proyecto de promoción de áreas maduras de petróleo
Mientras que desde las provincias pidieron realizar modificaciones que no fueron contempladas, desde los sindicatos de las cuencas del sur se advirtió directamente que no habían sido consultados.
La iniciativa todavía no había registrado movimiento alguno en el camino hacia su eventual tratamiento y había cosechado los reparos tanto de operadoras como de las provincias involucradas.
Entre los principales ejes que se buscaba cambiar estaba la duración del régimen, que se había fijado por 10 años y se pedía que fuera por 20.
Además, hubo múltiples cuestionamientos a las inversiones mínimas solicitadas, que se remarcó que no estaban acordes a los desarrollos del segmento del convencional.
Y lo mismo pasaba con el artículo que permitía a las operadoras exportar hasta el 50% de su producción incremental, cuando en el convencional la realidad es que ya es todo un verdadero desafío frenar el declino natural que experimentan en la actualidad los pozos.
El costo de extracción promedio (lifting cost) de un barril de petróleo convencional ronda entre los 23 y 27 dólares, mientras que en los desarrollos no convencionales como Vaca Muerta hoy no superan los 6 dólares por barril, en desarrollos masivos. Es principalmente debido a esta gran brecha que las empresas chicas son las más perjudicadas cuando se decide congelar el precio del barril y por esto reclamaban además un precio diferencial.
La letra chica del proyecto contenía incentivos fiscales y tributarios, con un principal objetivo: «Obtener producción incremental de petróleo crudo en áreas maduras y con pozos de media o baja productividad, o previamente inactivos o cerrados, por métodos tradicionales, con aplicación de nuevas tecnologías o mediante sistemas o mecanismos móviles de extracción y transporte, autorizados por la Autoridad de Aplicación, en los términos que establezca la reglamentación».
El proyecto establecía cuatro incentivos:
- Posibilidad de unificación de distintas áreas como una única concesión de explotación de hidrocarburos con la autorización del poder concedente.
- Libre comercialización en el mercado externo de una parte de la producción incremental de hidrocarburos líquidos, y beneficios en materia de derechos de exportación. Así, el 50% de la exportación incremental no tendrá retenciones.
- Eliminación de la alícuota de importación de determinados polímeros.
- Beneficios Fiscales en relación al Impuesto a las ganancias y a la devolución del IVA
