La Secretaría de Energía destinará una suma cercana a los mil millones de pesos para una línea de crédito que se otorgará a través de entidades bancarias públicas y privadas.
El Ministerio de Economía creó el lunes el Programa de Financiamiento para Capital de Trabajo en la Industria del Biodiésel, con el objeto de ofrecer mejores condiciones a las empresas para la adquisición de insumos necesarios para la elaboración de ese combustible.
El nuevo programa, que quedó plasmado en la Resolución 947/2023 publicada en el Boletín Oficial, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, y el incentivo comprenderá el otorgamiento de una bonificación de 14,5% de la tasa de interés Badlar más 7 puntos porcentuales, que se instrumentará a través del otorgamiento de una línea de crédito por parte de las entidades financieras, de carácter público como privado, «que tengan alto grado de despliegue territorial y que se adhieran a dicho programa», indica la norma.
El programa se implementará a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), en el que la Secretaría de Energía deberá poner a disposición una suma de 988 millones de pesos.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno resaltó que «el abastecimiento sostenido de combustibles y de biocombustibles reviste un papel estratégico y trascendental en el desarrollo de las actividades económicas del país».
Las entidades financieras seleccionadas se encargarán de que esos fondos lleguen a las empresas del sector que sean elegibles por estar habilitadas por la Secretaría de Energía.
En los considerandos de la resolución se destacó que «el abastecimiento sostenido de combustibles y de biocombustibles reviste un papel estratégico y trascendental en el desarrollo de las actividades económicas del país».
En consecuencia, esa situación «exige aunar esfuerzos entre las distintas carteras del Gobierno para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados por la legislación vigente, máxime si se tienen en cuenta los impactos beneficiosos que han venido teniendo en tal sentido las medidas y programas implementados por el Estado nacional».
A fines de atenuar los impactos negativos del mercado internacional de combustibles, se propuso la creación del programa para «ofrecer condiciones de financiación altamente beneficiosas para la adquisición de los insumos necesarios para la elaboración del biodiesel».
El corte mínimo de los biocombustibles
El diputado nacional Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe) presentó a fines de junio un proyecto de ley para subir de manera progresiva los cortes mínimos obligatorios de biodiésel en gasoil y bioetanol en nafta, y otro en el que solicita al Poder Ejecutivo que determine la fórmula de cálculo de los precios de biocombustibles para dar previsibilidad a los sectores productivos.
La primera iniciativa prevé elevar el corte mínimo obligatorio de biodiésel en gasoil al 12% debiendo ser incrementado un punto porcentual por año hasta alcanzar el 18%, y en el caso del corte del bioetanol el porcentaje mínimo parte del 15% para alcanzar el 22% en 2030.
Al respecto el legislador remarcó que este proyecto «busca emparejar la política de biocombustibles argentina a la del vecino Brasil, referente de este mercado a nivel mundial».
«La capacidad productiva de nuestro país en materia de biodiésel refleja un enorme potencial para sustituir importaciones de gasoil que se traduce en más empleo argentino y menor utilización de dólares. La provincia de Santa Fe es protagonista en el sector, concentrando el 80% de la producción de biodiesel», destacó.
Por su parte, el segundo proyecto solicita al Poder Ejecutivo la determinación de la fórmula de cálculo de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas obligatorias con combustibles fósiles, tal como lo manda el artículo 14 de la Ley de Biocombustibles pendiente de reglamentación tras 2 años de su sanción por parte del Congreso Nacional.
Le Ley de Biocombustibles aprobada a mediados de 2021 dispuso la reducción a la mitad el corte obligatorio de biodiésel para gasoil, que pasó al 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final.
La ley que regirá hasta el 31 de diciembre de 2030 con posibilidad de ser prorrogada por otros cinco años dispuso a la vez un porcentaje obligatorio de bioetanol de 12% para las naftas, porcentaje que se debe repartir en 6% para los combustibles elaborados en base a la caña de azúcar y 6% para el maíz.
