La electricidad que generen se dividirá en regulada (con precios fijados por contrato) y liberada, que podrá venderse en el Mercado Spot o a través de contratos privados.
El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo esquema de funcionamiento de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, luego de completar su transferencia a manos privadas.
La medida se oficializó a través de la Resolución 19/2026, publicada en el Boletín Oficial este miércoles 28 de enero, que establece las normas para la operación, la comercialización de la energía y su integración al mercado eléctrico.
La electricidad producida por las represas se dividirá en dos segmentos.
El proceso de privatización se había iniciado con la licitación pública del 20 de agosto de 2025, en la que se definieron requisitos para los oferentes.
Entre las condiciones, se estipuló que ninguna empresa pudiera superar el 20% de la generación eléctrica nacional y que no participaran compañías públicas provinciales o municipales, con el objetivo de mantener cierta dispersión en la propiedad del sector.
El Ejecutivo sostuvo que la transferencia busca promover nuevas inversiones en infraestructura, optimizar los costos de operación y fomentar la competitividad del sector hidroeléctrico.
Sin embargo, algunas autoridades provinciales y actores locales expresaron inquietudes sobre el posible impacto en la soberanía energética y el control de los recursos estratégicos del país.
División de la energía y administración en las ventas
La resolución establece que la electricidad producida por las represas se dividirá en dos segmentos: energía regulada y energía liberada.
La primera mantiene precios fijados por contrato y se comercializa bajo reglas establecidas por el Estado, asegurando previsibilidad y abastecimiento. La segunda puede venderse libremente en el Mercado Spot o mediante contratos privados, lo que permite a las empresas obtener mayores ingresos cuando los precios de la electricidad aumentan.
La administración de la venta y facturación de la energía estará a cargo de CAMMESA, que deberá liquidar los pagos por energía, potencia y regalías siguiendo los precios base indicados en la resolución.
Un aspecto destacado es que los valores se actualizarán según la inflación estadounidense, tomando como referencia los índices PPI y CPI, y no la inflación local, garantizando un ajuste internacional de los contratos.
En los casos en que los contratos no especifiquen el tipo de cambio para la conversión a pesos, se aplicará el dólar oficial publicado por el Banco Central en el último día hábil de cada mes. Esta medida busca uniformidad en la liquidación de los contratos en moneda extranjera y reducir posibles conflictos operativos entre las empresas y el regulador.
Se completa la privatización de las represas
La toma de posesión efectiva de las represas se realizó el 9 de enero de 2026. Desde esa fecha, las compañías adjudicatarias —Central Puerto, Edison Holding y BML Energía— asumieron la operación de los sistemas hidráulicos, iniciando contratos de concesión que tendrán vigencia por 30 años.
Uno de los objetivos centrales de la resolución es garantizar que la transición no genere interrupciones en el suministro eléctrico ni problemas en la operación o facturación. Por ello, CAMMESA recibirá instrucciones técnicas detalladas para mantener la continuidad del servicio “como siempre”, asegurando estabilidad en la comercialización y en los pagos entre las empresas.
Las regalías hidroeléctricas seguirán siendo calculadas y pagadas por CAMMESA a las provincias correspondientes, principalmente Neuquén y Río Negro. Según el texto oficial, estos pagos se aplicarán sobre la totalidad de la energía producida, no solo sobre la vendida, preservando los ingresos provinciales derivados de la explotación hidroeléctrica.
Con esta estructura, el Gobierno busca equilibrar la participación privada en la generación de energía con la regulación estatal necesaria para proteger la continuidad del servicio, los ingresos provinciales y la previsibilidad del mercado eléctrico. La medida marca el inicio de un modelo de operación híbrido, donde se combina el control regulatorio con la libertad comercial en la venta de electricidad.
