El Gobierno formalizó un esquema mixto para la operadora de las centrales de Atucha I, Atucha II y Embalse. Habilita la venta del 44% del capital social, reserva un 5% para trabajadores y mantiene el 51% bajo control estatal. La oposición apura proyectos en Senadores y Diputados para bloquear la iniciativa.
El Poder Ejecutivo oficializó esta semana, mediante un decreto, la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que gestiona las tres centrales nucleares del país en operación: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un modelo de participación público-privada en el que el Estado retendrá la mayoría de las acciones.
El esquema contempla la venta del 44% del capital social a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional.
El decreto resalta que en 2024 la compañía alcanzó un récord histórico de generación eléctrica, con 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, cifras alineadas con los estándares internacionales de seguridad.
Además, prevé un Programa de Propiedad Participada que destinará un 5% de las acciones a los trabajadores de la compañía. De esta manera, la tenencia estatal se asegurará con un 51% distribuido entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Una de las novedades respecto de proyectos previos es que el decreto elimina la obligación de que la CNEA se desprenda de su participación, equivalente al 20% del capital social. Así, el organismo seguirá como accionista clave y con peso institucional en la toma de decisiones.
La privatización parcial se apoya en la Ley de Bases 27.742 y en la Ley de Reforma del Estado 23.696, que facultan al Gobierno a avanzar en procesos de privatización. Según los fundamentos oficiales, la apertura a inversores privados permitirá aumentar la eficiencia en la gestión y garantizar recursos para iniciativas estratégicas.
El Boletín Oficial recordó que en 2023 Nucleoeléctrica recibió transferencias estatales no reintegrables por $700 millones.
El Ejecutivo justificó el nuevo esquema en la necesidad de reducir el déficit fiscal y acotar la presencia estatal en áreas que pueden desarrollarse con capital privado, sin resignar el control de la empresa.
Producción récord y proyectos pendientes
El decreto resalta que en 2024 la compañía alcanzó un récord histórico de generación eléctrica, con 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, cifras alineadas con los estándares internacionales de seguridad.
Aun así, se subraya la necesidad de financiamiento para sostener proyectos estratégicos. Entre los más relevantes aparecen la extensión de vida útil de Atucha I, que prevé su retorno al sistema en 2027, y la ejecución del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II en Atucha II.
El Ejecutivo sostiene que la participación privada ayudará a diversificar riesgos, garantizar continuidad operativa y mejorar la competitividad frente a otros generadores del mercado eléctrico.
El proceso de privatización de Nucleoléctrica
El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas estarán a cargo de organizar el procedimiento de venta. La licitación pública internacional será el canal para transferir el 44% del capital accionario y, en paralelo, se aplicará el Programa de Propiedad Participada para los trabajadores.
El decreto también instruye a Nucleoeléctrica a transferir el 0,01% de sus acciones, hoy en manos de Energía Argentina S.A. (Enarsa), al Estado nacional. Enarsa, a su vez, deberá ceder el 1% de su participación a la Secretaría de Energía antes de la apertura de la licitación.
Con esta arquitectura, se garantizará que el Estado conserve el 51% y que la CNEA mantenga su posición en la compañía.
El objetivo, según se detalla en la norma, es generar condiciones que permitan atraer inversiones a largo plazo sin resignar la conducción de una empresa considerada estratégica para la matriz energética y nuclear del país.
Resistencia en el Congreso
Mientras el Gobierno avanza con la privatización parcial, en el Congreso ya surgieron movimientos para frenarla. El senador formoseño José Mayans presentó un proyecto que busca bloquear la venta del 44% de las acciones habilitada por la Ley Bases.
En la Cámara de Diputados, la legisladora peronista Agustina Propato, de Buenos Aires, impulsa una iniciativa más amplia, que prohíbe expresamente la venta o cesión de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, operadas por NASA.
En los fundamentos, argumenta que “las centrales nucleares no pueden ser enajenadas ni ser garantías de operaciones financieras de ningún tipo, dado su carácter de esenciales para el desarrollo y la seguridad de la Nación”.
El bloque opositor aspira a que ambas propuestas se discutan en la agenda parlamentaria esta semana. Además, confían en que sectores que acompañaron la Ley Bases reconsideren su posición y se pronuncien en contra de la venta de parte del capital accionario de Nucleoeléctrica.
