Cinco grandes del agro quieren hacerse cargo del tren de cargas del Norte argentino. El interés responde a la necesidad de reducir costos y ganar eficiencia en el transporte hacia los puertos.
La privatización del Belgrano Cargas avanza a partir de las disposiciones del Gobierno y ya aparecen los primeros interesados en operar la red ferroviaria. Esta semana, representantes de la principales cerealeras del país participaron de un encuentro con autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde detallaron los avances en el armado de una propuesta en conjunto.
El presidente de la entidad, Miguel Simioni, se reunió con directivos de Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Aceitera General Deheza (AGD), quienes le adelantaron el armado de la iniciativa.
Las partes subrayaron la relevancia estratégica de completar el anillo circunvalar ferroviario de Santa Fe.
La intención de los privados es posicionarse como operadores logísticos en una de las principales infraestructuras ferroviarias de carga del país, con fuerte impacto en la región del Noroeste. De hecho, los productos agrícolas componen la gran mayoría de la carga que se mueve por tren.
Desde BCR manifestaron su respaldo institucional a la conformación de un esquema de operación que esté orientado a “impulsar el desarrollo productivo”, especialmente en zonas alejadas de los puertos de exportación.
En esa línea, todas las partes subrayaron la relevancia estratégica de completar el anillo circunvalar ferroviario de Santa Fe para mejorar la eficiencia en el traslado de cargas.
La apuesta de los exportadores por integrarse verticalmente en el sistema de transporte responde a la necesidad de reducir costos logísticos en un contexto de competencia internacional cada vez más exigente.
Del encuentro también participaron el vicepresidente 1° de la BCR, Javier Gastaudo; el director ejecutivo, Javier Cervio; Andrés Williams, director de Relaciones Institucionales; Julio Calzada, director de Información y Estudios Económicos; Alfredo Sesé, coordinador de la Comisión de Transporte; y Pablo Ybáñez, miembro del Área de Transporte.
La privatización del Belgrano Cargas
El interés de estas firmas se da a partir de la decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con la desintegración de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCYL), empresa estatal que será desmembrada en tres unidades de negocio antes de su liquidación.
Según explicaron fuentes oficiales, se trata de un proceso que busca separar la infraestructura de vías, los talleres y el material rodante, para facilitar su concesión o venta.
“Estamos avanzando en la definición técnica de los activos en juego”, señalaron un desde el Ministerio de Economía, en referencia al relevamiento en curso sobre el estado de las instalaciones ferroviarias.
El procedimiento forma parte de una política más amplia de privatización que incluye a otras siete empresas públicas y se encuentra regulado por la Ley Bases. En el caso de BCYL, la intención es otorgar a operadores privados el uso de los corredores de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, mientras que el material rodante será vendido a través de subastas públicas.
Las vías férreas y los terrenos aledaños seguirán siendo propiedad del Estado nacional, pero podrán ser utilizados por concesionarios mediante licitaciones abiertas tanto a empresas locales como extranjeras.
Una característica central del modelo previsto es que será de acceso abierto: los adjudicatarios no tendrán exclusividad sobre las vías, sino que deberán permitir el tránsito de otros operadores logísticos a cambio del pago de un canon. Esta modalidad busca incentivar la competencia entre prestadores y optimizar la utilización de la red ferroviaria.
Desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, conducida por Diego Chaer, se indicó que este diseño permite una mayor transparencia y una mejor asignación de capacidades dentro del sistema.
Una vez finalizadas las ventas y concesiones, Belgrano Cargas y Logística S.A. será disuelta formalmente. La Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía será la encargada de ejecutar los cambios contractuales necesarios para asegurar la implementación del proceso, que quedará bajo supervisión técnica de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.
