Se llamará BioVi (Bioetanol Villegas) y consumiría unos 30 camiones de maíz (700 toneladas) para generar un volumen diario de casi 300 m3 de este combustible orgánico. La obra quedaría finalizada y en funcionamiento dentro de dos años.
En un hecho inédito para la provincia de Buenos Aires, un grupo de productores agropecuarios está dando vida a la primera fábrica bonaerense de bioetanol. Bautizado como BioVi (Bioetanol Villegas), el proyecto promete transformar 700 toneladas de maíz –equivalente a 30 camiones diarios– en casi 300 m³ de combustible orgánico al día.
La planta, que se prevé estará operativa en dos años, se ubicará en General Villegas, una localidad estratégica en el noroeste bonaerense, a unos 500 kilómetros de la Capital Federal.
El destino del bioetanol producido será estratégico: será comercializado con las principales destilerías del país, como YPF, Shell y Axion, para mezclarse con las naftas y cumplir con los estándares de corte obligatorio.
Si bien Buenos Aires se destaca como una de las principales productoras de maíz en el país, hasta ahora no había explorado las oportunidades del mercado de bioenergías.
Este movimiento marca un avance significativo: el bioetanol tiene el potencial de reducir en un 70% las emisiones de carbono frente a los combustibles fósiles como la nafta.
El proyecto no llega solo. La empresa Bio4, con más de 12 años de experiencia en la producción de etanol, se asoció con los productores locales.
Además, unos 30 empresarios bonaerenses se sumaron a esta iniciativa mediante un fideicomiso, un modelo que facilita el aporte de capital y permite a los inversores retirarse si así lo desean.
Valor agregado para el campo
El agregado de valor a la producción de oleaginosas se convirtió en una prioridad para los productores rurales. Proyectos como BioVi representan un modelo sustentable no solo para fortalecer sus esquemas de trabajo, sino también para contribuir a la preservación del medio ambiente.
Además del impacto ambiental positivo, la planta promete una transformación económica en la región.
Según estimaciones, se crearán alrededor de 100 empleos directos y más de 300 indirectos, impulsados por el movimiento constante de maíz que llegará diariamente a las instalaciones.
El destino del bioetanol producido será estratégico: será comercializado con las principales destilerías del país, como YPF, Shell y Axion, para mezclarse con las naftas y cumplir con los estándares de corte obligatorio.
En la actualidad, la ley establece un corte del 12%, aunque hay expectativas de que este porcentaje se eleve hasta el 25% en los próximos años, siguiendo el ejemplo de países líderes en biocombustibles como Brasil.
En ese sentido, el Congreso está evaluando un proyecto presentado por la Liga Bioenergética, que propone un aumento gradual del corte: 14% en octubre de 2025 y 15% para el mismo mes de 2026.
Sin embargo, esta propuesta enfrenta resistencia. El equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo se encuentra trabajando en una iniciativa propia para promover los biocombustibles.
Bioetanol: Promesa de desarrollo y el debate ético
“El proyecto nos entusiasma mucho porque generaría un gran desarrollo a nivel regional al tratarse de la primera fábrica de bioetanol de la provincia de Buenos Aires. General Villegas no tiene grandes industrias, pero con esta fábrica eso cambiaría”, afirmó Juan Pablo Russi, uno de los principales promotores de esta iniciativa.
A pesar de los beneficios ambientales del bioetanol, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la lucha contra el cambio climático, su implementación no está exenta de controversias.
El principal punto de debate radica en el dilema ético que plantea el uso de vastas extensiones de tierras agrícolas para la producción de biocombustibles en un país como la Argentina, donde la pobreza, el hambre y la inseguridad alimentaria siguen siendo desafíos persistentes.
Quienes cuestionan este modelo sostienen que priorizar la fabricación de bioetanol podría ser contraproducente en términos de equidad social.
Proponen, en cambio, que se impulsen políticas agroalimentarias enfocadas en mejorar las condiciones de vida de los sectores rurales, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y destinando recursos a la innovación biotecnológica.
Estas medidas, argumentan, serían clave para garantizar tanto la seguridad alimentaria como la sostenibilidad ambiental.
