En un artículo del proyecto, el Ejecutivo reduce el programa que desde 2021 otorga descuentos en la tarifa también a hogares de climas algo más templados que en el Sur, que ahora quedarían afuera.
El artículo 72 del proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei plantea de manera explícita la derogación del Régimen de Zonas Frías vigente desde 2021, que amplió la cantidad de beneficiarios con descuentos en la tarifa de gas natural a 3,1 millones de usuarios residenciales.
Aunque el beneficio ha sido cuestionado desde su aprobación, no se trata de un subsidio financiado por el Estado, sino de un esquema autogestionado mediante un fondo fiduciario nutrido por los propios usuarios del servicio.
El Gobierno sostiene que la iniciativa se alinea con el compromiso de reducir subsidios a la energía asumido con el FMI. Sin embargo, en este caso no se trata de un subsidio estatal, sino de un aporte que realizan los mismos usuarios del servicio.
El texto oficial establece: «ARTÍCULO 72.- Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637».
Con esa frase, el proyecto deja sin efecto la normativa que durante el gobierno de Alberto Fernández extendió los beneficios del Régimen de Zona Patagónica a otras regiones del país, multiplicando por cuatro la cantidad de hogares alcanzados e incorporando zonas de clima templado. Esa ampliación desbordó la recaudación del fondo fiduciario que financia el sistema.
De la Zona Patagónica a la Zona Fría
El descuento para regiones frías no es nuevo. La Ley 25.565/2002 creó el Régimen de Zona Patagónica, vigente hasta hoy, que comprende cerca de un millón de hogares en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
Allí se reconoce un descuento del 50% sobre el componente gas de las facturas y su continuidad está ratificada en el proyecto de Presupuesto.
El esquema de Zona Fría, en cambio, extendió el beneficio a 4,2 millones de hogares, sin distinción por segmentación, aplicando un descuento general del 30% sobre el valor insumo gas y del 50% para beneficiarios de planes sociales o instituciones de bien público.
Para sostenerlo, ahora el gobierno elevó en dos oportunidades la alícuota que pagan los cerca de 9 millones de usuarios del servicio de gas natural por redes, lo que alimenta el fondo fiduciario que cubre estos descuentos.
Cambios en el fondo y dudas sobre excedentes
Si avanza la derogación, el fondo fiduciario pasará de cubrir 4,2 millones a solo un millón de usuarios, lo que podría generar excedentes. Para ese escenario, el proyecto también introduce modificaciones en el artículo 70 del Presupuesto:
«Autorízase la afectación de fondos recaudados en función del régimen creado por el presente artículo, al pago de subsidio correspondiente a consumos de Usuarios del Servicio General P, de gas propano indiluido por redes de la región beneficiaria, que se hubiesen devengado hasta el ejercicio 2002 y durante el período que medie hasta el establecimiento de un régimen específico de compensaciones en base a principios de equidad y uso racional de la energía, que deberán percibir las distribuidoras y subdistribuidoras zonales por aplicación de tarifas diferenciales a los usuarios del Servicio General P».
En paralelo, se propone cambiar la denominación del fondo, que pasaría a llamarse «Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas», eliminando el término “Residencial”. El cambio es relevante, ya que hasta ahora los beneficios se aplicaban exclusivamente a usuarios residenciales y no a los comerciales del Servicio P.
Un esquema sin subsidio estatal directo
El Gobierno sostiene que la iniciativa se alinea con el compromiso de reducir subsidios a la energía asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, en este caso —salvo el déficit puntual que pudo tener el fondo— no se trata de un subsidio estatal, sino de un aporte que realizan los mismos usuarios del servicio.
La propuesta también contempla que la producción de gas natural destinada a la exportación y el gas natural licuado (GNL) queden exentos de pagar este recargo, un punto clave para los productores y para la competitividad de las exportaciones energéticas.
